La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) tiene envidia sana de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El motivo que la ha desencadenado es el pleno del Senado del pasado 3 de abril, cuando se aprobó la iniciativa presentada por el PP a favor de que se les considerase profesión de riesgo a los agentes de ambos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, enmendada además por el propio partido para ampliarla a los funcionarios de Vigilancia Aduanera.
ATME DEMANDA LA PROFESIÓN DE RIESGO DESDE HACE TIEMPO
La moción que hace esa propuesta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue aprobada por 144 a favor (PP, VOX y UPN), 3 en contra (ERC, Bildu y BNG) y 103 abstenciones (PSOE, Sumar, Junts y PNV). Asimismo, se rechazó una enmienda de Junts per Catalunya que pretendía ampliarlo a los bomberos de empresa (aeropuertos, centrales nucleares, petroquímicas, etc.), funcionarios de prisiones y el resto de cuerpos de seguridad y emergencias de las comunidades autónomas y, en el caso de Cataluña, además de estos, al Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat.
Por eso ATME no ha dudado en reclamar a todos esos partidos políticos que no se olviden de los militares, ya que este colectivo también demanda desde hace tiempo esta misma calificación laboral, y no se le tiene en cuenta. «No se sabe si es más lamentable que los diferentes grupos políticos se olviden de los militares para incluirlos en esta categoría profesional o, lo que todavía sería peor, si después de valorarlo consideran que esta profesión no es de riesgo», lamentan fuentes de la asociación.
UNA PROFESIÓN DE RIESGO CON MUCHOS MUERTOS
Actualmente, hay una serie de profesiones consideradas de riesgo como los trabajadores incluidos en el estatuto minero, personal de vuelo, trabajadores aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, miembros de la Ertzaintza, de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Foral de Navarra y policías locales.
Pero ATME lleva meses luchando para que la profesión militar sea reconocida dentro de esta categoría, al considerar que muchas de las funciones que realizan las Fuerzas Armadas están englobadas en la categoría de riesgo, como lo demuestra el elevado número de fallecidos y accidentados en acto de servicio que sufren estos servidores públicos.
Según datos del Observatorio de la Vida Militar, entre el periodo comprendido entre los años 2019 y 2022, en acto de servicio fallecieron 56 militares (25 reconocidos, 31 estaban en estudio a fecha de elaboración de la estadística) y 476 resultaron heridos. A estas cifras habría que sumarles las del año 2023 y año 2024, de las cuales no se conocen todavía cifras oficiales, aunque en el caso del año 2023 se apuntan 196 militares fallecidos, de los que sorprendentemente solo 18 han muerto en misiones en el exterior, mientras que la gran mayoría (178) han muerto en territorio nacional (90%).
No se sabe si es más lamentable que los diferentes grupos políticos se olviden de los militares para incluirlos en esta categoría profesional o, lo que todavía sería peor, si después de valorarlo consideran que esta profesión no es de riesgo
Además, valga de ejemplo que desde el mes de diciembre del año 2023 hasta marzo de 2024 se han producido, que se conozca a través de los medios de comunicación, 3 muertos y 12 hospitalizados también en acto de servicio. O también que el Ministerio de Defensa ha facilitado una estadística de suicidios que revela que 11 militares se quitaron la vida entre 2011 y 2023.
Algunos casos de fallecimientos han tenido gran repercusión, como por ejemplo el de las maniobras de Cerro Muriano el pasado mes de diciembre. La última novedad al respecto es que mediante un comunicado, el abogado de la familia de uno de los militares fallecido en Cerro Muriano, Carlos León, denuncia presiones por parte del tribunal militar a su persona. Y el abogado del capitán investigado y apartado, Francisco Muñoz Usano, pide que se actúe contra el letrado del soldado muerto por revelar secretos, ya que lo considera un «menoscabo de su derecho de defensa».
Además, en febrero también fue noticia el fallecimiento de un militar en un accidente de tráfico en la A-5, cuando volvía a casa tras hacer maniobras en Extremadura y la ministra de Defensa, Margarita Robles, lamentó públicamente su pérdida.
MEJORAS EN LA POLICÍA NACIONAL
Mientras tanto, los sindicatos JUPOL, SUP, SPP y Unión Federal de Policía (UFP) siguen avanzando en la negociación de la jornada laboral de la Policía Nacional para lograr mejoras relativas al teletrabajo, flexibilidad horaria, días de especial significación y turno rotatorio 6×6). Una de las últimas mejoras conseguidas es que se elimine la jornada laboral ordinaria de mañanas o tardes de lunes a viernes, la prestación del servicio en un sábado de cada tres, pasando a ser ahora exclusivamente de lunes a viernes.
Además, se regulará expresamente el descanso semanal ininterrumpido de 48 horas, lo que permitirá que los grupos que realizan su jornada en semanas de lunes a viernes y se les nombre servicios de incidencias en fin de semana, tengan derecho al descanso ininterrumpido de dos días a mayores de la compensación que corresponda por ese servicio de incidencias. «Esta era una de las grandes preocupaciones de los sindicatos y que, sin duda, mejorarán las condiciones de los compañeros en grupos con funciones de investigación», apuntan fuentes sindicales.
También se verán beneficiados por la posibilidad de compensar de forma económica el exceso horario que complementará el actual sistema de libranza o por jornadas. En caso de que se opte por la compensación en días libres por parte del funcionario, la Administración valorará la posibilidad de que el periodo de 45 días establecido pueda ser prorrogado por otros 45 días en caso de denegación por el responsable de la unidad.
Otra novedad es la regulación de la asistencia a juicio y determinadas actividades relacionadas con la actividad profesional (régimen disciplinario, reconocimiento médicos…). En el caso de las asistencias a juicios se abre la posibilidad de su retribución económica de acuerdo con las partidas presupuestarias que finalmente se determinen. El resto de las asistencias relacionadas con la actividad profesional se compensarán con el tiempo invertido en ellas.
