Mal van las encuestas al PNV para defender abiertamente ahora el referéndum, una petición que se ha resistido a hacerla pública hasta ahora. El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha reclamado este jueves «una nueva relación política con el Estado basada en el reconocimiento del carácter nacional del pueblo vasco». «No necesitamos encaje, necesitamos reconocimiento y libertad para decidir«, ha asegurado.
En vísperas de la celebración del Aberri Eguna, dirigentes y candidatos de la formación jeltzale en Guipúzcoa se han reunido para ultimar su programa electoral de cara a las próximas elecciones al Parlamento vasco del 21 de abril. Entre ellos, se encontraban, además de Egibar, la cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria (aspirante a la reelección como presidenta de la Cámara), el número dos de la candidatura, Markel Olano, la diputada general, Eider Mendoza o el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.
En declaraciones posteriores al encuentro, el presidente del PNV de Guipúzcoa ha planteado «la necesidad de establecer una nueva relación política con el Estado basada en el reconocimiento de la realidad y el carácter nacional del pueblo vasco«, y ha abogado por que haya «una directiva de Claridad europea equivalente a la de Canadá y Quebec».
EL PNV PRESIONA AHORA POR EL REFERÉNDUM
En el contexto de una ampliación de la Unión Europea, también ha propuesto que se aborde «una ampliación interna, desde dentro, para abrirla a las naciones sin estado que, además de voluntad política, acrediten cumplir todos los requisitos exigidos para la adhesión».
Joseba Egibar ha afirmado que, «transcurridos más de 45 años, con un modelo territorial agotado que se demuestra incapaz de aportar vías de solución a conflictos históricos de naturaleza política y a la vista de los pronunciamientos en Cataluña y en Euskadi«, «resulta inaplazable abrir un debate sobre el modelo territorial que parta del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y del derecho a decidir de los pueblos» que lo integran.
Según ha reclamado, este «reconocimiento» debe «ir acompañado de la correspondiente negociación de nuevas fórmulas de relación política«. «Para organizar la convivencia política con el Estado, no necesitamos un encaje, necesitamos reconocimiento y libertad para decidir», ha subrayado.
Ante la proximidad de las elecciones europeas, el burukide nacionalista también ha reflexionado sobre el «desafío» de que «la realidad nacional del pueblo vasco también sea reconocida por parte de la UE».
DIRECTIVA DE CLARIDAD
En esta línea, ha apelado a la directiva de Claridad y a la posible ampliación desde dentro de la UE como instrumentos que permitirían este «reconocimiento«. «La Directiva de Claridad consiste en establecer un mecanismo para que las naciones sin estado puedan determinar libre y democráticamente el tipo de relación que quieren mantener con el Estado al que pertenecen», ha explicado.
Sobre la ampliación desde dentro de la UE, ha señalado que «se trata de reconocer aquellas realidades nacionales sin estado o entes subestatales que cumplen las condiciones que se exigen a cualquier Estado que se quiera incorporar a la Unión».
El dirigente jeltzale ha remarcado que, «tanto Euskadi como Cataluña cumplen los criterios de Copenhague: garantizar la democracia, respetar los derechos humanos, garantizar la economía de mercado, tener capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, entre otros».
CASO ESCOCÉS
También se ha referido al caso escocés para recordar que, en el debate previo al referéndum de 2014, Reino Unido «amenazaba a los nacionalistas pro-independencia con que se quedarían fuera de Europa si accedían a la independencia y, paradójicamente, Escocia se ha quedado fuera de la UE por seguir dentro del Reino Unido». «Y, ahora, con toda lógica, reclama un nuevo referéndum para poder volver a formar parte de la UE como estado independiente», ha dicho.
Egibar se ha mostrado convencido de que, en un momento en el que países como Turquía, Moldavia, Georgia, Macedonia o Ucrania «tocan a la puerta» de la UE, esta también tiene que dar respuesta a las demandas de «unas realidades nacionales que, si no fuera por el veto de los estados, serían miembros de pleno derecho en pie de igualdad con el resto de los estados de la Unión».
