En una investigación reciente, la Guardia Civil se ha visto en la necesidad de intervenir ante una delicada situación que ha surgido en la localidad de Palas de Rei, en la provincia de Lugo. Según los informes, una vecina de la zona estaría siendo investigada como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores.
La denuncia se originó cuando los familiares de un trabajador de nacionalidad portuguesa, que laboraba en la explotación ganadera de la investigada, no lograban establecer contacto con él y expresaban preocupación por su integridad física, temiendo que pudiera estar retenido en contra de su voluntad. Ante esta situación, los agentes de la Benemérita se desplazaron a la granja para esclarecer los hechos.
Trabajador sin Contrato ni Seguro y Negativa de Asistencia Médica
Al llegar a la explotación ganadera, los agentes encontraron al trabajador, quien informó que carecía de contrato laboral y de seguro social, y que, hace unos días, había sufrido una lesión en el desempeño de sus labores en la granja. Sin embargo, la titular del establecimiento le había negado la asistencia médica necesaria.
Según el testimonio del empleado, la lejanía de las instalaciones a cualquier núcleo urbano, sumado a su limitada situación económica, le impedían abandonar el lugar por sus propios medios. No obstante, aclaró que no se encontraba retenido en contra de su voluntad.
Ante esta situación, el trabajador fue trasladado a un centro médico para su evaluación y posteriormente derivado al Hospital Lucus Augusti de Lugo, donde recibió la atención y el cuidado requeridos.
Investigación y Posibles Consecuencias Legales
Las diligencias policiales realizadas durante la investigación han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Chantada, donde se determinará si la vecina de Palas de Rei es, efectivamente, la presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Cabe destacar que, en caso de encontrarse culpable, la investigada podría enfrentar severas consecuencias legales por sus acciones, las cuales podrían incluir sanciones económicas e, incluso, penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito comprobado.
La Guardia Civil ha actuado con prontitud y diligencia para salvaguardar los derechos y la integridad del trabajador, demostrando su compromiso con la protección de los derechos laborales y la erradicación de abusos en el ámbito del empleo.
