La publicación de la amnistía abre la guerra política y judicial con jueces, fiscales, abogados del Estado y acusaciones con posiciones enfrentadas. «Todos teníamos los escritos preparados dese la publicación de la amnistía en el Boletín del Congreso, desde el Supremo hasta la Audiencia Nacional», explican. «No se ha modificado una coma y hemos tenido dos semanas para poder prepararlo», han destacado.
«La guerra se ha abierto ahora con la publicación en el Boletín Oficial del Estado», han remachado. En este sentido, las fuentes jurídicas apuntan a un enfrentamiento directo entre la interpretación de los jueces y las defensas de los acusados, pero indican que los propios fiscales pueden elevar sus decisiones en el seno de la Junta de Fiscalía. «No todos los fiscales comulgan con las ruedas de molino de la jerarquía y pueden ampararse al artículo 27», han detallado.
LOS FISCALES, CLAVES EN LA APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA
Al respecto, han considerado que lo más probable es que se invoque el apartado 1 de dicho artículo que rige al Ministerio Público. «El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe», señala el reglamento.
En este sentido, la ley indica que «de proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola».
En caso de proceder de un superior, «elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo prenamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala», señala la legislación. «No descartamos que un fiscal eleve la cuestión a la Junta para evitar la aplicación de la amnistía», señalan las fuentes consultadas.
Por el momento, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han dado un plazo de entre cinco y diez días para que las partes afectadas se pronuncien. «Todas las acusaciones populares personadas han mostrado su rechazo a la aplicación de la amnistía en los casos del ‘procés’ al no cumplirse los requisitos», destacan las mismas fuentes.
«Otra cosa bien distinta es qué harán la Abogacía del Estado y los propios fiscales», ahondan. En este sentido, creen que los fiscales que han mantenido hasta ahora las acusaciones lo seguirán argumentando y razonando, pero «dependen de las órdenes del Fiscal General del Estado (Álvaro García Ortiz)», recuerdan.
Así las cosas, una cuarentena de posibles beneficiarios de la amnistía han pedido su aplicación inmediata. Todos ellos cuentan con el respaldo público del Gobierno, que ha vuelto a insistir en el «espíritu» de la norma, que no es otra que absolver de todo delito a los líderes del ‘procés’, los CDR procesados por terrorismo y dejar fuera de la medida de gracia a 81 policías nacionales.
MONCLOA Y SU RIÑA CON LLARENA
El Parlamento ya ha hecho su trabajo, el Gobierno ya ha hecho su trabajo y la ley ya está aprobada y en vigor y ahora, por tanto, le corresponde a los jueces su aplicación», ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. En esta labor están ahora todos los implicados, que han preparado sus escritos con antelación.
No obstante, en La Moncloa no ha sentado bien que el juez Pablo Llarena haya recordado la vigencia de la orden de arresto en territorio nacional de Carles Puigdemont, diputado electo, candidato a presidir la Generalitat y prófugo desde hace seis años.
El magistrado del Tribunal Supremo ha preguntado a las partes si la malversación por la que está investigado Puigdemont afecta a los intereses de la UE. La cuestión es clave, así como la acusación por terrorismo, ya que en ambos casos, de ser afirmativos, quedarían fuera de la amnistía. En el mismo caso están Antoni Comín, recién elegido como eurodiputado de Junts, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha tomado posesión del cargo tras la renuncia de Oriol Junqueras tras la debacle de las elecciones catalanas y europeas.
Llarena ha acortado más los plazos para pedir respuesta a las acusaciones y a las defensas. Los jueces tienen dos meses para aplicar la amnistía, pero antes deben constatar que los procesados en las distintas causas son merecedores de la medida pactada por el PSOE de Pedro Sánchez con Junts y ERC para obtener sus apoyos en el Congreso de los Diputados y facilitar la reelección del Gobierno socialista.
LA MALVERSACIÓN, CLAVE EN LA APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA
Asimismo, Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han presentado alegaciones para borrar antecedentes y levantar las inhabilitaciones que aún pesan sobre ellos. Turull, por ejemplo, ha exigido la inmediata aplicación de la amnistía para poder borrar los doce años de inhabilitación que no se perdonaron con los indultos parciales concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, la malversación se produjo, pero existió la intención de enriquecerse, un matiz que recoge benévolamente la amnistía.
En la sentencia del 1-O, los jueces estipularon penas de prisión por delito de «desobediencia en concurso con malversación», una pena que comporta la inhabilitación absoluta. Por este motivo, la condena no fue a inhabilitación y el Alto Tribunal señala que «solo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal», es decir, una resolución firme «dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley».
En este sentido, se mantiene la inhabilitación debido a la consecuencia de los delitos de malversación y desobediencia. Este matiz es muy importante y fue uno de los motivos por los que Junt votó en contra de la redacción del primer texto de la amnistía.
La Ley de amnistía, definida por el PSOE de Pedro Sánchez como una norma de «concordia» y «convivencia», no ha traído la ansiada paz deseada. En el primer pleno de la nueva legislatura en Cataluña se ha puesto de manifiesto. En primer lugar, los independentistas han puesto los puntos sobre las íes y preparan el terreno para una nueva confrontación con el Estado.
Y es que, la primera decisión de la mesa de edad ha sido aceptar los votos de los diputados electos Carles Puigdemont y Lluís Puig, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya anulado el voto telemático de Puig durante toda la legislatura anterior. La decisión del TC se adoptó cinco días antes de la constitución del Parlament a instancias del PSC.
EL INICIO DE UNA LEGISLATURA PARA VOLVER AL 1-O
Ahora, la Mesa del Parlament podría enfrentarse a un posible delito de desobediencia, tal y como ha denunciado Vox. Esta vez el PSC, que necesita los votos de ERC para investir a Salvador Illa, se ha quedado quieto. Además, Josep Rull, nuevo presidente del Parlament, ha tomado el testigo para reivindicar la independencia de Cataluña y no se descartan acciones para fijar de nuevo el rumbo a la ruptura con el resto de España.
En el mismo sentido se ha pronunciado Sociedad Civil Catalana, personada como acusación popular en distintas causas judiciales. Esta parte apunta que tratará de impedir el archivo de las causas judiciales en curso, como en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona.
En algunas de estas causas ya se están moviendo los trámites para conocer el alcance de la amnistía. En concreto, el Tribunal de Cuentas, con 35 independentistas pendientes de la aplicación de la nueva ley, ha preguntado si se plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si la malversación hubiera afectado a fondos europeos.
Las partes de este caso tienen diez días para pronunciarse, según ha señalado la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento. A su juicio, una serie de artículos de la ley de amnistía «podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea». Y es que, la amnistía perdonaría los delitos de malversación siempre que no haya enriquecimiento personal.
No obstante, Bruselas está muy vigilante en cuanto a la lucha contra el fraude y las actividades ilegales que afecte a los intereses financieros de la UE. En este sentido, el Tribunal de Cuentas se acoge a las preguntas del Tribunal Supremo por si hubiera una respuesta contraria a la ley de amnistía desde el TJUE.
Además, señala que deben preservarse los principios de igualdad y de no discriminación y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el principio del Estado de Derecho. En esta causa se indaga sobre la responsabilidad de 9,5 millones de euros, de los que cinco millones deberían recaer sobre once exaltos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentran Artur Mas y Carles Puigdemont.
LOS DOS ESCENARIOS PERJUDICIALES PARA ERC
Por otro lado, la guerra continúa en la política. Los indepedentistas han mostrado su unidad, tal y como se esperaba, antes que entregar poder en el Parlament a Salvador Illa, aunque está por ver si ERC aceptará el pacto con el PSC para investirle como nuevo presidente de la Generalitat. En Esquerra se debaten entre el tripartito con el PSC y los Comuns y la repetición electoral. Ambas opciones son malas para los republicanos.
Por un lado, quedarían a merced del designio del PSC y perderían los apoyos de los independentistas, mientras que por otro, una repetición electoral les dejaría vendidos ante un electorado completamente desmovilizado. Y es que, ERC ha perdido cerca de la mitad de sus votantes elección tras elección desde 2019 y el independentismo se ha dejado 900.000 votos en estas últimas europeas. «Ninguno de esos votos ha ido al PSC», se consuelan.
La oportunidad dentro del peor escenario se abre ahora con una nueva coalición, otros líderes y un camino convincente para los descontentos simpatizantes y militantes de ERC. Junqueras ha dado el paso al lado, como también Pere Aragonès. En Junts, por su parte, se mantienen los liderazgos, con un Puigdemont que ve posible ascender de nuevo a la Generalitat, incluso desafiando a los tribunales.
La opción de volver a España para ser investido presidente de la Generalitat está muy viva. Tan solo debe ser designado como candidato y ganar en segunda vuelta, pero para ello necesita que el PSC se abstenga en la votación. A Illa, por su parte, le bastaría con cosechar los apoyos de ERC y los ‘Comuns’; mientras que ha cerrado cualquier puerta al diálogo y acuerdo con los ‘populares’ de Alejandro Fernández, a pesar de que el PPC facilitó la alcaldía de Barcelona a Jaume Collboni. Esto es el diálogo para los socialistas.
EL PSC NI HABLÓ CON EL PPC
Con todo, Junts no solo se ha hecho con la presidencia de Parlament, sino que además ha logrado hacerse con la mayoría de la Mesa, una situación que retrotrae la política catalana a 2017 más que a 2006, pero con la diferencia de la pérdida de la mayoría absoluta independentista -en votos y en escaños- en el Parlament por primera vez en 40 años. La posibilidad de cambio era real, pero el PSC ha preferido levantar el cordón sanitario contra el PPC, con el que no se ha dignado ni a levantar el teléfono.
Con la ley de la amnistía, la norma que devolvería a la sociedad a la «convivencia y al entendimiento», según la justificación del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha puesto a un independentista al frente de la segunda institución más importante de Cataluña, destrozando los principios de imparcialidad y neutralidad.
Todo para reeditar una mayoría separatista en el órgano de la Cámara catalana, la cual designa a los candidatos y el orden del día para llevar las leyes al pleno, y con un acto de presunta desobediencia al TC por permitir los votos de Puig y Puigdemont, sin que el PSC haya presentado recurso a tal votación.
En su razonamiento, el Parlament mantiene así su ofensiva contra los jueces. Es ahora el tiempo de la Justicia, donde los jueces deberán tomar la decisión de si la amnistía es aplicable. Lo harán tras estudiar «caso por caso», pero siguiendo estrictamente también las normas europeas y con la ofensiva judicial del constitucionalismo, con una serie de recursos a la propia ley por tierra, mar y aire.
