El 21 de abril de 2020 llegaban al aeropuerto de Madrid-Barajas un millón de mascarillas compradas por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas con destino al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Era una compra realizada por ADIF. Pero sólo cinco días antes de su llegada el equipo de Ábalos, en concreto el jefe de seguridad del ministerio, Rubén Eladio López, había elaborado un informe forense sobre la empresa que habían contratado para traer las mascarillas, que con ese envío ya llegaban a los 10 millones de unidades.
El informe se encargó tras destapar varios diarios la supuesta relación entre los propietarios de Soluciones de Gestión y el caso Defex. El documento se llamó «Informe forense mercantil-patrimonial» dentro del Área Logística Sanitaria, sección proveedores. El citado informe fue enviado por el jefe de seguridad de Ábalos a Koldo García el 16 de abril de 2020 a las 14:24 horas con el texto: «Buenas tardes Koldo, adjunto remito un informe borrador forense jurídico-patrimonial elaborado esta mañana, por tanto hay que entender la premura con la que se ha hecho, se puede ir completando a lo largo del día, pero lo que figura es sacado de fuentes oficiales mercantiles y jurídicas. Lo que si te puedo decir que este informe objetivo que se ha realizado tan solo con datos de fuentes documentales abiertas, sin que este influenciado por algún dato subjetivo o manifestación no contrastada u oficial».
«ESTE INFORME OBJETIVO SE HA REALIZADO SOLO CON FUENTES DOCUMENTALES ABIERTAS»
El caso Defex afectaba desde 2017 al Grupo Cueto, en concreto desde que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió en abril de 2017 desmantelar Defex por el daño reputacional que podía provocar a España por la venta de armas en Angola y otros países africanos. Una causa investigada por la Audiencia Nacional después de que las autoridades de Luxemburgo advirtiesen en 2012 a las españolas de que habían encontrado una transferencia de 41,4 millones de euros emitida desde una empresa conjunta, la UTE Defex-Cueto, sin una aparente explicación empresarial. El juez Pablo Ruz contempló entonces la existencia de fraude en un contrato por importe de 153 millones de euros para la venta de armamento a la policía angoleña e imputó a Juan Carlos Cueto en la causa.
La cuestión es que la Prensa tras las primeras denuncias del particular que acudió a la Fiscalía Anticorrupción comenzó a atar cabos y encontraron el rastro de Soluciones de Gestión en el Caso Defex. De hecho las cuentas de 2018 de Soluciones estaban firmadas por José Ángel Escorial Senante, cuyo nombre también apareció en los famosos Papeles de Panamá. La investigación de la UCO de Guardia Civil acabaría determinando que Soluciones de Gestión funcionaba realmente como una filial del Grupo Cueto, empresa que finalmente acabó imputada en el Caso Koldo.
A pesar de todas las sospechas el «forensic» del ministerio concluyó que la empresa había pertenecido «al señor Antonio Yus» hasta ser comprada por una sociedad vasca y la dirección fue cambiada a Getxo (Vizcaya). Esa venta se produjo, según el informe, en enero de 2017 a la empresa Purdey Investment, administrada por José Ángel Escorial hasta que en 2019 se vendió a Erromar Soluciones Digitales.
DECLARACIONES EN DEFEX
El informe sostiene que «ni a José Ángel Escorial Senante ni a sus empresas, ni a los otros administradores de éstas ni a Erromar (Íñigo Rotaeche, también investigado), ni a ninguno de sus administradores se les detecta algún tipo de vinculación societaria o comercial con la familia Yus y más concretamente no figuran ni se les vincula a alguno de los contratos en Angola, que se investigaban en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional». El informe no se fija especialmente en Juan Carlos Cueto, propietario del Grupo Cueto, cuya relación en el Caso Mascarillas es más que evidente a través de las reuniones y conversaciones intervenidas por la Guardia Civil con Víctor de Aldama y Koldo García.
El jefe de Seguridad de Ábalos llegó a conseguir incluso las declaraciones judiciales de Pedro Díaz de Espadas, accionista del 15% de una empresa local llamada Samoa, usada por Antonio Yus en aquel país para hacer negocios que declaró en enero de 2018 en la Audiencia Nacional. El documento con esas declaraciones fue aportado junto con el informe.
Cuando el juez preguntó a Díaz si «conoce al propietario de la empresa Soluciones de Apoyo y Gestión a Empresas», el testigo manifestó que «en estos momentos no los conocer porque los anteriores propietarios la han vendido». El juez también le preguntó a qué se dedicaba Soluciones y Díaz respondió que «a instalaciones eléctricas, instalaciones de aguas, instalaciones hospitalarias e instalaciones generales como gasolineras». Todo el trabajo del informe se destinó a desvincular a Soluciones de Gestión del Caso Defex, pero no a encontrar las comisiones que se quedaron por el camino tras una adjudicación por vía de urgencia.
A nadie tampoco le llamó la atención que la empresa se vendiese en su totalidad, el cien por ciento, a una empresa vasca pero que el administrador único siguiese siendo la empresa Purdey Investment en mayo de 2019. El dueño de esta empresa, Íñigo Rotaeche, había tenido un poder especial desde julio de 2018 para hacer negocios. De hecho, el contrato con el MITMA lo firmó Rotaeche con ese poder especial. Tampoco a nadie le extrañó que ese poder no se inscribiese en el registro mercantil. Ni siquiera Erromar pidió una Due Diligence antes de comprar las acciones en mayo de 2019.
Sin embargo ese «informe forense» de 22 folios cita al Grupo Cueto en varias ocasiones aunque en ninguna lo relaciona directamente con Soluciones de Gestión. El documento fue enviado a Koldo García con varios documentos adjuntos y éste se lo reenvió a una dirección particular del ministro Ábalos el sábado 18 de abril de 2020, tres días antes de que llegase la última remesa de mascarillas, pero sólo con un documento, el informe en cuestión.
DERECHO DE RECTIFICACIÓN DE JOSÉ LUIS ÁBALOS
Dicha noticia introduce dentro de su texto las siguientes menciones que me afectan de
forma personal: “El pasado 21 de abril de 2020 llegaban al aeropuerto de Madrid–
Barajas un millón de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión y Apoyo a empresas
con destino al Ministerio de Transportes de José Luís Ábalos. Era una compra realizada a
ADIF. Pero sólo cinco días antes el equipo de Ábalos, en concreto el jefe de seguridad del
ministerio, Rubén Eladio López, había elaborado un informe forense sobre la empresa
que habían contratado para traer las mascarillas, que con ese envío ya llegaban a los 10
millones de unidades.”
Como quiera que dichas informaciones no se ajustan a la realidad y son manifiestamente
inveraces he de puntualizar los siguientes datos:
1.- Nunca di “el visto bueno” a la empresa de las mascarillas ‘Soluciones de Gestión y
Apoyo a Empresas’ tras un informe realizado por el jefe de Seguridad con cinco días de
anterioridad (como citan ustedes), ya que la adjudicación del contrato se realizó por el
“procedimiento de urgencia” un mes antes del mencionado informe, tal y como detalla
el sumario publicado en varios medios de comunicación.
2.- Nunca procedí a dar “visto bueno” alguno, ni en esa ocasión ni en ninguna otra
contratación. Como ya expresé en mis comparecencias en el Senado el 06/05/2024, en
el Parlamento de les Illes Balears el 24/05/2024 y en varios medios de comunicación,
toda la contratación del material sanitario durante la pandemia estuvo gestionada por la
Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible, ajustada a los procedimientos
marcados por la Ley de Contratación Pública 9/2017 y ha sido fiscalizada posiƟvamente
por el Tribunal de Cuentas.
3.- Mi jefe de Seguridad nunca fue el Sr. Rubén Eladio López (director de la Unidad de
Emergencias y Gestión de Crisis), sino un subinspector de la Policía Nacional y que en la
actualidad sigue como jefe de Seguridad del actual ministro de Transportes. Ni siquiera
el área de Seguridad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante
mi dirección hasta julio de 2021 dependía de la Unidad de Emergencias, sino de la
Oficialía Mayor.
4.- Para contrastar esta información y otras, hubiera bastado con consultar el BOE sobre
el Real Decreto 495/2021, mis comparecencias en las comisiones de investigación en el
Senado y el Parlamento de Baleares, y en cuantas explicaciones llevo dadas en varios
medios de comunicación.
5.- Como ya he comentado en varias ocasiones, el informe que Uds. mencionan en su
artículo, lo encargué a varias personas de mi equipo para contrastar las informaciones
sobre la empresa aparecidas en aquel entonces en algunos medios y que yo desconocía
a priori.
