El PSOE de Pedro Sánchez negó los indultos y la amnistía a los líderes del ‘procés’ en multitud de ocasiones, como ha puesto de manifiesto Junts en un vídeo. «La amnistía es algo que este Gobierno no va a aceptar», reiteró en otra intervención en noviembre de 2022.
«El independentismo pide la amnistía y pide un referéndum; no han tenido la amnistía, no hay referéndum de autodeterminación ni lo habrá, primero, por determinación personal y política; y en segundo lugar porque la Constitución, no solamente la española, ninguna constitución reconoce el derecho de segregación», apuntó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
La declaración llegó tan solo tres días antes de las elecciones del 23-J, unos comicios que supusieron el punto de inflexión y la nueva deriva socialista hacia esa España plurinacional, pero en el fondo era hacer de la necesidad virtud. Los socialistas necesitaban y necesitan los siete votos de Junts para mantener en pie la legislatura.
Mientras Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cruixart, Carme Forcadell, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó fueron indultados y esperan ahora la entrada en vigor de la amnistía para dejar atrás su desafío a la Constitución el 1-O. Vila fue injustamente considerado un ‘botifler’ -traidor a la patria catalana-, fue condenado por desobediencia, pero no por malversación. Otros 12 independentistas están inmersos en una causa por terrorismo, como Carles Puigdemont, también investigado por malversación. No obstante, todos ellos esperan a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de «la medida de gracia».
LA POLICÍA NACIONAL VE INCOMPRENSIBLE LA AMNISTÍA
El PSOE argumenta que es una medida necesaria, para enterrar la etapa del ‘procés’ y poder abrir una nueva en pro de la convivencia. Lejos de ello, esta ley de amnistía solo trae ‘paz’ para quienes están huidos de la justicia o en casos de malversación y terrorismo. Está por ver si finalmente podrán verse beneficiados de la misma porque es ahora cuando los jueces mirarán y estudiarán caso por caso. No obstante, no lo harán en todos los inmersos en causas judiciales.
La amnistía solo llevará la convivencia para los beneficiados de la misma
La amnistía solo llevará la convivencia para los beneficiados de la misma, ni mucho menos para la sociedad catalana, partida por la mitad por el ‘procés’. En total, 81 agentes de la Policía Nacional no disfrutarán de la amnistía ni tampoco se beneficiarán de la medida de gracia. Y es que, el ‘procés’ y sus gravísimos altercados tuvieron consecuencias desastrosas para trece de estos agentes. Fueron jubilados de forma prematura, 13 vidas que ya no podrán continuar con sus respectivas aspiraciones profesionales que se propusieron cuando sacaron la oposición.
Las vidas profesionales de Ángel, Iván, Pablo y otros 131 agentes quedaron truncadas, con secuelas y ninguneadas después por los responsables políticos del PSOE que pactaron con ERC y Junts esta amnistía. También otros 153 mossos d’Esquadra resultaron heridos, pero no tuvieron el mismo atropello que cometieron con los policías nacionales y guardias civiles desplazados por orden judicial para parar el golpe del 1-O. La mayoría de estos agentes fueron víctimas de mofas al sufrir condiciones infrahumanas durante el ejercicio de sus funciones, como dormir en un barco o ver cómo alcaldes y concejales, entre los que se encuentran políticos del PSC, obligaban a los hoteles a rechazarles como clientes.
LA AMNISTÍA NO CIERRA HERIDAS EN EL CUERPO POLICIAL
La amnistía deja muy mal sabor de boca a estos agentes. «El malestar es generalizado», afirman varios agentes de policía que estuvieron presentes durante el 1-O. «En la Guardia Civil nos consta que también están cabreados con esta medida», apuntan. «Es incomprensible», señalan desde Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. «Ni cierra heridas ni tampoco nos beneficia», destacan. Y es que, la amnistía cuenta con varias excepciones, entre ellas las denuncias por torturas y el terrorismo, siempre y cuando haya sentencia firme.
Para los agentes no hay presunción de inocencia. «A los encausados no se benefician, pero los a los políticos sí», afirman. «Nos juzgan por hacer nuestro trabajo y parecemos ahora los culpables, cuando solo cumplimos órdenes de un mandato judicial», lamentan.
La norma pactada por el PSOE, ERC y Junts, y apoyada por Bildu, PNV y BNG, deja activa la exclusión para los delitos denunciados por parte de los independentistas a los policías nacionales que trabajaron en el 1-O y en los disturbios de 2019 en Cataluña. En concreto, 45 policías nacionales están siendo investigados por su actuación durante el referéndum ilegal y otros 23 en fase de instrucción por tratar de frenar las algaradas y gravísimos disturbios, como en el aeropuerto de El Prat o Urquinaona, entre otros lugares, durante octubre de 2019, cuando se conoció la sentencia a los nueve independentistas del ‘procés’.
De hecho, los policías nacionales y agentes de la Guardia Civil son los únicos que pagarán las consecuencias del ‘procés’, mientras los dirigentes del PSOE y PSC se empeñan en aplaudir y bendecir la necesidad de la medida. «¿Era esto la convivencia?», reflexiona una de las fuentes consultadas. «Quizá habría que haber desobedecido la orden del juez. Estaríamos en la misma situación que los independentistas», ironiza otra.
«CUMPLIMOS CON LA LEY»
El sindicato mayoritario no duda en la presunción de inocencia de los agentes encausados. «Cumplieron con la legalidad vigente, cumpliendo las órdenes del Ministerio de Interior y el mandato del juez», apuntan desde Jupol. «Mientras 81 policías nacionales han sufrido las consecuencias, los CDR, los dirigentes de Tsunami Democràtic e incluso Puigdemont saldrían indemnes», siempre y cuando decaiga la imputación por terrorismo y malversación.
Fuimos objetivos perfectos del lanzamiento de piedras, botellas, rodamientos de acero…
En este sentido, el trabajo realizado durante los días 1-O y desde el 15 al 20 de octubre de 2019 quedó en el olvido. «No sirvió para nada», destacan. Tres de los agentes fueron jubilados con menos de 40 años por los contundentes ataques a las líneas policiales, cuyas órdenes eran solo las de aguantar y evitar realizar cargas contra los manifestantes. «Fuimos objetivos perfectos del lanzamiento de piedras, botellas, rodamientos de acero…», indican varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
Más de 10.000 policías fueron obligados a desplazarse a Cataluña, fueron menospreciados por una gran parte de la sociedad catalana y ahora también por la política. Todo queda ahora en manos de los recursos de los partidos políticos y los jueces para evitar que el agravio sea aún peor.
