La amnistía del PSOE a los independentistas catalanes ha provocado tres grandes guerras políticas e institucionales. Los socialistas de Pedro Sánchez buscaban el enfrentamiento para hacer cumplir la premisa «hacer de la necesidad virtud» que les llevó a La Moncloa con el objetivo de volar todos los puentes con los ‘populares’ y erigirse después como salvador y solucionador de todos los problemas. Es la misma estrategia que ha seguido el PSC en Cataluña, que aplica un cordón sanitario «a la derecha y la extrema de derecha», mientras pacta con ERC y Junts indistintamente.
La primera batalla se centró en el Poder Judicial, con un ataque sin precedentes en Democracia contra jueces, con nombres y apellidos en la Tribuna del Congreso y sin ninguna crítica por parte de los socialistas; después se pasó al enfrentamiento desde el poder Ejecutivo contra cualquier norma que impidiera la amnistía a Puigdemont y demás encausados, eliminando los delitos de malversación, entre otros, mientras se luchó contra la propia hemeroteca. La amnistía ya no era inconstitucional, mientras se retuerce la Constitución para tratar de dotarla de una nueva lectura, tal y como planteaba el PNV.
LA TERCERA GUERRA POR LA AMNISTÍA
La segunda parte de la guerra pasaba por el enfrentamiento del Tribunal Constitucional contra la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con una dura bronca por el texto. El Consejo General del Poder Judicial ha realizado duros comunicados sobre la norma, mientras Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha guardo silencio sobre la medida, como el Colegio de Abogados de Barcelona.
En la rumorología de la norma se llega a apuntar que el propio presidente del Tribunal Constitucional habría ayudado o asesorado en la redacción de la misma, al menos en el primer borrador -tumbado por Junts en el Congreso-. El PSOE pactó con Junts y ERC beneficiar a los encausados por delitos de terrorismo y malversación, a pesar de la Comisión de Venecia y el duro informe de los letrados del Senado, quienes advierten de la inconstitucionalidad de la medida.
Este estudio no es vinculante, pero ha servido para volar el último puente entre PSOE y PP y dar rienda suelta a la tercera gran guerra entre los poderes del Estado: Senado contra Congreso. Esta era la gran batalla de la amnistía si el PP de Alberto Núñez Feijóo busca poner freno a una medida declarada inconstitucional en la Cámara Alta, por más que en el PSOE vendan que se trate de una ley que encaja en los márgenes de la Carta Magna.
LA AMNISTÍA Y LA JUGADA OCULTA DEL PP
El PSOE ha llevado al límite a todas las instituciones y tan solo faltaba sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado. Los ‘populares’ no han rechazado el desafío con el anuncio del primer conflicto institucional entre el Congreso y el Senado, el primero en toda la historia de la democracia, pero en un contexto que jamás se había producido entre los dos partidos llamados a gobernar España y con sentido de Estado. Y es que, el PSOE ha puesto todo de su parte para atraer al independentismo con promesas y cumplimientos que desafían al Estado de Derecho, un hecho que no se había producido hasta ahora.
Será el Tribunal Constitucional quien decida y al frente está Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y encumbrado por el propio partido socialista de Pedro Sánchez. Todo ello, tras conocerse que la amnistía no es más que «una reforma constitucional encubierta» y la polémica tramitación del PSOE, que escogió la vía de urgencia, ha sido también muy criticada por la Comisión de Venecia.
El choque institucional está reglado en el artículo 73 del Tribunal Constitucional y se invoca cuando una Cámara considera que otra está invadiendo competencias o usurpando funciones. El Senado considera así que podría pedir la retirada de la ley del Congreso e impedir así su traslado a la Cámara Alta, demorando todo el proceso de la ley de amnistía.
LA REFORMA ENCUBIERTA DE LA CONSTITUCIÓN
El informe de los letrados del Senado no solo centra en el fondo de la amnistía, sino también en la parte administrativa, es decir, su tramitación. A su juicio, se han registrado diversas «irregularidades», además de ser una norma inconstitucional al tratarse de una «reforma encubierta de la Carta Magna».
Según el propio informe, esta tramitación se ha basado en un «fraude constitucional». Con este informe, el PP en el Senado tendría voz y voto sobre el Congreso al tratarse de una reforma de la Constitución. Todo este proceso se produce después de que la amnistía haya sido aprobada en el Congreso y tramitada hacia el Senado, un movimiento inesperado, incluso para Vox, que exigía a la Mesa del Senado rechazar la ley.
Y es que, en el propio informe de los letrados del Senado se indicó esta posibilidad. «Solo tendría legitimación para iniciar actuaciones judiciales una vez que la Proposición de Ley tenga entrada en la Cámara», destacaba. De esta forma, solo había que mover los papeles correspondientes y paralizar la amnistía, dejando a Junts y a ERC a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.
CONDE-PUMPIDO Y UNA AMNISTÍA EN JUNIO
En este procedimiento se da la paradoja de que es el PP quien debe dar ahora un informe motivado sobre el porque plantea este conflicto institucional, mientras el PSOE no ha dado a conocer ni el informe de los letrados del Congreso sobre la amnistía como tampoco un informe en la comisión de Justicia que avale y justifique la medida de gracia.
El PP en el Senado votará a favor y exigirá al Congreso dejar de asumir competencias que no le competen, al tiempo que se retire la proposición de ley de amnistía por vulneración de funciones. El Congreso tendrá así un mes, en plena campaña de las elecciones vascas y catalanas, para responder si así lo desea. En caso de obtener el silencio, el siguiente paso es plantear el conflicto institucional ante el Constitucional.
En este punto, el Congreso tendrá diez días para responder al conflicto y se tendrá de nuevo un mes para presentar alegaciones. De esta forma, como pronto, la respuesta del tribunal político llegará después de las elecciones europeas. Con todo, será el Constitucional podrá paralizar y anular toda la tramitación de la amnistía a finales de junio, con todas las elecciones celebradas y con un Gobierno sin Presupuestos. La caída de la amnistía pondría al PSOE en una situación imposible dada la presión de ERC y Junts, quienes exigen ya un cupo vasco a la catalana.
