El Gobierno español ha informado al Vaticano sobre su punto de vista respecto al régimen fiscal de la Iglesia en España, cuyo asunto más polémico es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sin haberlo tratado antes con los obispos españoles.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunió ayer en la Ciudad del Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Según informó La Moncloa en un comunicado, en el encuentro se intercambiaron “puntos de vista e información” sobre cuestiones como “el régimen fiscal de la Iglesia en España”.
La posibilidad de que se pudieran hacer cambios para que la Iglesia católica tuviera que pagar el IBI por determinados bienes no ha sido tratado hasta ahora con los obispos, según han señalado fuentes del episcopado a MONCLOA.COM.
Además, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha informado a la Santa Sede sobre el proceso de revisión de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Se trata, en este caso, de la disputa sobre bienes que la Iglesia católica española ha podido inscribir a su nombre en el registro de la propiedad. Para ello sólo ha necesitado un certificado de la propia Iglesia que indique que el bien es suyo. El Gobierno tampoco ha tratado este tema con el episcopado antes de llevarlo a Roma.
Según el comunicado del Gobierno español, “el secretario de Estado del Vaticano ha mostrado su voluntad de abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro”. El Vaticano no ha emitido ningún comunicado sobre el contenido de esta visita de la vicepresidenta Carmen Calvo.
La Iglesia católica española disfruta de la exención del impuesto de bienes inmuebles. Se trata del único frente abierto en este momento en cuanto a su régimen fiscal, desde que hace años se reformara el sistema de financiación a través del IRPF y se terminara la exención del IVA de los objetos de culto. Esta reforma se realizó, precisamente, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
La exención del IBI ha sido objeto de polémica en los últimos años. La Iglesia no paga este impuesto en los edificios dedicados al culto, ya que esta institución tiene el mismo tratamiento fiscal que el resto de entidades no lucrativas. En el episcopado subrayan que el tratamiento de la Iglesia respecto a este impuesto no podría ser nunca diferente a esas otras entidades, ya que así lo establecen los Acuerdos con la Santa Sede.
EL IBI DE LA IGLESIA Y EL PSOE
El PSOE impulsó mociones en los ayuntamientos para que la Iglesia pague el IBI de bienes que no están destinados al culto, porque considera que son muchos los que no pagan este impuesto. Además, llevó este asunto, junto con las inmatriculaciones, a su programa electoral.
Respecto a los inmuebles que la Iglesia ha puesto a su nombre, el Gobierno ha señalado en una respuesta parlamentaria que va a depurar si existen bienes a nombre de la Iglesia que realmente sean de dominio público. En ese caso, pasarían a manos del Estado, ya que los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
A pesar del anuncio de que hará pública la lista de inmuebles que han sido inmatriculados por la Iglesia y del proceso de depuración, el Gobierno tampoco ha mantenido hasta ahora ninguna conversación con los obispos españoles. La posición del Ejecutivo sobre este asunto molesta en el episcopado, donde consideran que esa misma depuración podría realizarse, igualmente, entre los bienes inmuebles que el Estado o los ayuntamientos ponen a su nombre en el registro de la propiedad.
Por otra parte, además de tratar estos temas fiscales, el Gobierno ha informado de que el Vaticano ha garantizado a la vicepresidenta Carmen Calvo que no se opondrá a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Respecto a la posible inhumación de los mismos en la cripta de la catedral de la Almudena, como quiere su familia, el Gobierno señala que el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha coincidido “en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo”.
Por último, el Gobierno español le ha informado de que modificará el Código Penal para que los delitos de abusos sexuales infantiles sean imprescriptibles. Según el comunicado del Ejecutivo, la Iglesia ha trasladado su preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro.