El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado en el pleno de este mes de marzo, con los votos a favor de PP y Vox, que gobiernan en coalición, y en contra de PSOE y Más Madrid, pedir al Gobierno de España que elabore un Plan de Seguridad para los inmigrantes del centro de acogida a la mayor brevedad posible, centro donde incluso ha fallecido un migrante que se puso en huelga de hambre.
Según el PP y Vox, que presentaron la moción de forma conjunta, la creación en Alcalá de un centro de acogida de inmigrantes (CAED), en el acuartelamiento Primo de Rivera, y la posterior llegada a la ciudad de casi 3.000 inmigrantes es una situación nueva e inesperada que comporta riesgos y problemas tanto para la seguridad como para la convivencia, también para los vecinos de Alcalá e incluso entre los propios inmigrantes. La portavoz adjunta del PP, Orlena de Miguel ha indicado que «estos riesgos y problemas potenciales preocupan, sobre todo, a los vecinos de la zona más cercana a este centro».
Por otro lado, los inmigrantes atendidos en CAED se encuentran en una situación precaria, y sufren una total incertidumbre respecto a su futuro. Más allá de su alojamiento y manutención temporal en el centro, no existe un plan para ellos por parte de la autoridad competente; el Gobierno de España. En la última reunión de la Junta de Seguridad celebrada en Alcalá de Henares, la Subdelegada de Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, informó al equipo de Gobierno que lidera la popular Judith Piquet de que renunciaban a presentar un ‘Plan de Seguridad e Integración’, cuestión a la que se había comprometido personalmente en la anterior Junta de Seguridad.
El argumento esgrimido por la representante socialista del Gobierno de Pedro Sánchez fue que, «desde el 12 de enero no se habían vuelto a producir incidentes graves en el exterior del centro y que, bajo su punto de vista, no había problemas de convivencia con el entorno ni dentro del centro, a pesar de haberse registrado ya varios incidentes de importancia en su interior, el último de ellos tuvo lugar el pasado 4 de febrero».
«Considerando que un plan estratégico como el de Seguridad que solicitamos al Gobierno de España se crea para prevenir incidentes y que sirve como herramienta para gestionar los problemas que puedan surgir, es evidente que la necesidad de este plan sigue siendo una urgente realidad», ha indicado De Miguel, recordando que según recoge el artículo 149.1.2 de la Constitución Española, el Estado tiene la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Por tanto, corresponde al Gobierno de España dar respuesta, no sólo a la recepción de las personas llegadas a nuestro país, sino planificar los recursos necesarios para su atención y gestionar problemas asociados.
Durante el debate de la sesión plenaria, Orlena de Miguel insistió en que el centro se encuentra en una situación precaria donde los migrantes tienen incertidumbre sobre su futuro, pues no existe plan por parte del Gobierno. Además, «hay personas de hasta 14 nacionalidades diferentes y enfrentadas entre sí. El incidente más grave fue el 4 de febrero, pero ha habido muchos más», pidiendo a la oposición que no siguieran de perfil con respecto a este tema.
NIEGAN QUE LAS VIOLACIONES LAS HICIERAN INMIGRANTES DEL CAED
En el primer turno, la portavoz de Más Madrid Alcalá, Rosa Romero, dijo que: «¡Qué vergüenza, que todas las propuestas del Gobierno por el CAED traten de estigmatizar a los migrantes, llamándoles delincuentes. Ustedes saben lo que hay, que una cosa es la sensación de seguridad, y otra la seguridad real. Tienen un problema serio de racismo y xenofobia, así que elimínenlo» espetó a PP y Vox, antes de pedir propuestas como la de mejorar las solicitudes de asilo. «Mirar para otro lado y escurrir el bulto es indigno de un cargo político. Hasta la policía les desmiente en el Consejo de Seguridad, pues tanto Policía Local como Nacional negaron que hubiese habido una rueda de reconocimiento de personas del CAED ante una denuncia de agresión sexual. Si ellos lo niegan, ustedes se lo inventaron».
El concejal socialista delegado de temas de seguridad en su partido, Raúl Herrero, aprovechó su turno para hablar de la «lamentable gestión de PP y Vox» que arrastran por el fango y panorama mediático nacional a Alcalá. Además, pidió que no se deshumanice a los migrantes del CAED, además de hacer hincapié en que «no hay datos técnicos policiales de que estos seres humanos hayan generado incidencias en la seguridad de la ciudad. Lo dicen profesionales, expertos. Pero ustedes se empeñan en poner el foco mediático en ello. Las agresiones sexuales han quedado desmentidas una y otra vez. Pero usted (a Piquet) y Ayuso han difundido el bulo de que los migrantes son unos violadores y esto es infame».
Según el concejal socialista, «la Delegación del Gobierno actualiza semanalmente los datos de todo lo que ocurre en el CAED», por lo que afeó al Gobierno municipal que se haya filtrado un documento secreto de la Policía Local de Alcalá que subió el secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, donde relacionaban denuncias de agresiones sexuales a las personas migrantes de Alcalá, «lesiones que se produjeron a 4 kilómetros del CAED».
Antes del segundo turno de intervención, la alcaldesa Judith Piquet mandó callar a un vecino asistente al pleno que profirió gritos para que pudieran intervenir de nuevo tanto Rosa Romero como Raúl Herrero. La portavoz de Más Madrid preguntó irónicamente al Gobierno municipal si van a pedir un Plan de Seguridad ante la llegada de más de 3.000 vecinos a la futura urbanización de El Olivar, recordando que ninguna persona es ilegal. Y además, puso sobre la mesa el dato más preocupante: «un migrante falleció hace unas semanas tras una huelga de hambre porque no se le hizo caso ante su dolencia».
EL INCIDENTE DEL 4 DE FEBRERO EN EL CAED COMENZÓ POR LAS CONDICIONES DE LA COMIDA
Romero reprochó a PP y Vox que solo reclamen seguridad cuando el incidente ocurrido el 4 de febrero se inició por una protesta por las condiciones de la comida y paralizaron el comedor, «porque tienen derecho a comer bien». Y a Rocío Monasterio «que probablemente vendrá a denigrar la ciudad otra vez, cuando eso es falso». Mientras el socialista Raúl Herrero insistió en que el Plan de Seguridad era un trampantojo, «un burdo intento de seguir escondiendo una cortina de humo, porque pueden hacer el plan de seguridad que es de competencia municipal, y si no lo hacen es porque no se creen sus propias palabras».
ORLENA DE MIGUEL condenó que «el inmigrante haya muerto por las malas condiciones que había en un centro del Gobierno nacional»
Orlena de Miguel, la concejala popular de Seguridad, concluyó el debate señalando que veía a «la oposición ahogada en su demagogia», y condenando que «el inmigrante haya muerto por las malas condiciones que había en un centro del Gobierno nacional», y la poca empatía de la subdelegada del Gobierno socialista por lo que ocurra a los internos de puertas para adentro, ya que renunció al plan de seguridad al que se había comprometido porque desde el 12 de enero no se habían producido incidentes fuera del centro.
«El plan de seguridad no se hace para tapar incidentes, sino para prevenir. Y es competencia del Gobierno de España. Les pido por última vez que apoyen esta moción», reprochando al portavoz ausente del PSOE que no estuviera, ya que Javier Rodríguez Palacios, estaba cumpliendo con sus compromisos como diputado del PSOE en el Congreso.
ELMA SAIZ SE COMPROMETIÓ A INFORMAR MENSUALMENTE DE LOS INMIGRANTES
Las quejas de Alcalá de Henares no son las únicas. En febrero al igual que el Ayuntamiento complutense informó de que el centro de migrantes provenientes de Canarias montado en la base militar Primo de Rivera había aumentado su capacidad en 100 personas más, de 1.260 a 1.360, sin que el Consistorio recibiera notificación de esta ampliación, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, también se quejó de la poca información recibida, tan solo de que en los cuarteles de Carabanchel había 1.220 plazas ocupadas.
Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz ha confirmado que remitirá información actualizada de forma mensual a las comunidades autónomas sobre la ocupación del sistema de acogida y atención humanitaria a migrantes, que en lo que va de año ya se ha ocupado de más de 14.000 personas llegadas a costas, referida tanto a los recursos estables como a los dispositivos habilitados de emergencia. Y que la próxima Conferencia Sectorial de Inmigración tendrá lugar a principios de verano, sin contar con la que en abril celebrará el Ministerio de Juventud e Infancia para tratar la situación de los menores extranjeros no acompañados, tras la llegada de unos 4.500 a Canarias en los últimos meses.
