La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un auténtico espaldarazo al juez Manuel García Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic, al avalar las diligencias acordadas el pasado 26 de enero, dirigidas para conocer si la plataforma, presuntamente liderada por Carles Puigdemont y Marta Rovira, entre otros dirigentes independentistas, tenía entre sus objetivos actuar contra la comitiva del Rey durante su visita a Barcelona en julio de 2020.
En un auto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la investigada Marta Molina contra el propio auto del 26 de enero, donde se inició la investigación sobre si desde la plataforma Tsunami Democràtic había planes para atentar contra el Rey, así como si la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto de El Prat se produjo por la tardanza de la asistencia sanitaria debido al bloqueo del aeropuerto.
García Castellón no sale en blanco, en abstracto, a ver con qué se topa
De hecho, los propios jueces rechazan que se trate de «una investigación prospectiva», es decir, el inicio de una investigación sin saber con qué se encontraría García Castellón en este caso. García Castellón «no sale en blanco, en abstracto, a ver con qué se topa: profundiza, indaga, persigue al máximo conocimiento de lo que hubiera ocurrido, de lo que siempre tiene notitia criminis previa, más o menos adentrada en el conocimiento de lo que hubiera ocurrido, noticia del crimen que tiene obligación de comprobar y ampliar», reza el auto al que ha tenido acceso MONCLOA.
TSUNAMI DEMOCRÀTIC Y EL REY EN BARCELONA
En un auto, la Sección Tercera de la Sala Penal rechaza el recurso presentado por la investigada Marta Molina, al que se adhirió el fiscal, contra el auto García Castellón en el que acordaba una batería de diligencias de investigación, entre ellas si Tsunami Democràtic tenía entre sus objetivos actuar al paso de la comitiva del Rey en una visita a Barcelona en julio de 2020 y, además, solicitaba información referente a los incidentes acaecidos en el Prat el 14 de octubre de 2019, el fallecimiento de un ciudadano francés en aquella fecha o los cortes en la autopista AP 7 entre el 11 y el 13 de noviembre.
En aquel auto, García Castellón acordó la personación de una de las partes afectadas, tras una fianza de 5.000 euros; mientras la Guardia Civil debía informar si Tsunami Democràtic comunicó la concentración del 9 de noviembre de 2019 y si se autorizó, al tiempo que los Mossos d’Esquadra debían aportar todo documento fotográfico o audiovisual de aquel acto, así como atestados, identificaciones y denuncias para tratar de conocer qué sucedió aquel día en Barcelona.
LA MUERTE DE UN FRANCÉS EN EL PRAT
También exigió al Centro de Operaciones del aeropuerto de El Prat para conocer todo lo que rodeó a la asistencia del ciudadano francés fallecido. En concreto, apuntó directamente a la llamada por parte del SEM para desplazarle en helicóptero y conocer las circunstancias por las cuales se traslada en este medio de transporte a un paciente desde el aeropuerto al hospital de Bellvitge, si es que ha sucedido en anteriores ocasiones. En aquellos días, la aplicación Tsunami Democràtic buscaba el bloqueo de las infraestructuras críticas.
También se solicitó a Aena el parte del servicio del Centro de Gestión Aeroportuaria, así como Ejecutivo del servicio e informe de seguridad privada del 14 de octubre de 2019, día en el que se iniciaron las manifestaciones, protestas y posibles actos de terrorismo tras la llamada de Tsunami Democràtic.
De ese día, también se piden informes, actas y atestados de la Policía Nacional relacionados con el bloqueo de El Prat por parte de los independentistas que acudieron a la llamada de Tsunami Democràtic. Además, los Mossos debían informar sobre toda la actuación realizada entre el 11 y 13 de noviembre de 2019 sobre los cortes de la AP-7.
LA FISCALÍA, EN CONTRA DE LAS ACUSACIONES
Además, pidió a la Policía francesa si elaboraron informes por el bloqueo de esta arteria vial, mientras se pidió identificar al usuario Xuxu Rodondaire. Todo ello, en el marco de una investigación paralela sobre la posible amenaza contra la comitiva del Rey en la Ciudad Condal.
La Fiscalía se adhirió al recurso de Molina, mientras que Societat Civil Catalana, Vox y la asociación Dignidad y Justicia, acusaciones en el caso, se opusieron a la admisión del mismo. Cabe señalar que García Castellón prorrogó la investigación de la causa el pasado 29 de enero debido a su complejidad. Además, el recurso apuntaba que la instrucción del juez era para conocer si se encontraba algo o con algo, sin una dirección concreta. No obstante, la sala de lo Penal apunta que no se realizó una investigación prospectiva.
La Audiencia Nacional tumba así los argumentos de la defensa de Molina, que se centró en su recurso en todos los actos investigados y vinculados directa o indirectamente con Tsunami Democràtic, como la organización de una acampada que no fue promovida por la plataforma o la organización de un concierto festivo, sin que hubiera delito ese acto. «La parte apelante no aporta ningún precepto penal en apoyo de su teoría», sentencia el auto que respalda a García Castellón, que tendrá así un «campo anchuroso» para poder indagar en todos los movimientos promovidos por la plataforma independentista.
Asimismo, recuerda que los juzgados territoriales no investigan más allá del hecho concreto, mientras que la Audiencia Nacional busca una visión periférica y en conjunto de todos los hechos. «Hay una diferencia cualitativa considerable entre la visión de conjunto a la que está llamada el juzgado a quo y la visión absolutamente compartimentada de los Juzgados de territorio», destaca. Por este motivo, tumba el recurso de Molina y expone así los hechos acontecidos, respaldados por Tsunami Democràtic, tras la sentencia del Supremo del juicio del ‘procés’.
