El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (ACOM), en el que solicitaba la nulidad total del acuerdo de «boicot a Israel» suscrito por el Ayuntamiento de Reinosa a través de una moción plenaria.
La apelación afectaba a la sentencia dictada en noviembre de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander, que ya estimaba parcialmente el recurso, anulando dos puntos de la moción aprobada por el Pleno y condenaba el «boicot a Israel».
Pero ACOM recurrió para que también fueran declarados contrarios a derecho otros puntos del acuerdo, como la adhesión al ‘Espacio Libre de Apartheid Israelí’ (ELAI) o la colaboración con la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).
Ahora, tal y como pedía la organización, el TSJC ha extendido la nulidad a la totalidad de la moción, presentada por Podemos y secundada por el PSOE y el PRC. A su vez, también ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación Interpueblos, en sentido contrario al de ACOM.
En un comunicado, ACOM, que ha informado este jueves de la sentencia, califica el acuerdo aprobado en el Pleno de «discriminatorio» y señala que Interpueblos es miembro de Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), que suscribe en España la campaña, a su juicio, «antisemita» de BDS.
Además, critica que se trata de una asociación que recibe de forma «frecuente» fondos públicos del Gobierno de Cantabria, de ayuntamientos como el de Torrelavega, Camargo o Santoña y de la Obra Social de Caja Cantabria.
La citada campaña de BDS, a la que se han unido varios ayuntamientos españoles, pretende que el Gobierno israelí «cumpla los estándares de derecho internacional» al tiempo que se comprometen a no contratar empresas ni comprar productos y servicios israelíes y a exigir el reconocimiento del Estado de Palestina.
Sin embargo, según señala ACOM –principal denunciante de la iniciativa de «boicot a Israel» por considerar que se trata de un discurso de «odio y discriminación» por razón étnica– los tribunales de justicia españoles ya se han pronunciado sobre la iniciativa BDS y han anulado 70 acuerdos hasta la fecha, incidiendo en «todas» las sentencias en la «inconstitucionalidad e ilegalidad» de unas medidas «excluyentes que vulneran el marco común de convivencia.
En Cantabria ha habido ya otras sentencias que declaran ilegal la adhesión a este movimiento en ayuntamientos como el de Santa Cruz de Bezana o Camargo.
