El Consejo Fiscal arrincona a Álvaro García Ortiz con un informe sobre la amnistía. El fiscal general del Estado rechaza por completo realizar el estudio para conocer el alcance jurídico de la amnistía que pretende aprobar el PSOE junto a Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts y el BNG. Hasta ahora el fiscal general se ha negado a emitir veredicto alguno sobre la medida de gracia que dará luz verde el PSOE en el Congreso de los Diputados para retener a los siete diputados de Junts bajo su control.
En este sentido, el fiscal general del Estado ha rechazado entrar en este debate, a pesar de los comunicados del Consejo General del Poder Judicial, jueces del Supremo, todas las asociaciones de fiscales y la inmensa mayoría de los Colegios de Abogados, a excepción del de Barcelona, que mantiene un más que dudoso perfil neutral.
De los diez miembros que componen el Consejo Fiscal, seis se han mostrado en contra de la práctica de García Ortiz ante la amnistía. Estos fiscales son Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva María Mas, Miguel Rodríguez, Beatriz Sánchez y Roberto Valverde, que conforman una mayoría que rompe la estrategia de no hacer nada, sin estudios ni tampoco un análisis judicial sobre el alcance de la medida. De esta forma, y ante el atropello que supone conceder al independentismo esta medida de gracia, la mayoría del órgano de los fiscales se niega a cruzarse de brazos ante un asunto que podría dejar sin pena ni sanción a entre 1.000 y 4.000 personas, según las cifras de a quién se pregunte.
LA ASOCIACIÓN DE FISCALES PLANTAN A GARCÍA ORTIZ
García Ortiz hace oídos sordos ante este informe, cuyo borrador contiene 160 páginas para analizar la proposición de Ley que está en trámite en el Congreso de los Diputados. Los fiscales favorables al informe, todos ellos vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria entre estos funcionarios. En el interior del estudio, se muestra la «inseguridad jurídica».
Asimismo, afirma que «no se entiende que el preámbulo de la ley haya acudido como argumento de legitimación de este proyecto normativo a una opinión de la Comisión de Venecia que, en realidad, no hace otra cosa que poner de manifiesto sus notorias carencias». «La Ley de Amnistía de Georgia puede considerarse un proyecto normativo singular, hasta el punto de que ofrecía un listado de personas amnistiables», destacan los fiscales.
LA DEFICIENTE LEY DE AMNISTÍA Y LAS INCONGRUENCIAS DESDE EL PREÁMBULO
Ni siquiera la norma «ha llegado tan lejos, aunque las sucesivas negociaciones y trámites parlamentarios pudieran sugerir una cierta voluntad en tal sentido. Sin embargo, la citada Opinión de la Comisión de Venecia dice algunas cosas más». Para empezar, los seis vocales señalan que «las leyes de amnistía deben respetar los principios de legalidad del Estado de Derecho, la prohibición de arbitrariedad, la no discriminación y la igualdad ante la Ley».
«También señala que los criterios para seleccionar los casos no fueron revelados al público, por lo que el procedimiento carece del elemento de transparencia necesario y, por lo tanto, parece ser arbitrario». Además, «la norma no especificaba qué delitos están cubiertos ni durante qué periodo». «Se trata de unas deficiencias que, en realidad, podrían ser perfectamente predicables de ley de amnistía. Y otro tanto ocurre con la Opinión de esta Comisión sobre la propia PLOA que, como ya se ha expuesto, tampoco permite avalar su compatibilidad con los estándares europeos ni con la CE».
«Su tramitación parlamentaria -prosiguen los fiscales- a través de una proposición de ley ha impedido recabar los informes de los órganos consultivos correspondientes (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, significativamente). Su tramitación urgente ha imposibilitado un estudio sosegado sobre el impacto de la norma para la consecución de los fines que se dicen pretender».
AUSENCIA DE CRITERIOS OBJETIVOS EN LA LEY DE AMNISTÍA
«A pesar de los esfuerzos argumentativos contenidos en el apartado VI del Preámbulo de la PLOA, la notoria indeterminación de los ámbitos subjetivos y objetivos, así como de su delimitación temporal de aplicación introducen unos factores de imprevisibilidad contrarios a los más elementales principios de certeza predicables de una norma de carácter penal», han considerado. Y otro tanto ocurre con la «ausencia de criterios objetivos que justifiquen razonablemente las conductas incluidas y excluidas, lo que no permite valorar esta propuesta
Además, la AF ha denunciado que García Ortiz les ha ocultado la última petición de la Mesa del Senado, presidida por Pedro Rollán, para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la amnistía. En este sentido, se refieren a la petición de la Cámara Alta del pasado 27 de marzo para que se emita una valoración en un informe oficial sobre la amnistía.
Estos fiscales remitieron al Fiscal General del Estado un escrito el pasado 24 de enero para mostrar su «más profunda estupefacción y rechazo por el hecho de que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no hubiera sido atendida, sino que se hubiera sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas».
Asimismo, pidieron que «se diera curso a la petición y se procediera a la designación de ponente y a la elaboración y aprobación de informe por el Pleno del Consejo Fiscal» sobre la amnistía. «Nuestra petición nunca ha llegado a ser respondida, puesto que por toda contestación la Fiscalía General remitió una copia de la carta del Fiscal General del Estado al Presidente del Senado declinando su petición», recuerdan.
El 30 de enero, García Ortiz no dio respuesta a la petición de los fiscales, una exigencia que han reiterado para aprobarse en el pleno. «Esta segunda petición quedó también sin respuesta del Fiscal General del Estado, salvo el envío, otra vez, de una copia de la carta al Presidente del Senado», apuntan.
la Comisión de Venecia puso de manifiesto que la amnistía podría ser tumbada con tan solo 44 palabras
«Dados los precedentes y no habiendo sido informados de la nueva petición, los vocales de la Asociación de Fiscales mostramos al fiscal general del Estado en el día de ayer, 8 de abril, nuestra preocupación por que la petición volviera a ser desatendida y sustraída del conocimiento del Consejo Fiscal», han aseverado.
En este sentido, la asociación mayoritaria en el Ministerio Público ha exigido a García Ortiz por tercera vez abrir el debate sobre la amnistía en el seno del Consejo Fiscal, así como la designación de un ponente para poder sumarse a las opiniones emitidas por los distintos estamentos del Poder Judicial. A juicio de estos vocales, la amnistía «vulnera el principio de igualdad ante la ley» y «supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho».
LOS FISCALES DENUNCIAN LA AMNISTÍA DEL PSOE
Esta voz mayoritaria en el Consejo Fiscal muestra la contrariedad de la amnistía respecto a los acuerdos internacionales asumidos por España en la lucha contra la corrupción. Y es que, la amnistía que pretende llevar el PSOE al Congreso de los Diputados exonera los delitos de malversación pública y terrorismo desde el 1 de enero de 2012 siempre y cuando se hayan cometido a favor de la causa separatista de Cataluña.
Para los fiscales, el delito de terrorismo, por el que están investigados Carles Puigdemont y el diputado Rubén Wagensberg (ERC), ambos huidos ahora de la justicia y con una orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para comunicar su nueva dirección postal. El líder de Junts y candidato a la Generalitat ha cambiado su domicilio ante las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Su residencia se ubica ahora en el sur de Francia, en Perpiñán, junto a la frontera española. Wagensberg, por su parte, se ha ocultado en Suiza, pero no ha desvelado su domicilio.
Los fiscales también se hacen eco del demoledor informe de la Comisión de Venecia, que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de mostrar lo contrario, hunde todos los argumentos, razonamientos y justificaciones para convalidar la amnistía. De hecho, entre el mar de generalidades, la Comisión de Venecia «no avala la compatibilidad de la amnistía con la Constitución Española ni con el Derecho de la Unión Europea», según los propios fiscales. De hecho, juristas y abogados también concluyeron en este sentido a preguntas de MONCLOA.
En este sentido, la Comisión de Venecia puso de manifiesto que la amnistía podría ser tumbada con tan solo 44 palabras.
