Este martes el juez de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenaba por sorpresa en un auto que «procede acordar la práctica de un informe pericial a realizar por el Centro Criptológico Nacional (CCN) con objeto de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española».
El CCN depende directamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Calama circunscribe ese informe a cuatro cuestiones, la primera de ellas es «examinar el documento adjunto a la OEI emitida por las autoridades judiciales francesas en el que se enumeran los IOCs, los ficheros del sistema, las fechas de las actividades dirigidas/observadas, los nombres de dominio y los titulares de los nombres de dominio que aparecieron en el contexto del peritaje de las líneas infectadas en Francia por el software Pegasus».
El gobierno de Pedro Sánchez nunca ha señalado directamente al gobierno marroquí de haber hackeado los teléfonos del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Agricultura. Sin embargo, un informe del Parlamento Europeo de mayo de 2022 sobre Francia era mucho más claro y recogía que «el 22 de julio de 2021, las autoridades francesas declararon que habían iniciado una investigación sobre las acusaciones de que Marruecos utilizó Pegasus para espiar al presidente Emmanuel Macron.
Se encontraron rastros de Pegasus en los teléfonos móviles de al menos cinco ministros del gabinete francés. Otros medios informaron sobre el ex primer ministro francés Edouard Philippe y 14 ministros franceses atacados por Marruecos». Esa investigación concluía en junio de 2023 y afirmaba que «no existen pruebas que confirmen el uso de Pegasus por parte de Marruecos». Este asunto era confirmado por el Presidente de la comisión especial de investigación, el eurodiputado holandés Jeroen Lenaers, quien declaró que no existían pruebas que incriminasen al país alauita.
Pero el documento preliminar del Parlamento europeo de mayo de 2022 continuaba explicando que «según MIT Technology Review, Francia había negociado la compra de Pegasus a NSO en 2021, pero decidió interrumpir las negociaciones después de que surgieran las revelaciones, algo que el Ministerio de Asuntos Exteriores (francés) negó». Pero el 5 de abril de 2022 el defensor francopalestino de los derechos humanos, Salah Hammouri, presentaba una denuncia contra NSO Group, el fabricante israelí de Pegasus.
LISTA DE ESPIADOS EN FRANCIA
Según el documento del Europarlamento, titulado «Pegasus and surveillance spyware», un gran número de personas en Francia habrían sido espiadas con Pegasus y ponen varios ejemplos, como Bruno Delport, directo de la emisora de radio parisina TSF Jazz, cuyo móvil fue infectado en 2019 justo cuando presentó su candidatura a la presidencia de Radio Francia. Lénaïg Bredoux, conocido periodista de investigación y editor general de Mediapart, es otro de los ejemplos. El Europarlamento argumenta que «Bredoux estuvo involucrado en una historia sobre el jefe de la agencia de inteligencia de Marruecos, un conocido cliente de NSO». Otro periodista de la plantilla, Edwy Plenel, también sufrió el ataque de Pegasus.
La ciudadana francesa Claude Mangin, esposa de Naama Asfari, también fue espiada por Marruecos. Su marido está encarcelado en el país alauita por defender la independencia del Sáhara Occidental. También el ex ministro del gabinete de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, sufrió un ataque de Pegasus en 2019. Montebourg ya ha testificado ante la ANSSI (Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información), el homólogo francés del CCN español.
El documento del Europarlamento recoge que también «el ex primer ministro Edouard Philippe y su esposa, un asistente y el concejal Gilles Boyer, así como los ministros de su gabinete: el ministro del Interior, Christophe Castaner; la ministra de Justicia, Nicole Belloubet; el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian; el ministro de Economía, Bruno Le Maire; el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer; el Ministro de Agricultura, Didier Guillaume; el Ministro de Presupuestos, Gérald Darmanin, la Ministra de Cohesión, Jacqueline Gourault, el Ministro de Relaciones con el Parlamento, Marc Fesneau, la Ministra de Territorios de Ultramar, Annick Girardin, el Ministro de Cultura, Franck Riester, los Ministros Julien Denormandie y Sébastien Lecornu» fueron espiados por Pegasus.
MARRUECOS DEMANDÓ POR DIFAMACIÓN
A raíz de las acusaciones francesas, Marruecos presentó varias demandas por difamación en julio de 2021 contra Amnistía Internacional y Forbidden Stories, una organización de medios de comunicación francesa sin fines de lucro, que afirmaron que los servicios de inteligencia de Rabat estaban detrás de Pegasus y del presunto espionaje a periodistas y funcionarios franceses, incluido el presidente de la República francesa Emmanuel Macron.
Ahora el juez Calama con la reapertura del caso, sobreseído provisionalmente en julio de 2022 y cerrado en mayo de 2023 por falta de pruebas y de poder encontrar culpables, pretende que los datos técnicos recabados en esa investigación sean contrastados con los españoles y pide «comparar estos elementos con los datos recogidos en los análisis periciales que fueron realizados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) en relación con los dispositivos infectados del presidente del Gobierno, ministra de Defensa, ministro del Interior y ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, e identificar si algún dato es común a ambas investigaciones», algo que parece complicado de lograr en tanto los israelíes de NSO Group no colaboren, una cuestión casi imposible hace meses pero imposible del todo ahora, dadas las malas relaciones y los continuos encontronazos del Gobierno de Pedro Sánchez con Israel.
El mismo informe del Parlamento Europeo recogía sobre España que «el 2 de mayo de 2022, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños reveló durante una rueda de prensa que el primer ministro Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles fueron atacados por Pegasus entre mayo y junio de 2021 y datos fueron extraídos de sus móviles. Esos ataques fueron calificados por el ministro de la Presidencia de «ilegales y externos (…) Son ajenos a organismos estatales y no fueron autorizados por ningún organismo oficial. La Audiencia Nacional abrió una investigación sobre estos sucesos (…). Según algunos medios, más de 200 números de teléfonos se encontraban entre los posibles objetivos del software espía Pegasus».
