La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha garantizado que habrá recursos públicos para un plan de exhumaciones por el territorio de todo el país. Además, se trabaja en un banco de ADN que facilite la identificación y se resignificará el Valle de los Caídos una vez que el dictador ya no está allí para convertirlo en un lugar de «respeto, paz y silencio» por las víctimas que allí se encuentran de ambos bandos.
Así lo ha indicado de forma previa a la celebración del acto que ha presidido este miércoles en Valladolid en el que se ha hecho entrega de los certificados oficiales que reconocen a cuatro víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco como tales.
Acompañada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, Calvo ha entregado estos certificados a los familiares de Calixto Carbonero Nieto, Aurelio García Valea, Florencio Moral Esteban y Saturnino Bilbao de Prada, quienes sufrieron «persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra Civil» y en el caso de Moral Esteban, también durante la dictadura.
Asimismo, han estado presentes en la cita el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, entre otras autoridades.
«Seguiremos trabajando de manera intensa por recuperar la dignidad de las víctimas de la contienda civil y terrible», ha señalado Calvo, cuyo objetivo no es otro que «engrandecer y mejorar la democracia».
«No puede haber justicia sin verdad y no puede haber paz sin justicia para los familiares de estas víctimas, muchas de las cuales permanecen sin identificar en fosas comunes», ha aseverado la vicepresidenta, quien también ha mostrado su «eterno» agradecimiento a quienes «pagaron con sus vidas» la defensa de la democracia de la que ahora disfruta otra generación de españoles.
Todo ello en vísperas de que Calvo eleve al Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley de Memoria Histórica que vendrá a mejorar, ampliar y cubrir los espacios a los que no llegaba la norma anterior, que data de 2007 y que, a juicio de la vicepresidenta, ya llegó «tarde» en tanto que los familiares de las víctimas llevaban «muchas décadas prudentes e infatigables en la reivindicación de la memoria de sus familiares y la restitución de su dignidad».
No obstante, ha reconocido que esa ley ha dado «frutos importantísimos» entre los que ha destacado «la conciencia aceptada en España de que no se pueden cerrar heridas sin garantizar la verdad y la reconciliación y con la paz como frontispicio».
«Somos una de las grandes democracias del mundo y no podemos tener desaparecidos ni seguir construyendo el futuro para la siguientes generaciones sobre la ignominia de estas víctimas y sobre el dolor de sus familiares», ha aseverado la ministra.
Asimismo, ha reconocido que le preocupan «particularmente» las personas muy mayores, que por su edad tienen un dolor especial al no ver la restitución de sus familiares, por lo que ha garantizado «rapidez» en los trámites.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Valladolid, Javier Izquierdo, ha destacado la intención del Ejecutivo central de «devolver, aunque solo sea, un poquito de luz, a épocas oscuras de un pasado demasiado reciente en la historia» de España.
«Estas familias sufrieron de forma especialmente traumática e injusta los horrores de la Guerra Civil, no solo por el desgarro que ya supone de por sí para la ciudadanía la contienda misma, sino por el que se le añadió a sus personas, en concreto, a causa únicamente de su discrepancia ideológica, prolongada durante la posterior dictadura de Francisco Franco», ha explicado Izquierdo, en referencia a las víctimas y sus familiares, quienes, al mismo tiempo, «representan a muchos otros miles».
