Vox reprocha al Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, gobernado exclusivamente por el Partido Popular, de ignorar por completo a una Junta de Compensación creada en la urbanización El Practicante, donde residen más de 400 familias y que arrastran un gravísimo problema económico, superior a los 4 millones de euros, desde hace al menos 38 años. Un tema, que pese a las reivindicaciones vecinales legislatura tras legislatura, sigue sin solucionarse.
Según ha denunciado Vox, esta Junta de Compensación, vital para el progreso de compromisos municipales con la comunidad, debe reunirse trimestralmente para avanzar en la ejecución de acuerdos establecidos con el Consistorio, en el cual ahora es alcaldesa la popular Ana Victoria Cruz. Sin embargo, «esta situación de negligencia no es nueva. Durante los 8 años anteriores, bajo el gobierno del PSOE (cuyo alcalde fue Pedro Valdominos), también se ignoraron las llamadas del consejo rector, lo que complicó significativamente los compromisos del ayuntamiento con la urbanización», matiza Vox.
VOX PIDE QUE SE RETOMEN LAS REUNIONES CON EL PRACTICANTE
Lamentablemente, «desde la entrada en funciones del nuevo Gobierno del Partido Popular, la Junta ha intentado reunirse en varias ocasiones, específicamente en tres ocasiones, sin éxito. Esta situación es grave y puede interpretarse como un abandono total de las responsabilidades y compromisos del gobierno local hacia los ciudadanos», argumenta la formación que hace unos meses trató de llegar a un pacto de Gobierno fallido con el PP. El concejal de Vox, Daniel Ponce, afirma que en la reunión anual principal de la Junta de Compensaciones él fue el único representante presente, «lo cual es anómalo» dado que no forma parte del equipo de Gobierno municipal.
Es por ello se alza como altavoz del Consejo Rector y los residentes de la Junta de Compensación que exigen respuestas sobre cuándo el Ayuntamiento cumplirá con los compromisos establecidos en el convenio firmado en 2020. «Es imperativo iniciar la ejecución de las zonas verdes para garantizar su finalización en el plazo acordado». Por ello solicitan la colaboración del Ayuntamiento en la recaudación de fondos de aquellos que no han cumplido con sus obligaciones financieras.
«Desde la llegada del nuevo gobierno, se han observado pocas acciones para abordar esta cuestión. Los residentes simplemente desean que el Ayuntamiento cumpla su compromiso electoral de reunirse con el Consejo Rector en las comisiones de seguimiento trimestrales y que se mantenga una comunicación transparente para resolver la situación lo antes posible, tal como se prometió en campaña».
EL ORIGEN DE LA URBANIZACIÓN EL PRACTICANTE
El Practicante es una urbanización que tienen sus orígenes en 1983. Con el paso de los años se formó la Junta de Compensación El Practicante, para cumplir con la legalidad vigente con la Comunidad de Madrid y corregir las irregularidades urbanísticas que había, llegando a un acuerdo con el Ayuntamiento.
Desde el año 2000, que se aprueba por parte del Ayuntamiento los proyectos de compensación y expropiación, los problemas no han dejado de acompañar a la urbanización debido a una denuncia donde se destapó que ambos proyectos contenían demasiadas irregularidades.
solicitan la colaboración del Ayuntamiento en la recaudación de fondos de aquellos que no han cumplido con sus obligaciones financieras
El principal está relacionado con un pozo de agua existente en la calle Ruiseñor, que se hizo pasar por propiedad de la Junta de Compensación, cuando no era cierto, todo lo cual fue base para una denuncia millonaria posteriormente por el propietario del pozo que presentó informes técnicos que no se correspondían con la verdad, primero en el Ayuntamiento y luego en los juzgados.
Como nadie le dijo nada, llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia. La defensa de El Practicante, no fue efectiva para demostrar que ese pozo proporcionaba solamente una parte del agua de la que se abastecía la urbanización, pues en realidad había dos pozos.
Sin embargo, el dueño del pozo denunciante reclamaba el pago del agua y como el Consejo Rector ni el Ayuntamiento presentaron una reclamación, el TSJ de Madrid dictó una sentencia millonaria a favor del propietario del pozo. Lo sorprendente es que los vecinos se enteraron de todo ello después, cuando ya el propietario del pozo había conseguido que le indemnizaran contando que su pozo abastecía a toda la urbanización.
EL PRACTICANTE ACUMULÓ UNA DEUDA DE 4 MILLONES DE EUROS
La indemnización, sumado al gasto por el consumo de agua, subió rápidamente y la deuda de los vecinos llegó a superar los 4 millones de euros. El Practicante denunció al propietario del pozo acusándole de una estafa procesal, alegando que sus informes y los del perito judicial habían llevado a equívoco al juez.
«¿Cómo es posible aprobar proyectos oficiales por parte del Ayuntamiento y cuando se descubre que hay datos de relevancia falseados en dichos proyectos, el mismo ayuntamiento no denuncie ni exija responsabilidades?, es la pregunta que se llevan haciendo durante varias décadas los vecinos afectados, concretamente desde el año 2000, cuando el Ayuntamiento aprobó los proyectos de compensación y expropiación presentados por la Junta de Compensación, que entonces estaba formada por otros miembros que actualmente. Al año siguiente, en 2001, los vecinos presentaron la denuncia del «fraude» en la documentación.
A finales de 2006 se produjo otro momento clave, pues el abogado de Javier San José, propietario del pozo de la calle Ruiseñor, consiguió que le reconocieran la propiedad de dicho pozo por parte del Consejo Rector.
Meses más tarde, en 2007, presentó en el ayuntamiento una reclamación que superaba los 3 millones de euros y lo hizo en base al informe del ingeniero Ricardo Campos, indicando que abastecía a 446 parcelas y con arreglo a dicha cifra hicieron la valoración, cosas que han negado los vecinos, que desde entonces llevan reivindicándose esporádicamente para no tener que pagar tanta deuda y reclamando el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Camarma.
