Mitsouko Henríquez, exsecretaria del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, ha manifestado a la jueza del caso Erial que no ha recibido nunca dinero en efectivo del presunto testaferro del exjefe del Consell, Fernando Belhot, mientras que su mujer se ha desvinculado de las actividades económicas y políticas de su marido, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras del procedimiento.
Henríquez se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de investigada, en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que instruye presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano, en una causa en la que está imputado Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación.
Por el momento, el juzgado ha podido recuperar unos siete millones de euros tras la confesión del abogado uruguayo Fernando Belhot, quien llegó a un acuerdo para traspasar el dinero que, dijo, correspondía a Zaplana.
La exsecretaria de Zaplana ha manifestado que se encargaba de realizar las gestiones que le mandaba su jefe, tanto personales como familiares y profesionales. Tras dar detalle de todo lo que hacía, y preguntada por si alguna vez recibió dinero en efectivo de Belhot, ha respondido que no. «Nunca», ha apostillado.
Por su parte, Rosa Barceló, mujer del expresident, se ha desvinculado de la actividad económica y política de su marido, al tiempo que ha asegurado que no sabía quién era Belhot. Ha dicho que ella tiene sus cuentas y su patrimonio y que desconocía las supuestas cuentas o sociedades que se atribuyen a Zaplana.
Así mismo, la hija, María, ha centrado gran parte de su declaración en el piso que alquiló en València, en la calle Pascual y Genís, por 3.500 euros al mes, para alojarse su padre. El dinero provenía de la cuenta de su marido y la UCO cree que se trataba de una operación de blanqueo de capitales.
Al respecto, ha indicado que cuando ingresaron a su padre para efectuarle un trasplante de médula tras empeorar su enfermedad, necesitaban un piso con unas determinadas condiciones de asepsia y ubicado en la ciudad para seguir con un tratamiento posterior. Buscaron varias opciones y al final encontraron el de Pascual y Genís.
La investigada ha reconocido que el piso era caro pero ha señalado que no tenían más opciones que ésa debido a que no encontraron más viviendas que reunieran las condiciones que exigían para su padre. A lo largo del tiempo, cuando encontraron otro piso, lo compraron y dejaron el que tenían alquilado.
María Zaplana, preguntada también por el ingreso de 2,2 millones de euros en una cuenta de su marido desde Suiza, la misma desde la que pagaban el alquiler del piso, ha dicho que era dinero que correspondía al trabajo de su esposo.
Precisamente sobre este extremo, Luis Iglesias ha explicado que el dinero provenía de una operación de venta de un edificio, que se transfirió por 400 millones. El dinero estaba en Suiza y los dividendos se repartieron a España. Era una operación, según ha comentado, transparente para Hacienda.
DECLARACIONES ANTERIORES
Se trata de la segunda ronda de declaraciones de investigados en esta causa. El ex presidente valenciano y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas negó hace un par de semanas haber cobrado algún tipo de comisión por la adjudicación del Plan Eólico a Sedesa cuando él era jefe del Consell. También mantuvo que los 500.000 euros que ingresaron a su cuenta fue la cantidad que pactó con el empresario Vicente Cotino, dueño de la mercantil, por diferentes servicios prestados en una operación de compraventa.
Junto a Olivas, también comparecieron ante la jueza Francisco Pérez López, representante de una gasolinera a quien se vincula con la compra de una embarcación que sería finalmente de Zaplana; Saturnino Suanzes, abogado y considerado por los investigadores como quien se encargaría de gestionar los fondos ocultos en Andorra; y la hermana de este último, exdiputada del PP en Les Corts y también considerada intermediaria, Elvira Suanzes.
También acudieron a la Ciudad de la Justicia los empresarios Robert Edgar Bataouche y Ángel Salas; y María Paloma Domínguez, mujer de Francisco Grau, considerado diseñador de la red societaria de la que se servían los supuestos implicados en la trama.
Todos los investigados quisieron prestar declaración excepto los hermanos Suanzes. A su salida del juzgado, Elvira manifestó a los medios de comunicación, preguntada por si es inocente, que es «evidente»: «Lo llevamos diciendo en todos los escritos y en todos los momentos en los que hemos tenido oportunidad», apostilló.
