Hubo una participación histórica de más de 40.000 personas en la manifestación del 16 de marzo, pero la Plataforma por la Equiparación Salarial y la Jubilación Digna de la Policía Nacional y la Guardia Civil sigue esperando a que el Ministerio del Interior, de Fernando Grande-Marlaska, convoque una mesa de negociación para tratar una jubilación digna, además de ser reconocidos como profesión de riesgo y conseguir la plena equiparación salarial con policías autonómicos. A ese problema se añade que los policías nacionales se han convertido en los últimos funcionarios que vana poder cobrar el incremento del 0,5% en sus nóminas.
Nadie, por supuesto en niveles de dirección, va a asumir responsabilidades
Un nuevo error de despacho, que CEP califica como negligencia, ha provocado que unos 70.000 policías nacionales vayan a ser los últimos funcionarios del Ministerio del Interior en cobrar el aumento del 0,5% de las retribuciones en sus nóminas. «Sabían desde el 8 de febrero que lo tenían que hacer, porque ese día el BOE publicó la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos dando las instrucciones para el pago a los funcionarios del crecimiento retributivo vinculado a la evolución del PIB y de las cuantías adicionales correspondientes a los efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023. Pero es que esa misma Resolución establece que, salvo motivos técnicos, el pago debía hacerse ya en febrero».
CEP DENUNCIA LA DERIVA EN LA GESTIÓN PERSONAL DE LA POLICÍA
Según CEP, alegaron que en esa fecha ya estaban remitidos los expedientes de las nóminas a Hacienda para su fiscalización y que habría que esperar a marzo, porque la intervención delegada impide hacer este pago mediante nómina de incidencia. «Tuvieron, por tanto, tiempo de sobra para preparar toda la documentación necesaria y llegar a tiempo al mes siguiente», pero no ha sido el caso y no han llegado ni los atrasos correspondientes al periodo comprendido desde enero de 2023, que sí lo han cobrado los guardias civiles, ni la subida por un retraso en la gestión de los expedientes de modificación presupuestaria.
Ello condena a los policías nacionales y las familias que dependen de sus sueldos a esperar hasta el mes de abril. Y «nadie asumirá una sola responsabilidad, nadie pedirá disculpas, y nadie reconocerá el error si les sale gratis, hasta el siguiente», denuncian fuentes sindicales de CEP, que viene denunciando desde hace tiempo la deriva de todo lo que tiene que ver con la gestión del personal en Policía Nacional. Además, según reprochan, a la Dirección General de la Policía se lo han planteado decenas de veces y «en el mejor de los casos se escogen de hombros y acaban reconociendo que no hay nada que hacer».
UN COSTE CERO PARA QUIEN TIENE EL ERROR
Esta desidia es la que ha provocado que CEP haya renunciado a asistir a las reuniones oficiales con la DGP. Además, urge al ministerio de Fernando Grande-Marlaska a que publique con transparencia qué se está negociando para mejorar las condiciones de la plantilla, ya que hay temas vitales para los compañeros, como son el reconocimiento de la profesión de riesgo (en donde CEP está logrando avances desde Europa), la dignificación de las jubilaciones, las mejoras salariales o el refuerzo de la protección física y jurídica de los policías.
CEP indica que el problema de este tipo de errores que han sufrido en la nómina es que tiene un coste cero parea quienes lo cometen. «Nadie, por supuesto en niveles de dirección, va a asumir responsabilidades. Mientras no plantemos cara a la DGP de forma unitaria, despropósitos como éste (el retraso del pago) contamos que se perpetuarán porque sale gratis castigar a 70.000 policías y sus familias».
CIFRAS DE PENALIZACIÓN ESCALOFRIANTES PARA POLICÍAS
Por suerte, los agentes cada vez cuentan con más apoyo por parte de diputados españoles que están escuchando sus reivindicaciones para abordar en el Congreso el abandono en el que les tiene sumidos el Gobierno de Sánchez y el ministro Marlaska, creando agravios comparativos entre los diferentes cuerpos e incluso penalizándoles en algunas circunstancias. Pues se les penaliza como si tuvieran la consideración de profesión de riesgo a la hora de hacer un seguro de vida en el que tienen que pagar un 40% más en dicha póliza por ejercer las funciones policiales, afirmó Verónica Marcos, la diputada popular que ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts Valencianas.
De hecho, Marcos apuntaba que «las cifras son escalofriantes y necesitan una solución. En 2023, policías y guardias civiles sufrieron 1.400 agresiones al mes, tras tres años con incrementos superiores al 8%. En concreto, en el 2020 se contabilizaron 13.671 agresiones, 15.360 en el año 2021 y 16.651 en el año 2022. Y hasta agosto de 2023 se han contabilizado 11.311, cada vez más en aumento». Una de las últimas agresiones que ha trascendido ha sido la que denunció CEP de dos compañeros que fueron agredidos en la estación de Atocha por cuatro jóvenes, cuando estaban identificándoles. Uno de los agentes acabó con un esguince en una muñeca y la otra agente con golpes en el hombro.
