El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox que se tramita ahora en las Cortes autonómicas y se ha preguntado quiénes son los relatores del informe de la ONU y con quién guardan afinidad.
García-Gallardo se ha referido de este modo a la resolución de la ONU a través de la que ha instado al Gobierno de España a que «tome las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, tras alegar que pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».
El vicepresidente de la Junta ha asegurado tras la celebración de la Jornada de Estudio que el Grupo de los Reformistas Europeos (ErC) ha organizado en Valladolid que ha conocido este informe a través de los medios de comunicación y ha avanzado que está «deseando» poder recibirlo de una manera formal.
«Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución», ha cuestionado García-Gallardo, quien ha insistido en que cuando cuente con el documento y pueda hacer un análisis del mismo se conocerá si se ha tenido una visión «imparcial».
No obstante, Juan García-Gallardo ha aprovechado para defender la Proposición de Ley presentada en las Cortes, ya que, como ha reiterado, desde su punto de vista es «de justicia» tratar de manera «neutral» a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España durante el siglo XX. «De eso no nos va a mover la ONU».
No obstante ha señalado que la Ley de Concordia se ha demorado debido a las negociaciones con el PP, algo que se ha hecho con «pausa, serenidad y mucho diálogo» y que ha concluido con un texto «consensuado» que se ha registrado en las Cortes de forma «conjunta», por lo que no vería «razonable» que los ‘populares’ se manifestaran ahora en contra.
«Considero que las leyes están para actuar en el ámbito de las competencias que en este caso tenemos como comunidad autónoma y nosotros estamos, ambos partidos, totalmente de acuerdo en que nadie debe tener que sufrir el dolor de ver a un familiar enterrado en una cuneta, todo el mundo merece que se respete la dignidad de las personas lo demás son bombas de humo de la izquierda y son maniobras de distracción», ha relatado, tras lo que ha aclarado que desde Vox no se van a hacer cosas «absurdas» como «juzgar» la historia desde las «leyes».
«Lo que vamos a hacer es ofrecer una Ley a la ciudadanía que ampare a todo tipo de víctimas de persecución política y religiosa, nada más y tampoco nada menos», ha zanjado.
