Este mismo viernes los diputados en prisión preventiva podrían ser suspendidos. Hacia esa dirección apunta el informe elaborado por los letrados del Congreso a propuesta de la Mesa de la Cámara avala la suspensión de los cuatro diputados en prisión preventiva por el proceso independentista en Cataluña por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según han informado fuentes parlamentarias.
Así las cosas, todo indica que el órgano de gobierno de la institución, que se reúne a las doce y media de este viernes, suspenderá en sus funciones parlamentarias a Oriol Junqueras (ERC), y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de Junts per Catalunya.
La Mesa de la Cámara solicitó este miércoles la opinión de los servicios jurídicos del Congreso al existir «dudas» sobre cómo proceder a la suspensión de Oriol Junqueras, de ERC, y de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya.
El órgano de gobierno de la Cámara solicitó ese informe con la oposición de PP y Ciudadanos, que consideran que la Ley de Enjuciamiento Criminal ni el Reglamento del Congreso son muy claras y deben aplicarse.
DESPEJAR TODA DUDA
Sin embargo PSOE y Unidas Podemos, que suman cinco de los nueve miembros que tiene el órgano de gobierno, prefirieron consultar a los letrados para despejar cualquier atisbo de duda y dejar claro, en palabras de Batet, que la Mesa actúa con «fundamentos jurídicos sólidos» y «garantías» de que su decisión no puede ser «calificada como política».
Nada más constituirse el Congreso el pasado martes, el PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa la aplicación automática de esa medida a los cuatro diputados independentistas argumentando que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece la suspensión en funciones de aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.
La presidenta del Congreso, por su parte, consultó al Tribunal Supremo sobre otra posible vía de suspensión, la del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión y que fue la utilizada por el juez Pablo Llarena cuando los afectados eran diputados del Parlament. Sin embargo, el Alto Tribunal consideró «inviable» pronunciarse en medio del juicio del procés e insistió en la opción del Reglamento.
Ante esta tesitura, la mayoría de la Mesa acordó solicitar un informe a los servicios jurídicos para aclarar las medidas a adoptar, y convocarse a una nueva reunión este viernes para estudiarlo y, según remarcó Batet, tomar una decisión si la conclusión de los letrados lo permitía.
Ese informe, según han avanzado fuentes parlamentarias, avala la suspensión de los diputados presos en aplicación del artículo 384 bis de la LeCrim.
