El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ ha rechazado citar como testigo al ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo dado que, a pesar de que se ha acreditado una relación con la empresa Soluciones de Gestión -del presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama-, ésta «se circunscribe hasta la fecha al transporte de mascarillas» y no fue la única empresa relacionada con la ejecución de los contratos de suministro investigados.
Así consta en un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, en el que el magistrado hace suya la postura del fiscal del caso, Luis Pastor, y rechaza la pretensión de la acusación popular de la asociación ‘Liberum’ que pedía esa testifical y la de la consejera delegada de la empresa Wuakalua Hub -filial de Globalia-, Leticia Lauffer.
El juez indica además que el argumento de que Hidalgo ha sido citado en la comisión de investigación parlamentaria, y que eso motivaría su citación en sede judicial, «tampoco sirve de base a la pretensión» porque la finalidad de esa comisión «es la determinación de eventuales responsabilidades políticas y la propuesta de reformas legales, mientras que la finalidad del proceso penal es la búsqueda y determinación de la verdad material dentro de los parámetros establecidos por la legislación procesal».
En el informe del fiscal se explica que la pretensión de citar a Lauffer, también rechazada, se justifica en una información periodística en la que se dice que tuvo conocimiento en marzo de 2020 de los intentos de negociación en la adquisición de material sanitario desde China, incluidas las mascarillas y que conocía al investigado Víctor de Aldama y a Javier Hidalgo.
«Se dice que la testigo podría aportar información sobre la naturaleza del contenido de productos transportados, valor de la mercancía, los comisionistas intervinientes y las comisiones pactadas», recuerda el fiscal, para acto seguido añadir que esa solicitud de prueba no puede prosperar porque el hecho de que haya podido tener relación con el investigado «no necesariamente tiene que implicar que haya podido tener relación con los hechos investigados».
Cabe recordar que en esta causa el juez investiga una presunta trama que habría pagado comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia por parte de varios estamentos públicos, entre ellos varios ministerios y empresas públicas.
