Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones europeas, ha criticado duramente la postura del Gobierno español frente al conflicto palestino-israelí, calificándola de «hipocresía terrible«. La controversia surge a raíz de la decisión del Gobierno de sumarse a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio durante su ofensiva militar en Gaza en octubre de 2023.
La crítica de hipocresía y la neutralidad cuestionada
Montero acusa al Gobierno de José Manuel Albares de intentar confundir a la opinión pública al unirse a la demanda a pocos días de las elecciones europeas, dando a entender una condena al «genocidio» por parte de Israel, cuando en realidad se limita a declararse neutral en el proceso judicial. La dirigente de Podemos denuncia que esta supuesta neutralidad encubre una posición de complicidad con Israel y abandona al pueblo palestino a su suerte.
Para sustentar su argumento, Montero recuerda que incluso el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido una «complicidad insoportable» entre Israel y Europa. En este contexto, la candidata de Podemos asegura que la defensa del fin del genocidio y la paz en Palestina será una prioridad para su formación en el Parlamento Europeo.
La posición del Gobierno español: ¿Equilibrio o ambigüedad?
Por su parte, el Gobierno, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, justifica su decisión de sumarse a la demanda de Sudáfrica como una respuesta a la falta de cumplimiento por parte de Israel de las medidas cautelares dictadas por la CIJ. Sin embargo, la declaración de neutralidad por parte de España en el proceso judicial ha generado dudas sobre la firmeza de su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.
El debate de fondo: La responsabilidad internacional ante el conflicto
La controversia desatada por la postura del Gobierno español pone de manifiesto la complejidad del conflicto palestino-israelí y la dificultad de encontrar una solución justa y duradera. La comunidad internacional se enfrenta al reto de conciliar el derecho a la seguridad de Israel con el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
En este contexto, la demanda presentada ante la CIJ representa una oportunidad para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. La postura de España, como la de otros países, será fundamental para determinar el éxito de esta iniciativa y para avanzar hacia una paz justa y duradera en la región.
