El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un ambicioso plan de acción democrática para julio. Este plan busca abordar la desinformación y la supuesta falta de pluralismo en algunos medios de comunicación, además de plantear una reforma profunda del sistema judicial español.
Combatiendo la desinformación y promoviendo un periodismo veraz
Sánchez ha criticado duramente lo que él denomina «pseudomedios», acusándolos de difundir información falsa y crear un clima de hostilidad. El presidente argumenta que existe una desconexión entre la conversación pública y la realidad debido a la influencia de estos medios, que según él, son financiados en gran parte por gobiernos de coalición de ultraderecha.
Para combatir esta situación, el plan de acción propuesto por Sánchez se basa en la transposición de la nueva ley de libertad de los medios de comunicación aprobada por el Parlamento Europeo en abril. Esta ley busca una mayor transparencia en la propiedad de los medios, su financiación y la asignación de subvenciones públicas. El objetivo, según Sánchez, es «consolidar unos medios de comunicación plurales, diversos, con información veraz».
El presidente ha señalado directamente al Partido Popular (PP), Vox y al nuevo partido Se Acabó la Fiesta, acusándolos de propagar bulos y desinformación a través de ciertos medios. Además, ha denunciado una «polarización asimétrica» en España, originada, según su perspectiva, en la negativa de la derecha a reconocer los resultados de las elecciones generales.
Hacia una mayor independencia judicial
Uno de los puntos más controvertidos del plan de Sánchez es la propuesta de reforma del sistema judicial. El presidente ha expresado su deseo de que la cúpula judicial sea elegida por los propios jueces, argumentando que actualmente la carrera judicial está demasiado influenciada por el Partido Popular. Según Sánchez, esta situación ha llevado a un «secuestro político» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP y Vox.
La reforma, que se articularía a través de una ley orgánica, busca devolver la independencia al poder judicial y asegurar que los nombramientos se basen en el mérito y la capacidad de los jueces. Sánchez ha asegurado que el plan está completamente dentro del marco constitucional español y en línea con el derecho europeo.
Esta propuesta ha generado un intenso debate en el panorama político español. Mientras que el gobierno defiende la reforma como una necesidad para fortalecer la democracia, la oposición la tacha de ataque frontal a la independencia judicial y un intento de controlar el poder judicial.
