El Juzgado Penal 27 de Barcelona ha condenado a seis meses de prisión a un conductor en una sentencia pionera por usar como prueba pericial el análisis de la ‘caja negra’ del taxi contra el que chocó en Badalona (Barcelona) en 2014, que reveló que circulaba a 137,8 kilómetros por hora dentro de la ciudad.
La sentencia, recogida por Europa Press, condena al hombre a seis meses de prisión por circular muy por encima del límite de velocidad y bajo los efectos del alcohol, y a tres delitos de lesiones por imprudencia grave en la colisión.
El taxi y el coche privado chocaron en una intersección, y el juicio no se acreditó si el taxista arrancó cuando el semáforo ya estaba en verde o unos segundos antes: la pasajera del taxi y tres personas que viajaban con el conductor condenado sufrieron heridas graves.
El análisis de la ‘caja negra’, un registrador de datos llamado Event Data Recorder (EDR), reveló que el taxi circulaba a 34 kilómetros por hora y también especificó la velocidad del vehículo contra el que chocó.
Al presentarse esta prueba pericial, la Fiscalía cambió su calificación de los hechos y pidió la pena de prisión después de haber solicitado la absolución (por no poder verificar la velocidad y porque la tasa de alcoholemia no era muy elevada), por lo que la fiscal delegada de Seguridad Vial de Barcelona, Isabel López, ha valorado el análisis de los datos como una prueba que «supone una revolución absoluta y total a la reconstrucción de accidentes de trafico».
El sistema EDR aporta información sobre la velocidad y las revoluciones del vehículo en el momento del accidente y también en secuencias de cinco segundos, por lo que se puede saber si el conductor aceleró o frenó antes del siniestro.
OBLIGATORIO EN 2021
López ha explicado que todos los vehículos nuevos a partir de 2021 deberán incorporar este sistema de recolección de datos, según la normativa europea, y hasta ahora solo lo incorporan algunas marcas.
También ha valorado que la implantación del sistema permitirá acreditar más fácilmente delitos de exceso de velocidad, ante «muchas veces en que no se pueden establecer las causas claras del accidente».
DELITO DE FUGA
La fiscal ha explicado que el año pasado se registraron 106 atentados policiales en Catalunya por fugarse del lugar del accidente, 71 en la provincia de Barcelona y 22 en la capital: las cifras cuentan a partir de marzo de 2019, cuando se tipificó como delito penal.
También en materia de seguridad vial, ha resaltado la falta de conocimiento sobre los permisos para conducir patinetes eléctricos que están regulados como ciclomotores: no ha habido muchos casos en Barcelona, pero en el resto de comunidades y provincias los jueces aprecian que los acusados «conducían ese vehículo sin saber que se trataba de un ciclomotor» por la facilidad de comprarlos.
El año pasado también hubo 4.968 denuncias a conductores en controles de alcoholemia, mientras que solo se registraron 127 por consumo de drogas: «La gente no va más con alcohol que drogas. La persecución penal es muy limitada debido a las carencias de garantías científicas», ha lamentado la fiscal.
