El PSOE expresa su desacuerdo con los argumentos presentados por el Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a los delitos de malversación relacionados con el procès, acusándolo también de emitir consideraciones políticas "sorprendentes e innecesarias".
Según fuentes socialistas, los magistrados que llevaron a cabo el juicio del procès en el TS han rechazado conceder la amnistía por malversación al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los demás condenados por el referéndum ilegal del 1-O. Asimismo, el juez instructor Pablo Llarena se negó a perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, manteniendo vigente la orden de detención.
El PSOE se muestra crítico con las consideraciones políticas realizadas por el TS, calificándolas de sorprendentes e innecesarias para su labor jurisdiccional. Aseguran que es en el ámbito político, no judicial, donde se deben discutir las leyes, los acuerdos entre distintas fuerzas políticas y el proceso parlamentario de las normativas.DISCREPANCIA CON LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO
Los socialistas hacen hincapié en el artículo 1.4 de la ley de amnistía, que consideran «clarísimo». Argumentan que la aplicación de fondos públicos para fines relacionados con el proceso independentista no debe ser considerada enriquecimiento, siempre y cuando no tenga como objetivo obtener beneficios personales de carácter patrimonial.
Además, destacan que la Fiscalía europea no intervino en ningún momento del proceso, ya que nunca se consideró que los intereses financieros de la Unión Europea estuvieran en peligro. Expresan su plena confianza en el Estado de derecho de España y en su sistema garantista, donde se aplican las leyes aprobadas democráticamente en las Cortes Generales.
## RESPALDO A LA LEGALIDAD Y PREOCUPACIÓN POR CUESTIONES CONSTITUCIONALES
El PSOE valora positivamente que el Tribunal Supremo no haya cuestionado ni la "constitucionalidad general" de la amnistía ni su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea. Ven como una buena noticia que el TS no ponga en duda la capacidad de las Cortes Generales para aprobar amnistías, limitándose a plantear si debería presentarse una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia, renunciando a involucrar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso.
