La presidenta de ADIF en noviembre de 2022, María Luisa Domínguez González, firmó una resolución de cuatro folios para denegar acceso a la información pedida por el portal de Transparencia a Ramiro Grau, abogado y primer denunciante del Caso Koldo de compra de mascarillas, que ahora investiga la Audiencia Nacional. Grau pedía información en octubre de 2022 al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) sobre las «ofertas que se recibieron en el ministerio durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020 para el suministro de mascarillas para el Covid-19» y en su respuesta ADIF reseñaba que «dada la naturaleza pública y abierta del blog denominado navegandocontracorriente del solicitante, se ha podido comprobar que es el propio peticionario quien formuló la denuncia (y su posterior ampliación) ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que ha dado lugar a la formación de las referidas diligencias de investigación».
La pregunta inicial de Grau fue trasladada por el MITMA a ADIF, aunque no a Puertos del Estado, compradores entre ambos de 13 millones de mascarillas, y fue ADIF la institución que respondió a este abogado zaragozano. Su la larga disertación a manera de respuesta tiene varios párrafos sorprendentes por lo inusual de su contenido en una Unidad de Información de Transparencia. Grau lo califica de «el típico rollo patatero, lleno de «literatura» jurídica, en donde me acusan de mala fe, porque intento -según ellos-, obtener pruebas para mis denuncias», algo que ya había sucedido al menos un año y medio antes.
Pero ADIF niega el acceso a la información por varias causas, entre ellas que «la información solicitada forma parte del expediente de contratación que fue requerido el pasado 26 de abril dentro de las diligencias de investigación 10/2022 incoadas por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada. Con fecha 26 de mayo de 2022 el expediente de contratación fue entregado a la Guardia Civil». Hasta entonces nadie conocía que existía una investigación en marcha y mucho menos que esa investigación era llevada a cabo por la Benemérita.
Tras una larga exposición de argumentos legales ADIF explicaba parte del procedimiento legal al primer denunciante del Caso Koldo o Caso Mascarillas, abogado y profesor universitario de Derecho, que «no puede caber ninguna duda de que al haber remitido todo el expediente de contratación a la Fiscalía en el seno de las diligencias de investigación 10/2022, va a ser su contenido o la ausencia de él, el factor que permitirá a la Fiscalía continuar, en su caso, con la práctica de las diligencias que considere oportuno para llegado el momento, remitir las actuaciones al juez competente previa formulación de denuncia o querella».
También añadían que «mientras no se decrete la apertura del juicio oral en los procedimientos abreviados, los documentos obrantes en las diligencias previas tendrán carácter reservado, de manera que solo las partes personadas pueden acceder a ellos (artículos 301 y 302 de la Lecrim)» y luego se preocupaba ADIF por la imagen de la empresa intermediaria, ahora principal acusada, del caso: «La divulgación del expediente de contratación, o de parte de él, podría dar lugar a un menoscabo en la imagen pública de la persona jurídica involucrada, en este caso, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, con anterioridad a que recaiga resolución judicial». Todos los expedientes de contratación pública están disponibles en la Plataforma de Contratación y cualquier ciudadano con una simple conexión de internet puede consultarlos.
«NO CABE DUDA DE QUE SE ESTÁ INCURRIENDO EN UNA PROFUNDA CONTRADICCIÓN», DIJERON DESDE ADIF
Pero lo más inusual de la extensa respuesta a Ramiro Grau llegó al final cuando desde ADIF escribieron que «dada la naturaleza pública y abierta del blog denominado «navegandocontracorriente» del solicitante, se ha podido comprobar que es el propio peticionario quien formuló la denuncia (y su posterior ampliación) ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que ha dado lugar a la formación de las referidas diligencias de investigación», es decir que alguien en ADIF se había tomado la molestia de investigar al peticionario de la información.
Pero además desde ADIF dieron una opinión que nadie les había pedido y menos Grau: «Si esto es así, no cabe duda de que se está incurriendo en una profunda contradicción, ya que en primer lugar se realiza una denuncia con el lógico ánimo de que se produzca la fiscalización de la actividad pública relativa al referido contrato y atropelladamente, sin permitir que ésta concluya, se pretende el ejercicio fiscalizador que la ley 19/2013 permite llevar a cabo a cualquier ciudadano. Es más, ha sido el propio legislador el que ha establecido límites al acceso cuando la fiscalización está siendo desarrollada por un órgano de relevancia constitucional que tiene encomendada, entre otra, esta función». Y lo firmó electrónicamente la entonces presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, que sustituyó a Isabel Pardo de Vera tras ser nombrada secretaria de Estado y bajo cuya presidencia se adquirieron las mascarillas.
NEGÓ HABER COMPRADO
Después de esta respuesta de ADIF, el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) negó en agosto de 2023 haber comprado mascarillas durante la pandemia. La directora general de Organización e Inspección de esta institución Belén Villar, contestaba así al abogado Ramiro Grau, cuya denuncia dio origen al conocido como Caso Koldo, un negocio que supuso para la empresa Soluciones de Gestión ingresos de 53 millones de euros provenientes del erario público.
Estrictamente, el MITMA no compró mascarillas nunca, ya que lo hicieron ADIF y Puertos del Estado, pero el abogado Grau preguntaba dos cuestiones muy concretas, que quedaron sin respuestas. La primera pregunta era relativa a las «ofertas que se recibieron en el ministerio, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020, para el suministro de mascarillas para el Covid 19, tanto por parte de empresas españolas como extranjeras, con indicación de la forma de entrada en el ministerio de las ofertas: por procedimiento administrativo, correo electrónico, etc…».
La segunda petición eran «informes técnicos que se elaboraron sobre ese material e indicación nominal y detallada, con nombres y apellidos de los técnicos, altos cargos, políticos, etc… que tomaron las decisiones finales de compra de trece millones de mascarillas a la empresa radicada en Zaragoza, «Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL»».
INFORMACIÓN DENEGADA
Su petición de información fue denegada en primera instancia. El MITMA pasó la pregunta a ADIF y dejó sin contestar la pregunta sobre las ofertas que tuvieron. Este tema no es una cuestión menor porque tanto el ex ministro Ábalos, como el ex asesor del MITMA Koldo García, dijeron en la comisión de investigación sobre este asunto en el Senado que el Ministerio en aquella época recibía decenas de ofertas de material sanitario. Pero Grau recurrió y el ministerio le contestó que «en el periodo considerado no se tramitaron procedimiento de contratación por parte del «Ministerio» para el suministro de mascarillas para el Covid-19 y, en consecuencia, no se recibieron ofertas».
Hay que recordar que actualmente el Caso Koldo hay varios cargos del MITMA investigados por la Guardia Civil dentro de la causa, como Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado destituido por el ministro Óscar Puente cuando comenzó a salir su nombre en las escuchas del caso, Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Ángel Contreras, presidente de ADIF cuyo nombre apareció en el teléfono de Koldo García con quien llegó a quedar, y Javier Sánchez Fuentefría, ex director general de Organización e Inspección del MITMA, destinado ahora en Hacienda y cuyos correos intervino también la Guardia Civil, además del propio Koldo García, ex vocal en Renfe Mercancías y asesor del ex ministro José Luis Ábalos.
