El PP ha insistido este martes en sus críticas al Gobierno de Quim Torra por conceder el tercer grado penitenciario a los condenados por el proceso independentista catalán, una decisión en la que aprecia un posible «fraude de ley» y sobre la que pide cuentas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Para los ‘populares’, con este régimen de semilibertad el Ejecutivo catalán convierte «en papel mojado» la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, y además lo hace sin cumplir la condiciones fijadas legalmente la progresión al tercer grado penitenciario.
Así lo argumentan en una serie de preguntas escritas que han registrado en el Congreso por el portavoz adjunto del Grupo Popular Carlos Rojas y los portavoces parlamentarios de Interior y Justicia, Ana Belén Vázquez y Luis Santamaría, respectivamente.
NO ESTÁN REHABILITADOS
Tras subrayar que los condenados están «lejos de estar rehabilitados» porque algunos han afirmado públicamente que volverían a actuar de la misma manera, denuncian que, en contra de lo que prevén las normas, están recibiendo estos beneficios penitenciarios de forma «generalizada y prácticamente automática».
Por todo ello, concluyen que la decisión de la Generalitat puede ser «constitutiva de fraude de ley», y exigen al Gobierno que se pronuncie sobre el modo en el que el Gobierno catalán está aplicando la Ley General Penitenciaria
«¿Cree el Gobierno que es necesario evitar el uso arbitrario del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, evitando los agravios comparativos entre presos e impidiendo que se pueda abrir la puerta a la impunidad de los condenados?», reza uno de los interrogantes que plantean.
EXIGEN REFORMAS LEGALES
Además, el PP recuerda que tiene registrada una proposición no de ley que someterá a votación en cuanto tenga oportunidad, con la que quiere instar al Gobierno a adoptar una serie de medidas legales para garantizar una correcta aplicación de las penas impuestas a los condenados por delitos de sedición y contra la Constitución, y también por terrorismo.
En esta iniciativa, contemplan, en concreto que se impida el paso al tercer grado de los condenados por sedición, que se reforme el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia, introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión, sedición y terrorismo, y restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal.
Asimismo, abogan por modificar la Ley de financiación de partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.
También incluyen otros puntos con el objetivo de que no se traspasen las competencias penitenciarias al País Vasco, se paralice la política de acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo y revisen todas las decisiones ya adoptadas en este sentido y se impidan «de forma efectiva los homenajes públicos a terroristas».
