La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate que instruye la causa por el asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024 se enfrenta a una maniobra legal, pero de dudosa ética, ejercida por uno de los abogados defensores de uno de los narcotraficantes detenidos en esta causa. Se enfrenta en concreto a una recusación planteada por el abogado de uno de los detenidos acusados del asesinato de dos guardias civiles.
El motivo, la afinidad, según él, «manifiesta« hacia los testigos que iban a declarar ese día y hacia el cuerpo de la Guardia Civil. El letrado adujo como prueba la pulsera que portaba la magistrada en la muñeca con un anagrama del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, precisamente la unidad a la que pertenecía David Pérez, uno de los asesinados.
El pasado lunes la juez había llamado a declarar a los guardias civiles que detuvieron en La Línea y San Roque a los seis tripulantes que estaban a bordo de una narcolancha sospechosa de haber arrollado la neumática de la Benemérita en aguas del puerto deportivo de Barbate. En un informe final de la UCO de Guardia Civil los propios investigadores descartaban la autoría de los detenidos tras ver el vídeo grabado por uno de ellos.
LA MAGISTRADA LLEVABA EN SU MUÑECA IZQUIERDA UNA PULSERA DEL GAR DE GUARDIA CIVIL
Ese día estaban llamados a declarar seis agentes, pero cuando el primer testigo comenzaba su declaración un abogado de la defensa se levantó y solicitó la intervención del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para que constatase que la magistrada llevaba la citada pulsera en su muñeca izquierda y acto seguido dijo que iba a presentar incidente de recusación por ese motivo, al ver incompatible que pueda seguir instruyendo la causa por la afinidad que supuestamente tendría con la Guardia Civil. Tras lo ocurrido, la jueza suspendió las declaraciones previstas para el lunes. Así que los agentes no pudieron ofrecer su testimonio.
Ese miércoles el abogado presentó de manera formal el escrito de recusación por lo que ahora hay que seguir los plazos previstos, primero hay que dar traslado a todas las partes, fiscalía, acusaciones particulares y abogados defensores para que en un plazo de tres días se pronuncien sobre si se adhieren o rechazan la citada recusación, que tendrá que valorar la Audiencia Provincial de Cádiz. Si otro juez decidiera apartar a la juez instructora del caso todo el procedimiento sufriría un retraso.
PIDEN SER PUESTOS EN LIBERTAD
Los seis narcos detenidos han pedido su puesta en libertad atendiendo al último informe de la Guardia Civil que demostraba que ellos no eran los autores de los dos asesinatos. Pero tanto la Fiscalía, como la juez de Barbate y después la Audiencia Provincial se han negado a dejarles en libertad porque se autoinculparon del delito de contrabando y existe el agravante de pertenencia a organización criminal.
De momento, una de las acusaciones particulares, la ejercida por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ya ha hecho pública su decisión de oponerse a esta recusación y que la misma juez siga instruyendo el caso.
