El Congreso de los Diputados abordará al fin la esperada reforma de la jurisdicción militar mediante una Proposición de Ley registrada por el grupo parlamentario SUMAR, el que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, que busca una reflexión colectiva sobre el alcance de las reformas y procesos de modernización de la justicia militar y el Código Penal Militar. Diferentes asociaciones que defienden los intereses de la Guardia Civil están apoyando la iniciativa, pues llevan años reclamando que no se les aplique la jurisdicción militar a la Benemérita, además de que los militares sean juzgados por tribunales civiles, entre otras cuestiones.
Uno de los principales motivos por los que están contentos en las asociaciones que defienden a la Guardia Civil es porque por fin se inicie un periodo donde se debata y se escuche a todos los colectivos afectados (agentes, instituciones y los propios órganos jurisdiccionales, Ministerio fiscal y letrados, entre otras).
EL CASO DE CERRO MURIANO HA VUELTO A ABRIR EL DEBATE DE LA JURISDICCIÓN MILITAR
Según SUMAR, «los lamentables hechos acontecidos en la Base Militar de Cerro Muriano han puesto de actualidad la situación de la jurisdicción militar y han permitido que la opinión pública tome conciencia de que su funcionamiento está basado en leyes que fueron promulgadas en los primeros años de la etapa constitucional».
Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han apoyado este debate en sede parlamentaria y han pedido que se acuerde proceder a poner en marcha «un periodo de escucha y de reflexión colectiva, un estudio específico sobre la situación de la jurisdicción militar en España en relación con el estado de otros ámbitos jurisdiccionales y la configuración de esta en los países de nuestro entorno, con propuestas y recomendaciones para su modernización y la plena eficacia y homologación con las reformas producidas en los demás órdenes jurisdiccionales».
Lo que pide la AUGC en este caso es que «el disfrute del derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva para los guardias civiles debe ser pleno y estar equiparado a las condiciones que tienen otros servidores públicos y el conjunto de la ciudadanía», e insisten en que esperan que esta Proposición no de Ley «tenga un refrendo mayoritario para modernizar el derecho fundamental a la obtención de tutela judicial a favor de los miles de guardias civiles, que son potenciales destinatarios del actual sistema judicial y se cumplan, de una vez por todas, los diversos mandatos legislativos que ya se pronunciaban en la necesidad de llevar a cabo estas reformas».
Otra de las asociaciones, Independientes de la Guardia Civil (IGC), también se ha mostrado muy favorable a que se debata el proyecto de Ley Orgánica de una nueva jurisdicción militar integrada por órganos especializados. Fuentes de la asociación detallan que el pasado 19 de marzo de 2024, se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (número 108) la propuesta no de Ley planteada por el grupo parlamentario SUMAR, mediante el que instaban al Gobierno de España a que en el plazo de un año remitiese al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley Orgánica que proceda a la configuración de la jurisdicción militar.
Pretenden que dicha jurisdicción esté integrada por órganos especializados, donde se materialice el derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva, en relación con los delitos militares y las resoluciones dictadas en uso de la potestad disciplinaria, servidos por jueces y magistrados de carrera, que se rija por las leyes procesales que regulan los procesos penales y contencioso-administrativo.
En dicha propuesta se instaba a su vez, a que el Observatorio de la Vida Militar realizase una escucha a los colectivos afectados para la posterior confección de un estudio específico sobre la situación de la jurisdicción militar en España.
En IGC, tal y como ya han trasladado sus representantes en reuniones con miembros del Ministerio de Interior, de Fernando Grande-Marlaska y la Dirección General de la Guardia Civil, de Leopoldo Marcos González, consideran prioritaria y profundamente necesaria una modernización de la jurisdicción militar existente en la actualidad a la que están sujetos miles de guardias civiles en todo el territorio nacional.
Por eso, instan al conjunto de grupos parlamentarios a que muestren una buena predisposición general que permita culminar con la materialización de una ley que consiga modernizar de una vez por todas el actual y anticuado marco normativo, «ajustándose a un modelo policial del siglo XXI».
SUMAR QUIERE UNA JURISDICCIÓN MILITAR SIMILAR A OTROS PAÍSES EUROPEOS
Desde SUMAR apuntan desde la entrada en vigor de la Constitución española, el marco normativo que regula el funcionamiento del Poder Judicial ha sufrido importantes y profundas reformas. Estas no han alcanzado a la jurisdicción militar y por ende no han beneficiado a los destinatarios de sus actos, que no son otros que las mujeres y hombres que integran las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
Diversos expertos han puesto de manifiesto la situación en la que se encuentra la jurisdicción militar que ha dado lugar a que organismos internacionales, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hayan señalado la situación que se produce en España, que impide la existencia de doble instancia en el ámbito judicial penal militar y contencioso-disciplinario.
También el Tribunal Supremo se ha hecho eco de esta disfunción y ha tenido que realizar una función más propia del Poder Legislativo, al ampliar los ámbitos de conocimiento y enjuiciamiento de los recursos de casación penales militares y contencioso- disciplinarios, ante la inexistencia de recursos de apelación en ambos procesos judiciales.
A todo esto, se añade que el diseño de la jurisdicción militar no ha resuelto la desafección hacia la misma de sus destinatarios — cerca de 200.000 personas entre militares y guardias civiles— que han puesto en cuestión la percepción que los justiciables tiene de que los órganos judiciales, unipersonales y colegiados, en cuanto a su independencia del mando militar.
El hecho de que los militares que ocupan destinos en los órganos de la jurisdicción militar mantengan su condición de militar en activo y que su carrera militar siga dependiendo de sus superiores jerárquicos, permite albergar serias dudas de su independencia. La existencia de aforamientos en función del empleo militar tampoco tiene un reporte positivo y, en todo caso, está muy alejada de la concepción social que considera los aforamientos privilegios no justificados en una sociedad moderna.
Desde SUMAR quieren que la jurisdicción se asemeje más a la de países como Francia o Alemania, donde jueces ordinarios especializados en jurisdicción militar juzgan a los militares en la jurisdicción ordinaria y que el Código Penal Militar desaparezca, evitando así que se arresten a sus miembros por meras faltas administrativas en centro disciplinarios que son prisiones en realidad.
