Los funcionarios de prisiones, sobre todo en Cataluña, siguen en pie de guerra esta Semana Santa, ya que todavía no ha dimitido la consellera de Justicia Gemma Ubasart ni el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. Además, CSIF denunciará penalmente al director del Centro Penitenciario de Quatre Camins por negligencia en sus funciones por los hechos ocurridos el 13 de marzo, cuando 5 funcionarios de la prisión fueron gravemente agredidos por un interno catalogado de peligroso. Este fin de semana se ha producido una nueva agresión en el centro penitenciario de Ponent, en Lleida, de nuevo en la cocina, como el caso de Nuria, cuyo asesinato hizo enfurecer a los funcionarios de prisiones que piden la dimisión también la de los directores de Quatre Camins y Más d’Enric por el comportamiento negligente en sus funciones.
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) en Cataluña mantiene su pulso el Departament de Justicia para forzar cambios en la política penitencia del Govern, al que ha acusado de no tener plazas «restringidas» para mujeres. Aunque la situación en las cárceles es de normalidad actualmente, insisten al presidente del Govern, Pere Aragonès, para que cese a la consellera de Justicia Gemma Ubasart y al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, a los que hace máximos responsables de la crisis en las cárceles.
De hecho, este lunes funcionarios de prisiones han protestado con carteles durante una concentración frente al Centro Penitenciario Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, en protesta por la muerte de una cocinera la semana pasada presuntamente a manos de un preso que después se suicidó en la cárcel Más d’Enric (Tarragona). Los funcionarios se han concentrado frente a la prisión en la que se encuentra el futbolista Dani Alves, para tener más visibilidad ante los medios que esperaban su libertad provisional con la condición de presentar la fianza impuesta por la Audiencia de Barcelona, de un millón de euros.
LAS RECLAMACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
Recordemos que los funcionarios de prisiones de toda España exigen que se les reconozca la condición de agente de la autoridad como tienen otros colectivos, que se les considere profesión de riesgo y tener un estatuto propio para prisiones, con el fin de poder elegir a los representantes de los funcionarios de prisiones y negociar directamente con la administración sus condiciones laborales y económicas sin depender de la Mesa General de la Administración General del Estado.
También piden medios coercitivos actuales, porque los que tienen están recogidos en la Ley orgánica General Penitenciaria del año 1979, y entonces no existía la pistola táser. «No podemos seguir exponiendo nuestra integridad física cuando tenemos que reducir a un interno violento que está armado con un pincho», apuntan fuentes sindicales. Además, solicitan la creación de una unidad de intervención como tienen la mayoría de cuerpos de policía, medidas de tipo legislativo como priorizar la seguridad y el régimen al tratamiento, pues así se hubiera evitado el asesinato de la cocinera en el centro penitenciario de Tarragona, y también que el tratamiento debería ser obligatorio, y no como ahora, que es decisión del interno someterse o no al mismo. «Pretender la reinserción de un interno en la sociedad que se niega a seguir las normas de convivencia de un centro penitenciario es ser demagogo».
ACAIP ha lamentado que la cúpula de Justicia solo ha querido negociar «cuando se ha visto con el agua al cuello» y han recordado que desde hace años, en varias ocasiones han pedido reunirse, sin éxito, con la consellera para tratar varios temas que afectan a la seguridad de las prisiones y al personal que trabaja. En este sentido, han indicado que el riesgo para los funcionarios ha aumentado por el incremento de la violencia en las cárceles. Pero la consellera siempre los remite a Calderó, cuya gestión han criticado duramente. Le acusan de cuestionar la independencia judicial y de no ser «transparente» con una reivindicación del personal penitenciario como es tener aerosoles en las cárceles.
EL USO DE GAS DE DEFENSA EN LAS PRISIONES
Hace año y medio, a partir de varios incidentes graves, los sindicatos CSIF, ACAIP, Intersindical, UGT y CC.OO firmaron un acuerdo con el Departament para que se iniciara una prueba sobre el uso de gas de defensa en las prisiones. A finales de año, Justicia dio carpetazo al asunto indicando que los informes jurídicos y médicos desaconsejaban usar aerosoles. Francesc López, portavoz de ACAIP, ha cuestionado la existencia de estos documentos, ya que asegura no haberlos visto pese a estar en la negociación, por lo que cree que el responsable de prisiones miente. Además, ha remarcado que su sindicato ofreció muestras del uso de este aerosol, con un vídeo explicativo, a la Secretaría de Medidas Penales para dejar claro que no había riesgo ni para el interno ni para el funcionario.
DENUNCIArá penalmente al director de quatre camins porque «no sólo se deben tomar acciones contra el interno por su violencia y agresión hacia cinco funcionarios, sino también contra la negligencia y mala fe del director del centro»
A su vez, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha anunciado este lunes que denunciará penalmente al director del Centro Penitenciario de Quatre Camins por negligencia en sus funciones por los hechos ocurridos el 13 de marzo cuando 5 funcionarios de la prisión fueron gravemente agredidos por un interno catalogado de peligroso. Ya que por una orden interna, ordenó que a este interno no se le inmovilizara, si creaba problemas, saltándose los propios procedimientos establecidos para todos los centros penitenciarios de Cataluña. Si se le debía inmovilizar por fuerza mayor, se debería avisar antes al mando de incidencias, que casualmente no estaba ese día con lo que era él el responsable.
Cuando las cosas se pusieron feas, los funcionarios lo avisaron por el walkie-talkie, pero él estaba en cafetería, con el walkie desconectado. Así, lo que se podría haber solucionado en pocos minutos, se convirtió en un infierno de más de media hora para los funcionarios que no podían inmovilizar al preso para no desobedecer las órdenes del director y ser sancionados, según la versión del sindicato.
Desde CSIF declaran que «no sólo se deben tomar acciones contra el interno por su violencia y agresión hacia cinco funcionarios, sino también contra la negligencia y mala fe del director del centro. Es evidente que esta actuación puede ser considerada dentro de un marco penal y se van a llevar a cabo actuaciones penales contra él. Cuando hablamos de mala fe, es porque estaba al corriente de la grave problemática e hizo caso omiso de la orden que él mismo había establecido e implementado el 31 de enero de 2024».
LA NUEVA AGRESIÓN EN PONENT
Los sindicatos quieren que cambie la política penitenciaria basada en el buenismo del departamento penitenciario y en la mala praxis de algunos directores de los centros, que deberían velar por la convivencia en las prisiones y por la seguridad de los internos y de sus trabajadores. De hecho, este pasado fin de semana ha vuelto a haber otra agresión en la cocina del centro penitenciario Ponent, en Lleida. El sábado 23 de marzo sobre las 11.40 dos internos se pelearon cogiendo uno de ellos por el cuello a otro, hasta que fueron separados por los funcionarios de prisiones.
El agresor fue conducido al Departament Especial de Régim Tancat (DERT), momento en el que debido a su agresividad y su estado de ánimo alterado tuvo que ser reducido por los funcionarios, causando heridas a dos de ellos, según Justicia. Uno de los funcionarios tenía una rascada y otro, un golpe en un dedo. Asimismo, fuentes penitenciarias señalaron que uno de los funcionarios tuvo que ser derivado a la Mutua para recibir atención médica.
La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha explicado que el departamento de Justicia ha abierto una investigación interna sobre el asesinato de la trabajadora de Mas d’Enric, para depurar responsabilidad, aunque de momento no ha habido ceses. También dijo que se están reforzando las plantillas para mejorar la seguridad y las condiciones laborales en los centros.
