El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que los servicios jurídicos del Estado aún tienen que valorar el decreto de la Generalitat de Cataluña para imponer el confinamiento de la ciudad de Lleida y otras zonas de la provincia para contener el la propagación del coronavirus, pero que aparentemente no invade competencias del Gobierno central.
«Sin perjuicio del análisis que hagan los servicios jurídicos del Estado, no parece que el decreto invada competencias», ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en relación con ese decreto, que la Generalitat pretende que entre en vigor en la medianoche de este miércoles.
Illa ha subrayado que ahora «lo importante es actuar contra el brote» de contagio y que todo lo que desvíe de esta cuestión «desenfoca». «Eso le corresponde hacerlo en primer lugar a la Generalitat de Cataluña y ahí está el Gobierno para echar una mano en todo lo que se nos pida», ha añadido.
El ministro ha hecho hincapié en que «el clima de colaboración y la relación» entre ambos gobiernos «es muy fluida», como «no puede ser de otra manera», a su juicio, ante la situación de crisis sanitaria en la comarca del Segriá.
HAY QUE RESPETAR LAS DECISIONES JUDICIALES
Asimismo, ha defendido que «hay que ser respetuosos con todas las resoluciones judiciales», en alusión a la decisión de la juez que acordó no ratificar el confinamiento anunciado por la Generalitat.
En su auto de este lunes, la juez de guardia del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida dice que ve desproporcionada la resolución del Ejecutivo catalán y añade que su objetivo es «eludir la aplicación del estado de alarma parcial», recordando que declararlo es competencia del Gobierno central.
Lo que ha subrayado Illa es que las comunidades autónomas «disponen de instrumentos para actuar y la Generalitat lo está haciendo». Este, de hecho, es el argumento que presenta el Gobierno para descartar la aplicación del estado de alarma en ese territorio.
El ministro de Sanidad ha evitado pronunciarse sobre el auto judicial y sobre si da la razón o no al Gobierno en que la única forma de confinar a la población para contener el contagio del virus era que el Ejecutivo central, con el aval del Congreso, imponga el estado de alarma.
Simplemente ha insistido en que las actuaciones para controlar los brotes se tienen que adoptar «con respeto a las resoluciones judiciales» y que la aplicación de las medidas previstas en el decreto aprobado por la Generalitat «tendrá que ser sometida a control judicial».
DETECCIÓN PRECOZ Y MEDIDAS CONTUNDENTES
Durante la rueda de prensa, Illa ha presentado un plan de respuesta temprana del Ministerio, que luego podrá incorporar aportaciones de las comunidades autónomas, con medidas para controlar cada brote que surja según sus características.
Según ha explicado, el papel principal corresponde a los gobiernos autonómicos, pero también se prevén actuaciones coordinadas de salud pública que deben ser discutidas y aprobadas en el seno del Sistema Nacional de Salud –de obligado cumplimiento para los territorios concernidos– y el tercer escalón sería el estado de alarma.
«Lo que hay que hacer es tener sistemas desplegados que permitan detectar muy precozmente cuando haya un brote y tomar de una forma muy contundente las medidas necesarias para controlarlo en función de la tipología del brote y su asentamiento en el territorio», ha recalcado.
Cuando le han preguntado sobre posibles reformas legislativas, Illa ha respondido que «con la legislación vigente hay mecanismos para poder actuar, como se ha visto en los 171 brotes» de coronavirus detectados desde que se levantó el estado de alarma, aunque ha añadido que las normas «siempre se pueden mejorar».
Por último, ha señalado que cualquier restricción de un derecho fundamental tiene que contar con el control del poder legislativo, como se hizo cada vez que el Congreso prorrogaba el estado de alarma a propuesta del Gobierno, o con el control judicial, «como ha sido el caso siempre que ha habido una restricción de un derecho fundamental», autorizada en todos los casos «excepto en uno de ellos», el de Lleida, que espera que «quede resuelto en breve».
