La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha presentado un recurso contra el auto del juez Pablo Llarena, en el que plantea una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía alegando «falta de competencia». Este movimiento se da en el marco de la investigación por presunta desobediencia que se le sigue a Rovira por los hechos del referéndum del 1-O.
Por otro lado, la magistrada del Tribunal Supremo que instruye el caso de Tsunami contra el diputado de ERC Ruben Wagensberg y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha preguntado a las partes si procede o no elevar una cuestión prejudicial a los tribunales europeos sobre la aplicación de la amnistía en lo que se refiere al delito de terrorismo.
Cuestionamiento de la Competencia Judicial
Rovira considera que es la Audiencia Provincial de Barcelona la que «ostentaría la competencia para acordar el planteamiento una eventual cuestión de inconstitucionalidad sobre la concreta norma de la Ley Orgánica 1/2024» aplicable a su caso, pues entiende que el supuesto delito de desobediencia fue cometido en Barcelona.
De esta manera, la dirigente republicana cuestiona la competencia del juez Llarena para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía en su caso, alegando que debería ser la Audiencia Provincial de Barcelona quien planteara una eventual cuestión de inconstitucionalidad.
Esto se enmarca en una estrategia legal de la defensa de Marta Rovira para intentar frenar el avance de la causa judicial en su contra, cuestionando la jurisdicción y competencia de los tribunales que la están investigando.
Cuestión Prejudicial sobre Delito de Terrorismo
Por otro lado, la magistrada del Tribunal Supremo que lleva el caso de Tsunami contra Wagensberg y Puigdemont, ha solicitado a las partes su opinión sobre la pertinencia de elevar una cuestión prejudicial a los tribunales europeos en relación a la aplicación de la amnistía en lo que respecta al delito de terrorismo.
Esta solicitud de la magistrada pone de manifiesto las dudas jurídicas que existen sobre la correcta aplicación de la Ley de Amnistía en aquellos casos vinculados al procés independentista catalán, especialmente en lo referido al delito de terrorismo.
Esquerra Republicana ha expresado su prudencia ante esta iniciativa, a la espera de conocer si finalmente la magistrada decide elevar o no dicha cuestión prejudicial a instancias europeas. Sin duda, este eventual paso supondría un nuevo frente jurídico en la compleja trama legal derivada de los acontecimientos del 1-O.
