La compatibilidad de las funciones que tienen los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas cuando están fuera de servicio vuelve a estar en el candelero, sobre todo, cuando deja en evidencia el doble rasero que hay para sancionar a unos y otros por un hecho similar, como ha ocurrido dentro del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, aunque no es un hecho aislado.
«vergonzoso» e «impropio de regímenes democráticos» investigar a los mossos d’esquadra que, fuera de servicio, protegen
La Consellería de Interior de la Generalitat sancionó en abril del año pasado a un agente de los Mossos d’Esquadra por haber colaborado con la seguridad de Vox, pese a que esa ayuda la prestó fuera de sus horas de trabajo y sin cobrar por ello, haciendo un favor a la organización política que lidera Santiago Abascal. Desde la Generalitat consideraron este hecho como muy grave y le castigaron con un año y un día de suspensión de empleo y sueldo tras una investigación de la División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana, que consideró que el agente ejercía una actividad incompatible con la de ser funcionario.
EL MOSSO SANCIONADO GARANTIZABA LA SEGURIDAD DE LOS ACTOS DE VOX
Y eso a pesar de que Asuntos Internos reconoce que su actividad como coordinador de seguridad servía para garantizar la seguridad de los actos públicos de Vox en Girona, un partido que suele denunciar insultos y agresiones con frecuencia en sus actos políticos por parte de personas que no están de acuerdo con su ideario. Pero para el DAI eso podía suponer un conflicto en el caso de incidentes, como si los agentes que acudieran al acto en caso de alguna denuncia y la seguridad del partido no tuvieran el mismo fin: evitar peleas o enfrentamientos.
El caso es que el mosso que coordinaba el servicio de seguridad de Vox, haciendo de intermediario por correo electrónico y teléfono con sus compañeros profesionales para informar de los eventos en los que participaban algunos líderes de la formación, ha tenido que cumplir la sanción, y aunque ya no está suspendido, se encuentra de baja, según informa El País. Además, tiene recurrida judicialmente la decisión, estando prevista pata el mes de diciembre la vista oral.
El mosso ha criticado la diferente penalización entre su caso y el de los agentes que escoltaron voluntariamente al expresidente prófugo Carles Puigdemont, que como recuerda el diario Público, «quedaron absueltos de una condena de prisión de 18 meses que imponía la Fiscalía. El fallo consideró que ambos ayudaron a Puigdemont, consciente de que era investigado en España y que había una orden europea de detención contra él. Sin embargo, concluyó que los hechos no se pueden tipificar como delito de encubrimiento del artículo 541.3 del Código Penal».
PUIGDEMONT Y ARAGONÉS DEFENDIERON LA LIBERTAD DE LOS MOSSOS FUERA DE SU HORARIO
Hay que destacar que agentes de la división de escoltas de los Mossos d’Esquadra han protegido a Carles Puigdemont en Francia durante la última campaña electoral de Cataluña, cuyos comicios se celebraron el pasado 12 de mayo. Se trató de policías fuera de servicio y sin arma, que aprovecharon días de fiesta y de vacaciones para garantizar la seguridad del expresidente catalán, como ya hicieron con anterioridad en Bélgica. En este otro país, en 2019, el Ministerio Interior de Fernando Grande-Marlaska sí mostró su disconformidad y la dirección de los Mossos les prohibió que ejercieran ese papel.
En septiembre de 2023, la Audiencia de Barcelona condenó a 4 años y medio de cárcel y diez años y medio de inhabilitación absoluta y otros tanto de inhabilitación especial al exconseller de Interior, Miquel Buch, por un delito de malversación y prevaricación tras fichar en 2018 de asesor a un sargento de los Mossos d’Esquadra para que siguiera escoltando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su huida de España. Ese sargento, Lluis E., también fue condenado a otros cuatro años de cárcel por haber ayudado a huir a Puigdemont. Ejerció de asesor 224 días en los que cobró 52.712 euros de fondos públicos.
Buch, conseller de Interior en el Gobierno de Quim Torra, es decir, durante el procés, anunció que presentaría recurso al considerar injusta la sentencia, añadiendo que la sentencia había sido «extremadamente rápida, en solo un mes, porque agosto es inhábil», lo que le da la sensación de que «había mucha prisa» por condenarle.
Desde entonces, las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno español se han suavizado y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, terminó anunciando que el Ministerio del Interior tramitaría la petición Carles Puigdemont de tener escoltas, pues «nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber».
Lo hizo después de que el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidiera por carta al último conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que pusiera escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la «peligrosidad y el riesgo hacia su persona», que es lo mismo de lo que se quejan en Vox.
El Departamento de Interior de la Generalitat recordó que los Mossos d’Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas requerían de la autorización del Ministerio de Interior que, hasta ese momento, siempre la había rechazado. El propio afectado, Puigdemont, veía «vergonzoso» e «impropio de regímenes democráticos» investigar a los mossos d’esquadra que, fuera de servicio, le protegen.
Por su parte, el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès (ERC), enmarcaba en una cuestión personal que agentes de los Mossos d’Esquadra fuera de servicio protejan a Puigdemont, y dijo en la precampaña que «si es fuera de horario y cumplen la ley no tiene por qué haber problema».
LAS COMPATIBILIDADES DE LOS AGENTES CON OTRAS FUNCIONES
Recientemente en MONCLOA ya tratamos el caso de un afiliado de APROGC, la Asociación Pro Guardia Civil, al que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid autorizó la compatibilidad de las funciones de Guardia Civil con la de monitor de socorrismo y condena en costas a la Administración.
Pero hay más: en diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) permitió a un agente de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria compatibilizar su cargo en la Benemérita con la de empresario de heladería. Y en 2022 también se autorizó judicialmente la compatibilidad de funciones de un guardia civil con la de entrenador personal. En cambio, el mismo tribunal sancionó con 150 días sin sueldo a un policía nacional por ser youtuber sin permiso de sus superiores.
Otro caso llamativo fue cuando el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2024 la sanción de tres meses de empleo a un guardia civil que trabajó como escolta privado al servicio de la familia real saudí, durante mes y medio en Marbella, sin estar autorizado para ello. El agente condenado tenía reconocido el derecho a compatibilizar la profesión de conductor con su actividad como guardia civil, pero no con funciones de escolta privado.
