El 73,7% de las 5.188 residencias para personas mayores que hay en España son de titularidad y gestión privada, frente al 14,2% de titularidad y gestión pública y el 12,1% concertada, según el primer ‘Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales’ en España, que recoge datos del año 2022.
La investigación, dada a conocer este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sido elaborada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y su presentación ha tenido lugar en la sede principal del Instituto en Madrid, con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y de la directora general del Imserso, Mayte Sancho.
La subdirectora general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso, Esther Pérez de Vargas Bonilla, ha presentado los principales resultados del estudio, que indica el sistema residencial español está compuesto por un total de 6.831 centros, de los cuales el 75,9% está dirigido a personas mayores, el 21,3% a personas en situación de discapacidad, y un 2,8% para ambas.
Además, en el caso de centros dirigidos a personas mayores, el 75% de los centros son privados, frente al 25% de titularidad pública. Respecto a los centros dirigidos a personas con discapacidad, el 80% son de titularidad privada frente al 20% pública.
En relación con los modelos de gestión, el informe del Imserso sostiene que un 14% de las residencias de personas mayores son de titularidad y gestión pública, un porcentaje similar al de los centros de personas con discapacidad, que alcanza el 13,7%.
Asimismo, el documento refleja que el sistema residencial ofrece 381.514 plazas a personas mayores distribuidas entre 5.188 centros, mientras que para las personas con discapacidad hay 49.435 plazas repartidas en 1.455 centros. Eso supone una media de 73,5 plazas por centro en los dirigidos a personas mayores y 34 plazas por centro en los dirigidos a personas con discapacidad.
En el ámbito de las personas mayores, el 63% de los centros acumulan un tercio de las plazas del sistema y tienen un tamaño inferior o igual a 75 plazas, mientras que en el caso de las personas con discapacidad el 68% de las plazas se acumulan en el 92,8% de los centros que son de tamaño igual o inferior a 75 plazas.
La mitad de los centros de personas mayores ofrece servicios de proximidad (51,6%) y de estos, un 39% ofrece el servicio de Centro de día. Estos porcentajes crecen en el caso de las residencias para personas con discapacidad que ofrecen servicios de proximidad hasta el 66,4%, y de ellos el 56,9% ofrece servicios de centro de día.
En los centros de personas mayores son más comunes las habitaciones de uso individual (43,2%) que en las residencias para personas con discapacidad, dónde suponen el 40,5%. Las habitaciones de uso doble de los centros de personas mayores suponen un 55,6% frente al 48,1% de los centros dirigidos a personas con discapacidad.
Estos porcentajes se invierten en el caso de habitaciones de uso triple o superior, que suponen un 1,2% en los centros de personas mayores frente al 11,4% que suponen en los centros de discapacidad, según concluye el censo.
Más del 90% de los centros dirigidos a personas mayores dispone de espacio exterior frente al 82,9 de los centros dirigidos a personas con discapacidad y más del 80% de los primeros están situados en casco urbano frente al 77,6% de los segundos.
PERFIL DEL RESIDENTE
Sobre el perfil de los residentes, en las residencias de mayores el 70% de las personas que residen son mujeres, frente al 41,6% de mujeres que viven en los centros de personas con discapacidad. Además, un 75% de los residentes en centros de personas mayores tiene 80 o más años, mientras que en los de personas con discapacidad el 84,9% son menores de 65 años.
En el ámbito laboral, el censo indica que más del 95% es personal de plantilla, independientemente del tipo de centro. Por sexo, el 86% del personal en los centros de personas mayores son mujeres y el 78,4% en las residencias para personas con discapacidad.
En este sentido, en las residencias de personas mayores, el 57% del personal corresponde al primer nivel de atención, el más próximo al usuario, lo que supone una ratio de 0,36 trabajadores de primer nivel de atención por residente. En el caso de centros de personas con discapacidad, el 58,3% del personal está dedicado al primer nivel de atención, lo que arroja una ratio de 0,52 trabajadores de primer nivel por residente.
EL ENVEJECIMIENTO, «UN RETO DE PAÍS»
En su intervención, la secretaria de Estado de Derechos Sociales ha afirmado que el envejecimiento es «un reto de país». «El alargamiento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero supone también un reto para los servicios sociales. Esto es facilitar, acompañar y resolver situaciones de dependencia y necesidades de apoyo que a medida que cumplimos años vamos necesitando, o hay muchas más posibilidades de que vayan apareciendo», ha explicado.
Por ello, Rosa Martínez considera «crucial» disponer de «datos fiables» que permitan adaptar los recursos sociales disponibles y enfocar «adecuadamente» las políticas públicas. En este punto, ha felicitado al Imserso «por conseguir que este ejercicio de transparencia se incorpore al Plan Estadístico Nacional como una operación que se irá repitiendo y realizando de forma periódica».
La secretaria de Estado de Derechos Sociales ha recordado también que el Ministerio se encuentra inmerso en «un proceso de mejora y transformación del modelo de cuidados de larga duración, por lo que este censo se convierte en una herramienta fundamental para avanzar en esta dirección».
Según ha dicho Rosa Martínez, «la mejora de la calidad de los centros y servicios que forman parte de la cartera de la Ley de Dependencia tiene ya un importante referente y motor de transformación» como es el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobado por el Consejo Territorial en 2022, y que «es, sin duda, un excelente ejemplo de cooperación interinstitucional».
Finalmente, la directora general del Imserso, Mayte Sancho, ha puesto en valor el trabajo realizado por su antecesor en el cargo, Luis Barriga, con la puesta en marcha de este censo que ofrece información «detallada, clara, transparente y accesible» y supone una herramienta para la toma de decisiones en la planificación gerontológica y en el sistema de protección social. «Merece la pena invertir en medidas así. Hay que fomentar el uso de datos fiables. No obstante, esto es solo un primer paso. Nuestro objetivo es tener un mapa más detallado de los recursos disponibles en cada territorio», ha asegurado.
