Luis Romero, el abogado de la acusación particular en nombre de los padres del soldado Carlos León Rico, que murió con un lastre de tres kilos -supuestamente como castigo- junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, el instructor que se lanzó al agua para intentar salvar la vida del anterior el pasado 21 de diciembre en un ejercicio en la base de Cerro Muriano (Córdoba), va a pedir el cese total de actividad para el capitán I.Z., que dirigió el ejercicio, ya que puede pedir otro destino tras decretarse su cese en el actual.
Tras conocerse este jueves en el Boletín Oficial de la Defensa (BOD), el cese en destino del capitán en el Regimiento de Infantería La Reina 2, por el cual ha pasado a la situación de «servicio activo pendiente de asignación de destino, en Córdoba», el letrado ha explicado que al capitán «se le ha apartado del servicio, pero puede solicitar otro en el Ejército de Tierra», y que al no tener retirado el pasaporte, puede pedir destino en el extranjero «y es habitual en estos casos pedirlo en Estrasburgo o una sede de la OTAN», de ahí que vayan a solicitar un castigo más severo.
LUIS ROMERO QUIERE SABER MÁS ACERCA DEL TENIENTE DE CERRO MURIANO
Además, Luis Romero ha preguntado qué pasa con el teniente investigado por estos mismos hechos, sobre el que «nada dicen», tras declarar hace más de dos semanas, igual que un sargento. «El juez togado militar número 21 de Sevilla tiene entre sus potestades que cuando hay un militar investigado podría apartarlo del mando, como medida cautelar», pero «no lo ha hecho, y que nosotros sepamos, el Ministerio de Defensa, tampoco aún», ha indicado Romero, el letrado que ha tenido que contestar a un expediente disciplinario que le ha abierto el juez togado militar número 21 de Sevilla por hablar con la prensa y tras la queja de la defensa del capitán.
En una entrevista en La Mañana de Andalucía, Luis Romero ha comentado que «al día siguiente de la tragedia el Ministerio de Defensa había informado de que el capitán había sido apartado del mando, y así lo creímos todos». Pero en enero «comenzaron a llegar los rumores desde el cuartel de Cerro Muriano de que seguía activo totalmente y seguía incluso mandando en los mismos militares, incluso muchos de ellos participaron en ese ejercicio y corrió su vida un riesgo, y además muchos eran testigos», de modo que desde la acusación se empezó a hacer «las preguntas oportunas, por escrito, tanto al Ministerio de Defensa, como en ruedas de prensa y notas».
De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo que hacer su primer viaje de este 2024 a la base militar de Cerro Muriano, sede de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, donde dio el pésame a familiares y compañeros de las víctimas para apaciguar el enfado y además pidió a los soldados que colaboraran en la investigación.
Hace tres semanas las defensas de los soldados dirigieron 35 preguntas a la ministra Margarita Robles, «que justo este miércoles llegó su contestación diciendo que no puede contestar ninguna de las preguntas, puesto que el caso está ‘sub iudice’». Cinco preguntas iban dirigidas respecto al capitán, que cuándo lo iban a cesar, que si era cierto que seguía mandando en los militares, etc., según ha indicado el letrado.
APROFAS VALORA EL CASO DE CERRO MURIANO
Mientras tanto, los militares se muestran cautelosos con la investigación. La Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (APROFAS) ha explicado a MONCLOA que no dispone de información suficiente para hacer emitir una opinión fundamentada sobre el caso, pero respeta las decisiones que se están tomando durante el proceso de investigación.
«Toda investigación lleva unos plazos y procedimientos que hay que cumplir. Si en el proceso de investigación se ha llegado a la conclusión de que hay que cesar al oficial al mando de la unidad será porque con los datos disponibles así se estima conveniente. Cuando termine el proceso judicial será cuando las medidas serán firmes», explican fuentes de APROFAS.
«No obstante, es evidente que la profesión militar tiene unos riesgos, que se incrementan durante los ejercicios de instrucción. A pesar de que se planifique adecuadamente no hay que excluir la posibilidad de accidentes, bien por factores humanos, materiales o externos. Lo que es evidente es que hay que tomar medidas de prevención y de seguridad para minimizarlos, lo que se realiza de manera habitual en la programación de este tipo de actividades, así como disponer de medios sanitarios y de evacuación suficientes para cuando ocurren. Desgraciadamente, cuando suceden hechos como este, es cuando nos acordamos de que todas las medidas de seguridad son pocas cuando hay en juego vidas humanas», apunta APROFAS.
ASFASPRO RECLAMA A ROBLES UN PLAN DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS
El cese del capitán tiene efecto a partir de este viernes, un día después de su publicación en el BOD. La Unidad de Preparación Básica de la que formaban parte los fallecidos estaba integrada por 76 soldados, 72 hombres y cuatro mujeres, al mando de un capitán y de la que son parte dos tenientes como jefes de sección, cinco instructores, entre brigadas y sargentos, y diez auxiliares, cinco cabos y soldados con experiencia en la Brigada.
Pero este asunto no es el único por el que asociaciones militares reclaman a Robles. La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha protestado porque el Ministerio rechazó la implantación de un Plan de Prevención de Conductas Suicidas en las Fuerzas Armadas en el pasado pleno del Consejo de Personal. «Es incomprensible que las policías o la Guardia Civil e incluso pequeños ayuntamientos dispongas de esos protocolos, pero sean inexistentes en las Fuerzas Armadas», tras más de 100 largos y duros días «desde que Alberto nos dejó».
