El sector del transporte en España enfrenta desafíos importantes en materia fiscal y medioambiental. El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha presentado un estudio exhaustivo que propone reformas clave para abordar estas cuestiones de manera integral.
La propuesta central del CGE es la implementación de un único impuesto estatal que grave la circulación y propiedad de vehículos, en lugar del modelo actual con diversos tributos locales y autonómicos. Los economistas consideran que el Estado debe ser el encargado de recaudar estos fondos del sector del transporte, y que este cambio debe formar parte de una reforma más amplia de la financiación de las comunidades autónomas y las haciendas locales.
La Necesidad de un Enfoque Ambiental en la Fiscalidad del Transporte
Uno de los principales argumentos del CGE es que, si el objetivo principal de los impuestos sobre el transporte es de carácter medioambiental, relacionado con las emisiones de carbono, se debe cuestionar si no sería más efectivo establecer un único impuesto sobre el transporte. Además, sugieren que es oportuno replantearse si los gobiernos subcentrales, es decir, las comunidades autónomas y los municipios, deben tener capacidad normativa en esta materia.
Actualmente, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en España es recaudado por los municipios, a pesar de que la normativa está regulada a nivel estatal. El importe de este impuesto depende de la clase del vehículo, sus características técnicas y los coeficientes locales aplicables.
Cabe destacar que únicamente siete países, entre ellos España, no tienen en cuenta el elemento ambiental en la configuración de este impuesto. Otros países de la Unión Europea sí han incorporado características técnicas del vehículo, como las emisiones de CO2, a la hora de determinar el tipo impositivo.
Hacia una Mayor Coherencia en la Fiscalidad del Transporte
Además del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, existen otras figuras fiscales relacionadas con el transporte en España. Por ejemplo, 21 de los 27 Estados miembros de la UE gravan la adquisición de vehículos mediante un impuesto específico, adicional al IVA. En 18 de estos 21 países, este tipo de imposición está configurado teniendo en cuenta características técnicas del vehículo que inciden en su impacto ambiental.
En el caso español, el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte también está concebido como un impuesto ambiental desde 2008, con tipos impositivos variables en función del tipo de vehículo y del nivel de emisiones de CO2.
En este contexto, los economistas proponen establecer un sistema adicional de subvenciones directas para favorecer la adquisición de vehículos que no generen emisiones, similar al actual plan MOVES 3.
La Necesidad de Aumentar la Recaudación Tributaria del Sector del Transporte
Finalmente, el estudio del CGE señala que España se encuentra a la cola del resto de países europeos en cuanto a la recaudación tributaria por el sector del transporte. Según datos de Eurostat, España recaudó algo más de 3.300 millones de euros con los impuestos que actúan sobre todo tipo de transportes, una cifra muy inferior a la de otros países como Italia (12.400 millones), Alemania (10.000 millones) o Francia (7.800 millones).
Esta situación evidencia la urgencia de implementar una reforma fiscal integral del sector del transporte en España, que permita alinear la fiscalidad con los objetivos medioambientales y generar los ingresos necesarios para financiar las políticas públicas en este ámbito.
