Las agresiones a los funcionarios de prisiones se disparan desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, a pesar del descenso de la población reclusa. Desde enero de 2019 a marzo de 2024, las cifras oficiales muestran una preocupante tendencia al alza, hasta subir el 127%, pasando de las 223 agresiones sufridas durante el primer año a las 508 contabilizadas hasta el tercer mes de este año. La más grave de ellas sucedió en Cataluña, con la muerte de Núria, que atendía y servía a los presos.
Los números, además, muestran una caída de la población reclusa desde los 49.474 a los 47.791, un descenso del 3,41%. Es decir, a menor población, mayor es el número de agresiones, una conflictividad que va en aumento, según las cifras desgranadas por la sección de presiones de ACAIP-UGT en un informe. Las conclusiones del estudio no dejan en buen lugar ni a las Comunidades Autónomas que tienen la competencia de prisiones, como País Vasco y Cataluña, como tampoco a Grande-Marlaska, máximo responsable de la gestión.
Los funcionarios muestran que el repunte de la violencia no solo es de internos contra funcionarios y personal laboral de los centros penitenciarios, sino también se observa un incremento de la violencia entre la población interna. En este sentido, han pasado de las 4.753 registradas en 2019 a las 5.122 en 2023, un 7,76% más.
LAS AGRESIONES A FUNCIONARIOS SUBEN UN 127% CON MARLASKA
«Es curioso como ante el aumento de la conflictividad y las agresiones, se puede constatar con los datos procedentes de la estadística penitenciaria, como disminuye el número de internos en primer grado a la vez que aumenta el de tercer grado», apunta el sindicato de prisiones.
Todo ello con una reducción del 50% en el número de presos más conflictivos y especialmente violentos, internos en primer grado, que han pasado de los 794 de 2019 a 389 hasta marzo de 2024. Con más agresiones entre internos y a trabajadores, se ha reducido el número de presos en primer grado, régimen de vida aplicado a presos conflictivos y especialmente violentos, casi en un 50% pasando de 794 en enero de 2019 a los 389 registrados en marzo de 2024, a la vez que suben los terceros grados, régimen de vida de semilibertad.
La violencia y las agresiones se expanden en las cárceles, mientras los funcionarios de prisiones denuncian una «política buenista» desde la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). A su juicio, se trata de una estrategia «pensada más en la estadística que en la realidad que se vive dentro de las prisiones españolas».
Y es que, los «datos hablan por sí mismos», apuntan desde el sindicato. «Tenemos un menor número de presos, pero mayor conflictividad, esto se debe a que no se está llevando a cabo una clasificación interior que atienda a los parámetros marcados por nuestra legislación», han considerado.
MÓDULOS TENSIONADOS EN LAS CÁRCELES DE MARLASKA
En este sentido, ACAIP-UGT indica que se trata a la población reclusa con normas generales, sin tratar de forma individual cada uno de los perfiles. «Esto lleva a que tengamos en módulos de régimen de vida ordinario a determinados presos que perturban y violentan la normal convivencia en los mismos lo que deriva en tensiones que llevan a generar conflictos entre los internos y agresiones a los trabajadores que se ven obligados a intervenir en cada uno de ellos», han considerado.
El sindicato recuerda que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reinserción y la reeducación, mientras que el tratamiento penitenciario debe atenderse de forma individual, con programas adecuados a cada uno de los perfiles.
Al respecto, ven imposible poder realizar una atención adecuada debido a los módulos tensionados en los centros penitenciarios. «Se está perdiendo la oportunidad que nos brinda el descenso de población reclusa para analizar los protocolos y redefinir los mejores programas que se siguen en las prisiones de manera que podamos llegar a reducir y minimizar los grados de reincidencia y que las personas privadas de libertad, una vez recuperada esta, tengan las herramientas necesarias para reintegrarse de manera normalizada a la sociedad», lamentan.
SIN SEGURIDAD NO HAY REINSERCIÓN
Lejos de cumplir con la legislación, las políticas llevadas a cabo en prisiones «no tienen en cuenta ese número de internos que alteran la normal convivencia en los centros, por lo que se produce el efecto opuesto al buscado, el preso conflictivo y peligroso impide que se puede actuar sobre el resto de población reclusa».
Al respecto, consideran que los presos conflictivos no se tienen en cuenta a la hora de realizar política penitenciaria, que olvida a «estos individuos distorsionadores y trazar una línea común para todos los internos ya que nos encontramos con perfiles muy distintos y como tales hay que intervenir sobre ellos».
«Si el descenso de internos en primer grado y el aumento de los terceros grados hubiera venido acompañado del descenso de conflictividad estaríamos en un escenario bien distinto, pero los datos nos reflejan una realidad incontestable», han apuntado. «Hay menos presos y más agresiones tanto a trabajadores como entre internos», concluyen. Por este motivo, inciden en la necesidad de realizar cambios e invertir la curva. «Tenemos que reducir la conflictividad en los centros para conseguir el equilibrio que se precisa dentro de una prisión entre vigilancia y tratamiento. Sin seguridad no hay reinserción», finalizan.
