El Gobierno tiene previsto aprobar este martes 23 de abril en el Consejo de Ministros un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según han confirmado fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Este plan para indemnizar a las víctimas fue una de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, a propuesta del Congreso de los Diputados. Será el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el que dará cuenta de este plan en la rueda de prensa posterior al Consejo.
El Defensor del Pueblo proponía en su informe la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Entre estas recomendaciones también se encuentra la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. Gabilondo todavía tiene pendiente presentar el plan ante el Parlamento y, aunque acude este viernes a dar cuenta de su actividad en los años 2022 y 2023, en principio no tiene previsto presentar aún en detalle este informe ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, aunque también es probable que los parlamentarios requieran su opinión sobre las medidas del Ejecutivo.
En cuanto a la Iglesia, los obispos avanzaron en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos tanto si media sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido. Sin embargo, en cuanto a la colaboración con el plan de indemnizaciones del Gobierno, los prelados españoles señalaron que su colaboración estaba condicionada a que el plan afectara a toda víctima de pederastia y no solo a las de la Iglesia.
