Las filas del PSOE se resquebrajaron por la amnistía, pero más aún con la insolidaridad territorial mostrada por ERC y Junts, socios preferentes de Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa. El discurso de una España que permite exonerar a encausados y sentenciados por terrorismo, como Carles Puigdemont y otros ocho dirigentes y exaltos cargos, no cala positivamente entre los de Juan Espadas, que trata de vender una falsa unidad dentro de su partido en Andalucía.
En Madrid y Castilla-La Mancha, con Juan Lobato y Emiliano García-Page, el enfado en las bases es máximo por este motivo, aunque las críticas en la capital solo se muestran en privado con la amnistía. No obstante, tanto las bases de Espadas, como las de Lobato y las de García-Page cargan duramente con sus jefes de filas si permiten que Cataluña tenga una «financiación singular», tal y como exigen los pactos de ERC y Junts.
«Seremos españoles de segunda», apuntan desde Andalucía y Madrid, casi en los mismos términos que utilizan desde el Partido Popular a la hora de denunciar los privilegios que negocian el PSOE con Junts y ERC, por separado. Por el momento y ante la cercanía de las elecciones catalanas y europeas, los socialistas y republicanos han cerrado de forma temporal la mesa de negociación bilateral, una cumbre que ha sido criticada por Junts al no conseguir avances para la consecución de la independencia. En Castilla-La Mancha, las críticas se realizan a viva voz, pero se quedan en eso.
LOS ARGUMENTOS DE FERRAZ NO CALAN
No obstante, los mensajes a viva voz o en ‘petit comité’ se quedan en palabras de queja. Al menos, así lo han demostrado las propias bases a la hora de cerrar filas junto a sus líderes a la hora de votar las diferentes propuestas y pactos aprobados desde Ferraz. Tan solo se han movido los críticos más combativos, que han sido purgados, expulsados o vilipendiados, como Nicolás Redondo, Joaquín Leguina o el propio Felipe González.
En Madrid, Juan Lobato, contrario a la amnistía al prófugo Carles Puigdemont, optó por mostrarse en contra de una moción contra la medida de gracia. De nuevo, las palabras quedan por debajo de los hechos. Nadie quiere dar un paso en falso con Sánchez: la purga es un castigo muy duro y ya se ha visto como diferentes dirigentes han caído en desgracia en el seno del partido. Ferraz no tiene miramiento a la hora de sustituir a los barones socialistas, como ha hecho este fin de semana con Extremadura y Valencia, para colocar a sus primeros y fieles espadas por imposición, no por convicción.
El problema para las bases es el doble discurso del PSOE. Los ‘sanchistas’ oficiales muestran ahora sus argumentos en favor de la amnistía, mientras que solo uno de los dirigentes autonómicos, García-Page, se ha opuesto públicamente, aunque sus diputados han votado favorablemente a la medida de gracia pactada con Junts y ERC.
LA AMNISTÍA HA ABIERTO FECHA, PERO PEOR ES LA FINANCIACIÓN
Si la amnistía no ha abierto suficiente brecha, la financiación autonómica y el más que posible referéndum de autodeterminación que negocia el PSOE con ERC, que ha puesto encima de la mesa hasta cinco posibles vías, entre ellas una consulta pactada en toda España, pero los independentistas solo contarían los votos obtenidos únicamente en Cataluña para continuar con la ofensiva. «Al final conseguirán la independencia de Cataluña, este PSOE no era al que me afilié hace 30 años», señalan.
La amenaza de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social con la pretensión de ERC y de Junts de obtener del PSOE un sistema de financiación propio, a imagen y semejanza del cupo vasco, ha puesto en guardia a las bases. Y es que, si Cataluña lograra la independencia económica con la recaudación y gestión de todos los impuestos, como tenía antes del decreto de Nueva Planta tras la guerra de sucesión, que no de sucesión de 1714. Aquellas leyes que suprimieron todos los privilegios de la Corona de Aragón y Valencia se aprobaron en plena guerra, pero los independentistas la recuerdan como si la hubieran vivido sus antepasados más cercanos.
Además, esta negociación entre el PSOE y la Generalitat se realiza en una mesa bilateral, mientras el Gobierno se niega a convocar la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de ningunear al Senado, conocida como la Cámara Territorial al tener a más de medio centenar de miembros escogidos por los parlamentos autonómicos.
EL AGRAVIO A MADRID Y EL PESIMISMO EN LAS FILAS DE LOBATO
Y es que, Andalucía y Castilla-La Mancha son dos de las CC AA que necesitan la aportación de Cataluña para mantener una aceptable, pero mejorable, financiación del Estado, mientras que otras regiones como Murcia y Extremadura se verían gravemente perjudicadas. En Madrid, además, el agravio es más doloso, al ser la primera en aportar y de las últimas en recibir. «Sería la ruina para muchos de nosotros si se concede la financiación autonómica a Cataluña», afirman desde Andalucía y Castilla-La Mancha. En Madrid, «se exigiría una mayor tributación y recaudación de impuestos, como hemos venido defendiendo, pero el dinero iría a otras Comunidades», destacan.
En caso de aceptarse este cambio, el PSOE abriría la puerta a los partidos regionalistas de las diferentes comunidades autónomas, una forma rápida de abrir el ‘procés’ al resto de España, como se ha venido haciendo desde el pasado 23 de julio. No es una línea descabellada, más cuando el objetivo de los socialistas siempre ha pasado por una España federal, donde las regiones tendrían su peso específico en el Gobierno. Así, el PSOE podría resucitar a formaciones como el Partido Andalucista, que llegó a tener dos diputados en el Parlament de Cataluña, una representación que obligó a cambiar la ley electoral catalana ante la numerosa población andaluza llegada a Cataluña desde la Guerra Civil.
El PSOE, por ahora, reniega de este cambio en la financiación, pero es una de las premisas pactadas entre Félix Bolaños y Oriol Junqueras. Pere Aragonès ha vuelto a insistir en ello, mientras Marta Rovira, desde Suiza, exige la consulta lo antes posible. «Es una línea roja que no debe traspasarse», consideran desde Madrid, pero dejan claro que también pasó lo mismo con la amnistía.
Desde el Ministerio de Hacienda descartan por completo dar esta vez luz verde a la medida, pero también se descartaron en su día la amnistía y los indultos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2019.
Este no es el partido al que me afilié
«Si el propio PSOE da su brazo a torcer con el independentismo en cuanto a la financiación me doy de baja», destacan las fuentes consultadas. «Este no es el partido al que me afilié», insisten en Madrid, que ven a Lobato «muy dócil» respecto a Sánchez.
El asunto de la financiación autonómica irá en aumento ante la creciente necesidad que tienen PSC y ERC de gobernar. Y es que, Salvador Illa hará también de la necesidad virtud y permitiría la entrada de los republicanos en el Govern, reeditando así el tripartito de Pasqual Maragall y José Montilla de los años 2003 a 2009. Fue la Generalitat del Estatuto de Autonomía, con la que se comenzó el embrión de los referéndums separatistas y la declaración unilateral de la independencia.
Espadas tragará con la financiación autonómica, como también lo hizo con la amnistía, a pesar de su ultimátum en redes sociales. O consenso o no habrá acuerdo, ha venido a decir el portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces. El melón, además, se abre con un PSOE en horas muy bajas, con el peor resultado en Galicia en su historia y el estallido del caso Koldo. «Andalucía conquistó su autonomía y autogobierno para combatir la desigualdad entre territorios de España», sentenció Espadas en redes. «Cataluña busca su autogobierno», replican los independentistas, cargándose de más razones para poner en evidencia que Espadas, a la hora de la verdad ni dejaría el acta ni el partido en caso de materializarse.
LA ADVERTENCIA DE LOS INSPECTORES
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha vuelto a alertar sobre la cesión del Gobierno a la financiación singular para Cataluña al suponer la «ruptura» de la Agencia Tributaria, el aumento del fraude fiscal y el deterioro de los servicios al ciudadano.
En este sentido, ven inconstitucional la independencia fiscal que obtendría Cataluña. Así, la Agencia Tributaria de Cataluña sería la única administración válida a la hora de realizar las gestiones con el fisco, una exigencia que provocaría el trasvase de todos los datos personales de empresas y personas físicas a Cataluña, que podría conocer así datos privados de políticos, destacados disidentes con el independentismo o de cualquier ciudadano residente en la región. Para los inspectores, sería un camino irreversible y que pondría en un serio aprieto la lucha contra el fraude en Cataluña.
