Esta semana varios representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) junto a asociaciones de jueces y fiscales, concretamente la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (APSITAL), han acudido al Parlamento Europeo para defender el Estado de Derecho y defender la profesión policial y su independencia. «Seguimos luchando en todos los frentes para reivindicar todo lo que este Gobierno se niega a escuchar», en un mensaje dirigido a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de Justicia, Félix Bolaños.
se conozca la realidad de la situación, no versiones edulcoradas o versiones apartadas de la realidad
Su misión ha sido presentar el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, que no es otra cosa que una iniciativa que nace con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de la legalidad, seguridad jurídica y separación de poderes, como muestra del compromiso de todos estos profesionales en la defensa del estado social y democrático de Derecho. De hecho, también forman parte de esta iniciativa abogados del Estado, inspectores de Hacienda, de Trabajo y Seguridad Social, que han encontrado en Europa «el eco, la empatía y comprensión y el apoyo que no tenemos en nuestro país».
POLICÍAS Y JUECES PIDEN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY
En el caso de la Policía Nacional está claro que lo que reclaman son mejoras en las condiciones de prestación de su servicio (jubilación digna, mayor protección física y jurídica frente a las agresiones, profesión de riesgo), para reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. David Pola, portavoz de CEP, aseguró además que cualquier Ley de Amnistía, incluida la actualmente en trámite, es contraria a los principios de cumplir y hacer cumplir la ley, que es en lo que se sustenta el trabajo policial.
En el caso de CEP, se trata de la segunda vez en menos de un mes que ha acudido al Parlamento Europeo, pues en marzo, logró que la Cámara encargase a la Comisión Europea un informe en profundidad, previo a medidas legislativas, sobre su reclamación de profesión de riesgo y más castigo penal para las agresiones a policías. En aquella jornada se guardó incluso un minuto de silencio por los guardias civiles fallecidos en acto de servicio. Durante el debate, PP, Vox y Cs apoyaron mantener abierta la petición de investigar las agresiones contra policías y su clasificación como profesión de riesgo.
JUECES Y POLICÍAS FUERON RECIBIDOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
La eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa en la sede del Parlamento Europeo ha sido quien les abrió las puertas del Parlamento Europeo y quien ha iniciado una campaña de difusión en las redes sociales donde resume los motivos por el que se ha creado el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, para que «se conozca la realidad de la situación, no versiones edulcoradas o versiones apartadas de la realidad».
Álvaro Bravo Queipo de Llano, de APSITAL, se queja del uso partidista de las instituciones y especialmente de la rebaja en la exigencia en el acceso a la función pública de los funcionarios. Tras contar que determinados partidos catalanes independentistas reclaman la cesión competencial en materia de selección para acercar estos procesos selectivos a su ámbito de influencia, insiste en que «no estamos de acuerdo con los ataques contra la independencia e imparcialidad de los funcionarios públicos ni una ley de amnistía que priva al pueblo español de protección judicial y la debida reparación por los delitos cometidos».
«LA LEY DE AMNISTÍA ES UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA Y SALTO AL VACÍO INSTITUCIONAL»
Ana de la Herrán, de la Asociación de Interventores Fiscales, insiste en que le preocupan los intentos de controlar los procesos de selección de funcionarios así como la petición de independencia fiscal para Cataluña. «Se quieren introducir criterios subjetivos y arbitrarios para decidir quienes serán los futuros funcionarios».
Pilar Astray Chacón, portavoz de APM, se quejó del pacto de investidura en el que se menciona el ‘lawfare’ y cercena de forma deliberada la independencia del juez cuando no le permite valorar en cada caso concreto la procedencia o no de levantamiento de medidas cautelares, «por lo que entendemos que esta ley afecta de forma muy grave a nuestra democracia».
Alejandro Vega, del Foro Judicial Independiente, criticó la politización que los partidos políticos mayoritarios vienen realizando de nuestras instituciones en los últimos años, en particular del CGPJ. «La proposición de ley de amnistía es una nueva vuelta de tuerca y salto al vacío institucional pues pretende impedir que el poder judicial pueda conocer hechos presuntamente delictivos que afectan altos cargos de partidos políticos que votan a favor de esta ley».
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, apunta que los principios rectores de la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la separación de poderes o la independencia judicial, que recoge tanto la UE como la Constitución Española, «están en crisis en España por culpa de los pactos del Gobierno y la aprobación de una ley de amnistía en favor de políticos independentistas que cometieron delitos de terrorismo, delitos de corrupción y contra los que lucha decididamente la UE a través de sus directivas, así que no cumple los estándares».
Además, se queja de los ataques constantes en el poder judicial señalando a jueces y fiscales que cumplen con sus deberes y de como se coloniza instituciones y se diluye la separación de poderes.
