Las actuaciones de Joaquín Aguirre, juez estrella en Cataluña por su instrucción en los casos del ‘procés’ y en el caso Negreira, entre otros, han provocado estupor en las acusaciones particulares. Y es que, la Audiencia Provincial ha ordenado dar por concluida la instrucción de las dos piezas separadas del caso, que une supuestamente la trama rusa y criptomonedas con el independentismo.
«Son errores de bulto», apunta una de las fuentes consultadas. «Y sí, lamentablemente, la Audiencia Provincial tiene toda la razón. Se ha fallado estrepitosamente en el procedimiento», destacan. El regocijo, sin embargo, viene por la parte contraria, que ve cómo podría decaer la investigación del caso Voloh por defectos graves. En esta instrucción se investiga la trama rusa del ‘procés’, incluyendo el pago con criptomonedas, a través de la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Allay.
Los varapalos de la Audiencia Provincial al juez Aguirre son constantes a lo largo de los 18 folios del auto fechado el pasado 29 de mayo y al que ha tenido acceso MONCLOA. A juicio de las voces consultadas, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona deja claro que el juez Aguirre no ha llevado a cabo ninguna diligencia en seis meses para pedir la prórroga de la investigación en la segunda pieza separada del caso Voloh. «Está motivado», apuntan.
En este sentido, señalan que la ley para la instrucción e investigaciones judiciales se modificó un día antes de que expirase el plazo para pedir la prórroga. Y en tribunales, los tiempos mandan a la hora de presentar los escritos. El juez argumentó que era un caso complejo y pedía la prórroga para estirar la investigación al menos otros seis meses más. «El juez tiene que motivar la prórroga, una labor que puede llevar en ocasiones más tiempo de lo que ha atendido en el fondo de la causa», destacan las mismas fuentes.
EL AUTO DE AGUIRRE, COJO ANTE LA LEY
«La ley estipula que debe razonarse el por qué se ha llegado a la expiración de la prórroga, qué diligencias faltan por hacer y cuál es la relevancia de éstas en el caso», indican. En este sentido, el juez debe estar pendiente de sus propios tiempos, hacia dónde se dirige la investigación y adivinar qué se va a encontrar cuando ordena averiguaciones. «Es un estrés añadido en el juzgado», indican. «El juez Aguirre no ha motivado la última prórroga de esta causa», han apuntado.
«El auto del juez Aguirre no estaba bien dictado», admiten las fuentes consultadas, un extremo que ha corroborado la Audiencia Provincial, al entender que no había motivación ni tampoco se habían ordenado diligencias en este asunto. En este sentido, la instancia judicial ordena a Aguirre dar por conclusas las investigaciones de Aguirre en ambas piezas separadas, aunque todas las pruebas halladas servirían para ser utilizadas en el juicio. Además, se espera que el juez actúe con celeridad, previsiblemente de cara a la próxima semana, para dar continuidad al caso, aunque esta vez sin prórrogas.
LA FISCALÍA, SIN MOVERSE ANTE LOS RECURSOS
Eso sí, pone de manifiesto que ni el Ministerio Fiscal ni el resto de las partes personadas en la segunda pieza separada del caso Voloh. Además, constanta un «retraso injustificado en la tramitación de este recurso en sede del órgano judicial que instruye la causa», según expone en relación al puesto por las defensas contra el auto del 1 de agosto de 2023, en el que estipuló la prórroga.
«Lo que conlleva que este tribunal tenga que resolver sobre la prórroga de la instrucción de esta pieza separada por un plazo de seis meses a contar desde el 1 de agosto de 2023 cuando este plazo ya ha concluido, con la disfunción que ello comporta en la correcta tramitación de la pieza separada y la afectación de las garantías procesales de las partes», indica.
Otro de los tirones de orejas de la Audiencia Provincial al juez Aguirre se centra en la motivación de abrir piezas separadas en este caso utilizando informes elaborados por la Guardia Civil «hace tres años». Y es que, efectúa un breve y somero repaso a las actuaciones. «Revisadas las actuaciones y en apretada síntesis, consta que esta pieza separada se incoó, como ya se ha dicho, por providencia de fecha 27 de agosto de 2019 tras la recepción de unas diligencias policiales, de fecha 27 de agosto de 2019, en las que la Policía Judicial daba cuenta del hallazgo de posibles delitos y solicitaba se acordaran por la autoridad judicial determinadas intervenciones telefónicas para la prosecución de la investigación».
Las diligencias de entrada y registro a las que se refiere la Audiencia se centraron en la figura de Víctor Terradellas y la Fundación Catmon, el 24 de mayo de 2018, para detectar si la Generalitat aceptó el pago en una criptomoneda o en varias de estas divisas con la finalidad de ocultar a las autoridades económicas los activos originarios queestarían transformando en aquellas monedaas virtuales y que podrían provenir de fondos públicos. Era una «vaga aproximación» de la investigación policial, más cuando se aseguró que Carles Puigdemont estaría al tanto de estas operaciones.
LA VAGA APROXIMACIÓN
Para este plan, los investigadores policiales señalaron que se necesitaría «un importante respaldo de medios económicos que provendrían de fondos públicos. Existirían tres grupos de trabajo sobre criptomonedas, y una tercera parte que habría solicitado que si se conseguía el objetivo de un Estado independiente este legislara de forma favorable a la proliferación de la criptomoneda en territorio catalán».
El día del auto de la prórroga, el juez Aguirre solo disponía de informes fechados el 28 de octubre de 2020, incorporados en la pieza separada después. «No se descarta que algunos informes policiales estén unidos a otras piezas separadas o se hayan incorporado posteriormente a la resolución recurrida y tampoco consta en esta Pieza separada 2 un seguimiento detallado en relación con los análisis de los teléfonos y dispositivos informáticos intervenidos en las entradas y registros realizadas en fecha 28 de octubre de 2020, apunta.
Además, sí ha constatado «que los últimos informes remitidos por la Policía Judicial e incorporados en esta pieza son los informes citados». «Y el instructor tampoco hace referencia alguna en la resolución recurrida a que existan en la fecha de su dictado informes policiales pendientes de recibir. Tampoco consta que esta pieza separada haya servido efectivamente como pieza común para la práctica de diligencias comunes a las piezas que de ella se han desgajado, pues tampoco revisten las piezas separadas elementos comunes más allá de la coincidencia de algunos investigados».
«En todo caso, este carácter instrumental adicional que le otorga el instructor no puede desvirtuar su naturaleza de pieza separada incoada para la investigación judicial de unos determinados hechos», prosigue la Audiencia Provincial de Barcelona.
Las pesquisas judiciales se centran en Xavier Vendrell y David Madí, como también en Xavier Vinyals y Jaume Cabaní. Todos ellos formarían parte de una trama con conexiones en Rusia y liderada por Puigdemont para desarrollar un sistema con criptomonedas y escapar al control del 155 impuesto sobre la Generalitat. De esta pieza, se investigan otros lazos en la Audiencia Nacional, como es el caso Tsunami Democràtic.
Por ahora, las defensas de los encausados no ven ningún tipo de indicio delictivo, más cuando no se ha motivado la prórroga. El propio Aguirre deberá decidir ahora si con las pruebas existentes da carpetazo al caso o bien pone fecha al juicio, tal y como piden las acusaciones populares.
