La Asamblea de Madrid presentó el pasado 13 de junio durante la celebración de su pleno una Proposición No de Ley (PNL) que equipare a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el resto de cuerpos autonómicos y sean por tanto declarados profesión de riesgo. Esto supondría una mejor jubilación al poder acudir a los índices correctores de jubilación para guardias civiles y policías nacionales que llevan más de 30 años de servicio y equiparar así la jubilación al resto de los sueldos que se perciben por los jubilados de otras policías, como ertzainas, mossos y policías locales de los grandes ayuntamientos.
En este asunto todos los sindicatos policiales como las asociaciones profesionales de la Guardia Civil están de acuerdo sin fisuras ni matices. Todos quieren la mejora salarial. El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ya ha anunciado que su ministerio estudiará esa demanda, que por otra parte es histórica.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid instó durante el pleno al Gobierno central a llevar a cabo una serie de demandas que afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En primer lugar incrementar el personal de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, así como a reforzar su distribución territorial, algo que actualmente no sucede.
LA COMUNIDAD PIDE A INTERIOR QUE INCREMENTE EL NÚMERO DE EFECTIVOS EN LA REGIÓN
Por otro lado el Gobierno madrileño demanda que, a través del Ministerio del Interior, incremente la inversión para la mejora de las infraestructuras existentes de la Guardia Civil, ya sea a través de la modernización y acondicionamiento de los cuarteles, o casas cuartel, u otro tipo de soluciones para que los guardias residan digna y confortablemente lo más cerca posible de sus zonas de trabajo.
Mantener los horarios de atención al ciudadano, con personal propio, en sus instalaciones puestos, cuarteles o comisarías es otra de las demandas regionales.
Finalmente, el Gobierno madrileño también pide la declaración de las profesiones de Policía Nacional y Guardia Civil como «profesiones de riesgo», y que además, se culmine urgentemente el proceso de equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con las policías autonómicas de las Comunidades Autónomas que tienen estos cuerpos propios. Cumpliendo para ello las cláusulas 3ª y 8ª del Acuerdo de Equiparación Salarial firmando en 1992 por el gobierno socialista de Felipe González, refrendado por el ministro Alonso en 2005 y rubricado por el ministro Zoido del gobierno de Rajoy en 2018, e incumplido desde entonces por el gobierno de Pedro Sánchez.
TRES FIRMAS PARA UNA SUBIDA CERO
En 2022 se cumplieron tres décadas de la firma del primer acuerdo por la equiparación salarial entre los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los agentes de las policías autonómicas. En 1992 era José Luis Corcuera quien firmaba la equiparación salarial de guardias civiles y policías nacionales. Desde entonces, se firmaron otros dos nuevos acuerdos con distintos gobiernos.
En 2005, el ministro del Interior con Rodríguez Zapatero, el soclalista José Antonio Alonso, firmaba con cinco sindicatos policiales un acuerdo que se denominó «histórico» y que subirían los salarios entre 2.500 y 4.000 euros anuales durante tres años.
En 2018, el entonces ministro del Interior de Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, firmaba con cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil un «acuerdo histórico que acabará en tan solo tres años con la brecha salarial existente con respecto a otros cuerpos policiales», según el comunicado de Prensa.
En mayo de 2020, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se comprometía a hacer efectivo el tercer tramo de aquel acuerdo, algo que todavía no ha ocurrido.
