El Ministerio de Hacienda ha declinado responder a las preguntas de varios diputados del PP sobre la situación fiscal de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, alegando que no puede «informar de la situación específica de contribuyentes concretos». Sin embargo, asegura que somete a todos los contribuyentes a un «tratamiento justo y equitativo» «sin privilegios de ningún tipo».
Esta negativa se produce en el contexto de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia, en la que se encuentran implicadas varias empresas vinculadas al hermano del presidente.
La Agencia Tributaria actúa con «plena independencia»
El Gobierno asegura que la Agencia Tributaria se desempeña con «plena independencia», sirviendo con objetividad los intereses generales y sometiéndose plenamente al ordenamiento jurídico.
La normativa tributaria, según el Ejecutivo, determina los procedimientos mediante los cuales se lleva a cabo la aplicación del sistema tributario con la debida equidad y de acuerdo con los principios constitucionalmente reconocidos.
La Agencia Tributaria cuenta con sus propios protocolos y mecanismos de prevención y lucha contra el fraude fiscal que le permiten detectar posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias y actuar en consecuencia, aunque no se especifican más detalles.
El derecho a la igualdad como argumento para la reserva de información
El Gobierno apela al derecho a la igualdad para invocar el «derecho de todos los obligados tributarios al carácter reservado de sus datos», reconocido por el artículo 34.1.i) de la Ley General Tributaria.
En este sentido, el Ejecutivo cita el artículo 95 de la misma ley, que establece que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado, y solo se pueden excepcionar en casos específicos.
La respuesta del Gobierno deja claro que la Agencia Tributaria tiene como objetivos estratégicos la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, se aprueba anualmente el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero.
A pesar de las numerosas preguntas del PP sobre la situación fiscal del hermano del presidente y las posibles conexiones con la trama de corrupción, el Gobierno se limita a reiterar su compromiso con la equidad y la transparencia en la gestión fiscal, sin proporcionar información específica sobre el caso.
La polémica sigue abierta, dejando a la opinión pública con más preguntas que respuestas.
