La Fiscalía General del Estado ha sido recientemente objeto de intenso escrutinio y críticas por parte del Partido Popular (PP). La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido enérgicamente la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debido a su supuesta actuación «obligando» a «desvelar datos confidenciales» sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por optar por el «ordeno y mando» con los fiscales del Tribunal Supremo en relación con la aplicación de la ley de amnistía.
Gamarra ha declarado que «la única salida que tiene es la dimisión inmediata, porque ya no cabe mayor desprestigio que los que estamos viviendo». Según la dirigente del PP, la «degeneración institucional del sanchismo está hoy más que nunca representada en la degeneración a la que se está llevando a la Fiscalía General del Estado».
La Obligación de Respetar la Confidencialidad y la Ley
Gamarra ha aludido a «las contundentes declaraciones» de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien habría reconocido que había «sido obligada por parte del Fiscal General del Estado a desvelar datos confidenciales de un ciudadano». Para la secretaria general del PP, esto es inaceptable, ya que no se puede permitir que García Ortiz «permanezca ni un minuto más» en su cargo, especialmente cuando ya «ha recibido condenas del propio Tribunal Supremo por desviación de poder».
Además, Gamarra ha criticado la actuación del fiscal general del Estado en relación con la ley de amnistía, señalando que «sigue con el ordeno y mando» a «los fiscales del Supremo, dejándoles claro qué es lo que tienen que hacer y decir» en relación con esta ley. Para la dirigente del PP, esto supone una clara vulneración de la independencia de la Justicia y una subordinación de los fiscales a los intereses del Gobierno.
El Llamado a la Dimisión y la Restauración de la Integridad Institucional
Gamarra ha recalcado que, a la vista de «los últimos acontecimientos», el fiscal general del Estado «no tiene otra salida que presentar su dimisión». Según la secretaria general del PP, García Ortiz está «absolutamente acorralado» e incluso «acorralado incluso por la propia Justicia», lo que evidencia la gravedad de la situación.
La exigencia de dimisión del fiscal general del Estado por parte del Partido Popular refleja una profunda preocupación por la integridad de las instituciones y la independencia del Poder Judicial. La secretaria general del PP considera que la actuación del fiscal general del Estado ha erosionado la confianza en la Fiscalía y ha comprometido la imparcialidad y el respeto a los principios democráticos que deben regir el funcionamiento de la Justicia en España.
La resolución de esta crisis institucional será crucial para restablecer la credibilidad y la legitimidad de la Fiscalía General del Estado, y para garantizar que las instituciones públicas actúen con transparencia, responsabilidad y pleno apego a la ley.
