La Asociación El Defensor del Paciente ha presentado este miércoles una denuncia ante el Tribunal Supremo(TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, además de contra responsables de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León por privar presuntamente mediante órdenes establecidas la asistencia sanitaria y hospitalaria a los ancianos de las residencias durante la pandemia de la Covid-19.
La denuncia alega un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia; presunto delito de omisión del deber de socorro; y delitos contra el derecho fundamental a la prestación sanitaria por motivos discriminatorios contra las personas mayores en residencias.
El motivo es que, «con las decisiones tomadas y las órdenes dadas, se creó un grave riesgo para la salud de cientos de personas, que por su fragilidad, y desamparo, no pudieron defender su derecho a la salud, negándoles su derecho fundamental al tratamiento necesario para la patología que padecían y del que sí se podían beneficiar otros ciudadanos».
En su exposición de motivos recuerda que estas órdenes se establecía una relación de pacientes que podían acceder a servicios hospitalarios, estableciendo, incluso, la prohibición de que se trasladara a los mayores residentes a centros hospitalarios; igualmente, se establecieron prevalencias en relación a la preexistencia de patologías o discapacidades, para beneficiarse, por ejemplo, de un ingreso en UCI o acceder a un respirador.
Esta misma denuncia va contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur de Víu; contra el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, y a su consejera de Sanidad, Alba Verges i Bosch; y contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, su Consejeras de Sanidad, Verónica Casado, y contra Consejera de Familia, Isabel Blanco.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
«Los denunciados, con su actuación, permitieron y ampararon que los mayores residentes en Residencias de Ancianos no recibieran la prestación sanitaria que su situación clínica precisaba. Bien de forma activa, dictando directamente dichas órdenes y recomendaciones, bien autorizando y validando al director o gerente de turno que las emitía», expone la Asociación del Paciente.
Además, les acusa de un presunto abandono a los residentes en Centros de Mayores, «a quienes no se les permitió el traslado a centros hospitalarios, dejándolos aislados en sus Residencias, a las que ni se dotó de los medios materiales y personales necesarios para hacer frente a la situación, ni se supervisó que dichos centros estuviesen adecuadamente preparados para afrontar la pandemia, ni en definitiva se les prestó el apoyo necesario».
A mayor abundamiento, sobre el presunto delito continuadode omisión del deber de socorro, que aparece regulado en el artículo 195 del Código Penal, afirma que «es del todo incomprensible que quienes debían velar por la salud y la vida de los ciudadanos, decidieran con sus órdenes la comisión del delito de omisión del deber de socorro de los más desvalidos y necesitados». Decisiones, que a su juicio, son contrarias al derecho fundamental de todo ciudadano español a la salud, prevista en el Artículo 43 de la Constitución Española.
