Agentes de la Guardia Civil, entre ellos del Seprona, han confirmado la existencia de vertidos de «aguas con turbidez y cierto olor a basura» procedentes de un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) entre los años 2012 y 2016.
Lo han hecho en un juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, contra dos directivos — padre e hijo — de esta empresa de tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos. Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de seis años de prisión.
«Siempre era lo mismo, filtraciones y vertidos de aguas con turbidez y cierto olor a basura», ha declarado uno de los agentes del Seprona que realizó inspecciones oculares en aquellas fechas en el lugar de los hechos. «Pudimos verificar que provenían del interior del vertedero y desembocaban en una finca de eucaliptos, eran aguas de alivio de presión», ha añadido.
«Lo que vi fue unas instalaciones lamentables», ha concretado, además, tras apuntar a «grandes deficiencias, con líquido negro apestoso cayendo por las paredes». «Era escandaloso», ha dicho.
En la misma línea, otros agentes de la Guardia Civil han señalado que el vertido «venía de una arqueta que estaba ubicada dentro de la empresa denunciada que tenía enganchado un tubo». «Se presupone que el líquido venía de ahí».
La vista por este caso comenzó el pasado mes de septiembre cuando llegaron a declarar los dos procesados negando ser responsables de los vertidos. Sin embargo, entonces se estimó que los días reservados para el juicio no eran suficientes para la declaración de todos los peritos y testigos, ni era posible ubicarlos en los 30 días siguientes, por lo que fue anulado y aplazado. En esta ocasión, los encausados declararán al final de la vista, a petición de los letrados de las defensas.
HECHOS
Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados «incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental» para este tipo de actuaciones.
En concreto, el Ministerio Público recuerda que en ella se establece que «en ningún caso existirá vertido al dominio público hidraúlico do lixiviado generado». Sin embargo, señala que ambos procesados «conjunta y concertadamente según el rol de cada uno» en la empresa «toleraron, promovieron y consintieron los vertidos».
«Prescindiendo, además, intencionadamente de realizar los controles analíticos establecidos, así como el control y entrega de lixiviados generados en la actividad a gestor autorizado, procurando así, que dichos vertidos continuaran en el medio, sin control alguno de manera continua y durante largos periodos de tiempo, hasta la intervención de la autoridad ambiental».
El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pedía también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros para la Xunta por parte de cada uno de los acusados, importe que ya ha sido entregado antes del inicio de este juicio.
