El PSOE y Junts han informado este sábado de que han mantenido una nueva reunión en Suiza, la cuarta desde que ambos partidos suscribieran un acuerdo para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre. En la cita se analizó la recién aprobada ley de amnistía, un trámite que, según apuntan, permitirá poner en marcha una fase de la negociación con la activación de dos nuevos equipos de trabajo: uno sobre los déficits y limitaciones del autogobierno y otro sobre el reconocimiento nacional de Cataluña.
En el idéntico comunicado con el que la dos formaciones han informado del encuentro no se especifica quiénes han participado en el mismo, cuándo ha tenido lugar exactamente ni si estaba presente el embajador salvadoreño Francisco Galindo, que ejerce de mediador según lo acordado por los dos partidos.
La nota únicamente señala que la reunión se ha producido en Suiza y que durante la misma «se ha puesto en valor la aprobación de la ley de amnistía, que era una de las condiciones pactadas para poder abordar la resolución del conflicto político» catalán.
Fue el pasado jueves, un día después de que se anunciara el adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo, cuando el Pleno del Congreso aprobó la ley de amnistía y la remitió al Senado, donde el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, podrá retenerla, cómo máximo hasta el 15 de mayo.
«La aprobación de la ley permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración, y asegurar el cumplimiento del acuerdo de Bruselas», concluye el comunicado difundido, respectivamente, por PSOE y Junts.
DOS ÁMBITOS PERMANENTES DE TRABAJO
Esos dos «grandes ámbitos permanentes» de trabajo recogidos en aquel documento toman como base las «aspiraciones de la sociedad catalana y las demandas de sus instituciones». El acuerdo cita, en concreto, las relacionadas con «la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña».
En este sentido, se acordó que en lo relativo al reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución, mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de esta comunidad.
En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la Ley Organica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establezca una «cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat» y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña.
De su lado, el PSOE «apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado» de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. En este ámbito, el pacto también prevé abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.
Mediante este pacto de investidura, Junts condiciona su apoyo para garantizar la «estabilidad de la legislatura» a los «avances y cumplimiento de los acuerdos» que vaya alcanzado con los de Pedro Sánchez en los dos «ámbitos permanentes» de negociación acordados por ambas partes.
SEGUNDA REUNIÓN DE LA QUE SE INFORMA
Esta cuarta reunión entre el PSOE y Junts es la segunda de la que se informa oficialmente. La primera que se comunicó tuvo lugar, también en Suiza, el 2 de diciembre. Fuentes del partido de Carles Puigdemont sí habían trasladado que se estaba cumpliendo lo pactado y se estaban produciendo reuniones mensuales con los socialistas, dando a entender que se habían visto tanto en enero como en febrero, lo que se viene a confirmar este sábado.
El pasado 17 de enero sí había trascendido una reunión entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero tuvo lugar en el Congreso y, que se sepa, sin verificador.
En cualquier caso, ambas partes han mantenido abiertas negociaciones sobre diversas cuestiones parlamentarias, como la propia Ley de Amnistía, y también sobre otros asuntos como los Presupuestos Generales del Estado, un proyecto al que el Gobierno ha renunciado tras el adelanto de las elecciones catalanas.
Precisamente, la víspera de que el Parlament tumbara los Presupuestos de la Generalitat para este año y el presidente Pere Aragonès anunciada que los comicios serán el 12 de mayo, el Ministerio de Hacienda, a través del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) cumplió el compromiso que había alcanzado con Junts publicando los datos brutos que permitirán a administraciones e investigadores elaborar sus propias balanzas fiscales, dado que no existe consenso sobre la metodología a seguir.
El pasado 10 de enero Junts amagó con tumbar tres decretos del Gobierno, pero finalmente pactó su abstención con el PSOE a cambio del compromiso de suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), de reformar la Ley de Sociedades de Capital para facilitar la vuelta a Cataluña de empresas que se fueron por el ‘procés’ y de traspasar a la Generalitat competencias en inmigración.
Los de Míriam Nogueras han incluido en sus enmiendas al proyecto de ley derivado de uno de aquellos decretos una propuesta para eliminar ya el citado artículo de la LECrim, que permite quitar el escaño a cargos electos procesados por rebelión, el mismo que se aplicó con los líderes del ‘procés’.
COMISIONES DE INVESTIGACIÓN
Además, ya se han creado en el Congreso las comisiones de investigación que el PSOE prometió a Junts y ERC en agosto a cambio de su apoyo para lograr una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara.
Se trata de tres investigaciones relativas a la denominada ‘Operación Cataluña’, el espionaje a independentistas conocido como ‘caso Pegasus’ y los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en 2017. Estos tres órganos ya se han constituido, los grupos han avanzado quiénes quieren que comparezcan pero aún no se ha llegado a un listado pactado de comparecientes.
Según el acuerdo de PSOE y Junts, el resultado de estas investigaciones deberá tenerse en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía «en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
El PSOE ya ha dejado claro que no apoyará que el Congreso cite a comparecer a miembros de la judicatura como el juez Manuel García Castellón cuya presencia en el Congreso sí reclaman los partidos independentistas catalanes así como Podemos. No obstante, está por ver si el adelanto electoral en Cataluña altera el calendario previsto para los trabajos de estas comisiones de investigación.
