El Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado a Barcelona como un laboratorio para experimentar la regulación de la vivienda. Por un lado, la llegada de Ada Colau supuso una moratoria hotelera, la cancelación de decenas de proyectos de inversión culturales; para después iniciar una serie de restricciones a la movilidad, especialmente al uso de los vehículos en la Ciudad Condal; para después atacar directamente a los grandes tenedores, pequeños propietarios e imponer multas a quienes anuncien pisos turísticos sin licencia.
Con la vigente Ley de Vivienda, el Ejecutivo se impuso como objetivo reducir el precio de los alquileres, atar en corto a los especuladores y aumentar la oferta. Era un fin loable, pero al mismo tiempo se protegía la ocupación ilegal y a los malos pagadores. Así las cosas, lejos de generar una mayor confianza y especialmente una mayor seguridad jurídica, los propietarios, grandes y pequeños, decidieron alejarse del mercado del alquiler y de la venta. Las operaciones de compraventa se han ralentizado desde entonces, mientras el alquiler ha roto máximos históricos en la mayoría de grandes ciudades españolas.
ACORRALAR A AIRBNB, LA PRIORIDAD DEL GOBIERNO
Ante esta situación, el Gobierno ha procedido a elaborar un contragolpe a sus propias medidas, pero luchando contra todo y todos, sin consenso con los principales afectados. En este sentido, Airbnb y las plataformas de alquiler de temporada o vacacional serían las grandes perjudicadas, mientras que ahora entran en escena los pequeños propietarios, tenedores de la inmensa mayoría de los pisos en alquiler. Según fuentes cercanas al Gobierno, la intención es regular el alquiler de habitaciones, pisos y los propios anuncios, a imagen y semejanza de lo que se ha hecho en Barcelona, aunque vistos los resultados, la medida ha provocado el efecto contrario.
Hasta ahora, los propietarios actuales han decidido superar el castigo de la inflación alquilando habitaciones, sea para la temporada estival o bien para un período largo durante el año, con el fin de complementar los ingresos. En Barcelona, esta medida estaba encaminada a cortar las alas al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de las grandes ciudades.
También se impusieron restricciones a los cruceros, debido al escaso dinero que se dejaban en la Ciudad Condal, mientras que la capacidad hotelera se ha paralizado por completo, disparándose los precios al calor de la inflación. Los turistas solo tenían como opción plataformas como Airbnb y los piratas del sector, que han elaborado meticulosos proyectos mafiosos, como comprar edificios enteros para destinarlos al alquiler vacacional, como si de un hotel se tratara y ahorrándose miles de euros en seguridad, medidas de prevención de incendios, limpieza y el pago de las respectivas licencias.
EL ALQUILER, EN EL CENTRO DE LA CRUZADA DEL GOBIERNO
Con la excusa de poner coto al precio del alquiler y sacar más soluciones habitacionales al mercado, el Ejecutivo trata ahora de regular a nivel estatal los alquileres que se ofrecen en estas plataformas, como también las habitaciones que alquilan los propietarios. Hasta ahora, una familia no tenía que alquilar una habitación para poder subsistir, pero entre la covid-19 y la presión de los precios desde mediados de julio de 2021, no hay otra solución para millones de jubilados cuya pensión no alcanza para llegar a fin de mes.
el Gobierno del PSOE busca la fórmula para regular los alquileres de la propiedad privada
Ahora, el Gobierno del PSOE busca la fórmula para regular los alquileres de la propiedad privada, un bien inviolable, según la Constitución Española, que matará tres pájaros de un tiro. Por un lado, sin estos alquileres no hay vivienda para los turistas, que tendrían que buscarse las afueras de la ciudad o los elevados precios de los hoteles para poder alojarse en las grandes ciudades. Por otro, dejará sin ingresos a los pequeños propietarios por el alquiler de sus propias viviendas, mientras que el efecto más perverso es la inseguridad jurídica que se genera, haciendo que cada vez menos dueños sacan al mercado sus propios inmuebles.
Son los pasos que siguió Colau y que ha mantenido Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, en la ciudad condal. De hecho, Collboni sigue asestando el golpe a los cruceristas y se emplea a fondo para acorralar a las últimas VTCs que operan en la ciudad.
COLAU Y LAS MULTAS CONTRA PROPIETARIOS
Por el momento, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha adelantado si impondrá multas a los propietarios, pero sí lo hizo Colau con una ofensiva nunca antes vista en Europa. Las sanciones llegaron a propietarios e inquilinos por el alquiler temporal de sus casas y habitaciones. Las multas alcanzaban los 60.000 euros, un montante que ha llevado a la ruina a quienes infringieron la ley.
Desde su llegada a la alcaldía de Barcelona, Airbnb y el resto de plataformas similares han sido uno de los principales enemigos de Ada Colau. Su discurso contra los pisos turísticos se ha basado en acusar a los propietarios de provocar la subida del precio de los alquileres en la ciudad o de molestar a los vecinos con su actividad.
Además, Colau y su equipo han proyectado una imagen de los dueños de los pisos que dista mucho de la realidad. Y es que, muchos de los caseros a los que el Consistorio de la capital catalana está poniendo contra las cuerdas por usar estas plataformas son propietarios particulares y, en algunos casos, con rentas bajas.
