La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha desvelado este martes que le trasladó al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Ejecutivo catalán debería haber recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, que este domingo rechazó ratificar el confinamiento anunciado por el Govern para la ciudad y otros siete municipios del Segriá para frenar la expansión del coronavirus.
En una entrevista en ‘Las mañanas de RNE’, Calvo ha asegurado que discrepa de la «interpretación» de la juez y ha recordado que ya se han «visto pronunciamientos diferentes» en situaciones similares.
«Yo se lo dije al vicepresidente Aragonès. Ese auto habría que recurrirlo y habría una línea de trabajo bastante buena, puesto que la Generalitat tiene competencias para determinar decisiones de movilidad que no requiere la alarma», ha sostenido.
Eso sí, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciase un decreto para reafirmar las medidas adoptadas en Lleida, Calvo ha incidido en que las comunidades autónomas «pueden legislar siempre que no invadan competencias del Estado».
Ninguno, ni el Gobierno de la nación ni las comunidades autónomas, podemos rebasar los límites de la constitucionalidad. Todo lo que se cumpla está en su ámbito. Ayer se produce la emisión de una norma que vimos a última hora y en todo lo que esté alineado con sus competencias no hay nada que decir», ha apostillado.
En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que su opinión se emite con «informes» de la Administración General del Estado. «No se hace por opinión política, sino por rigor jurídico», ha apuntado.
Por otro lado, tras ser preguntada por si el Gobierno se plantea decretar el estado de alarma, Calvo ha insistido este martes en que recurrir a esta herramienta «son palabras mayores» y ha recordado que las comunidades autónomas tienen instrumentos eficaces para enfrentar los rebrotes.
Así, Calvo ha asegurado que existen mecanismos para estas «situaciones puntuales» y «del día a día» sin necesidad de recurrir a la herramienta constitucional, como así lo demuestran, a su juicio, las decisiones tomadas hasta ahora por algunos ejecutivos autonómicos.
En este contexto, la vicepresidenta del Ejecutivo ha recordado que una decisión política de este tipo siempre ha ido detrás de la decisión médica, técnica y del asesoramiento de expertos. «Siempre lo hemos dicho, no va a dejar de ser así nunca. Tenemos que ser muy ponderados», ha apuntado.
Con todo, Calvo ha dejado claro que poner fin al estado de alarma «no significaba» que la epidemia hubiese finalizado en España. Por eso, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno está en «alerta máxima continua» y que dará la respuesta sanitaria con las posibilidades legales a su alcance.
