Testigos aportados por la familia Franco en el juicio que se celebra para la recuperación del Pazo de Meirás como «bien público» –tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado– han alegado que ninguna administración se «hizo cargo» del inmueble tras la muerte del dictador, según han expuesto en su declaración.
Frente a su testimonio, los llamados por el Estado han ratificado el uso de personal de administraciones y de fondos públicos para labores de mantenimiento y vigilancia, en este último caso por parte de guardias civiles.
«A mi abuela la expulsaron de su casa», ha expuesto uno de ellos, vecino de Meirás, a preguntas de la Abogacía del Estado en relación al «proceso coactivo» que, según sostiene esta parte –en el juicio que celebra el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña– hubo en relación al proceso de adquisición del pazo por parte de los Franco.
El Estado, a cuya demanda se suman también la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, defiende también que la escritura de 1941, por la que se habría adquirido el inmueble, es una «venta simulada», algo que niegan los letrados de los Franco. En su caso, argumentan que se trata de un documento legal y que el Pazo de Meirás es una «propiedad privada», de la que el Estado y las demás administraciones se desentendieron.
Y en intentar demostrar o negar estos dos planteamientos se han centrado las preguntas realizadas a los testigos. El primero en declarar ha sido un guardia hortelano, que desempeñó sus funciones como tal entre los años 1982 y 1990, destinado allí por la Guardia Civil.
«A mí me pagaba la Guardia Civil», ha indicado a preguntas de la Abogacía del Estado este testigo, que ha explicado que, tras el incendio de 1978, el inmueble no se encontraba «en condiciones» de ser usado y que la familia Franco no se alojaba allí.
VIGILANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
Otro testigo, el vecino de Meirás que expuso como su abuela viuda y con hijos fue «presionada» para abandonar su casa, ha explicado que había guardias civiles vigilando el inmueble, una función que se mantuvo hasta principios de la década de los ochenta, así como «trabajadores de la Comandancia de Obras y jardineros del Ayuntamiento de A Coruña para preparar el pazo».
«Desde finales de los 50 hasta la muerte de Franco», ha precisado. «A raíz del incendio no los veía», ha añadido también sobre la familia Franco, de los que ha limitado su presencia en el inmueble a unos «días» en verano y cuando hubo una boda, en 1996.
Preguntado sobre el estado del Pazo de Meirás entre 1978 y 1990, ha dicho que desde fuera se veía «abandonado o semiabandonado» hasta que «a mediados de los 90 empezaron a llevar gente que tenía tractores».
Sí ratificó la presencia de Carmen Franco en Meirás a partir del año 2000, limitando la misma a «15 o 20 días». Preguntado, mientras, por el letrado de los Franco, si las administraciones «hacían algo» en el inmueble desde los años 80, ha manifestado que «no», en referencia a la presencia de personal de las mismas.
Por otra parte, ha confirmado la del Ejército en las labores de extinción del incendio que se produjo en el inmueble. Mientras, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña ha apuntado que en la década de los 60 «y algunos años de los 70» los bomberos de esta ciudad «llevaban agua al pazo».
Además, participaron en las labores de extinción del fuego de 1978. «Había cinco o seis salidas», ha dicho sobre los desplazamientos de los bomberos antes del incendio, pero también de jardineros y, en algún caso, canteros.
PROPIEDAD PRIVADA, PARA LOS FRANCO
Frente a unas declaraciones que han intentado demostrar el mantenimiento del pazo por parte de instituciones públicas y el uso del mismo en condición de jefe del Estado, el exalcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares, –testigo de los Franco– ha manifestado que el inmueble «fue siempre una propiedad privada». «Para recuperar algo tiene que haber sido antes de alguien», ha dicho al ser preguntado por las movilizaciones para exigir su devolución.
El exregidor, que se ha definido como «amigo» de la familia Franco, ha negado haber otorgado en su etapa en la Alcaldía «algún beneficio público o fiscal» al pazo y que éste estuviese en situación de «abandono» por parte de la familia tras el incendio. También ha rechazado haber visto vigilancia de la guardia civil cuando lo visitaba.
«Supongo que sí», ha añadido al ser preguntado si por parte de los Franco se pidió licencia para las obras de rehabilitación del pazo. A esta cuestión, se ha referido Luis Fernando Quiroga y Piñeyro, amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas.
De estas obras, ha precisado que se realizaron entre los años 1998 y 2002 e insistió en que se utilizó el inmueble tras las mismas. «Iban en verano parcialmente». También ha expuesto que ninguna administración participó en la rehabilitación. «Fraga dijo que no era posible ayudar», ha asegurado sobre el expresidente de la Xunta.
«No, en absoluto», ha apostillado al ser preguntado por el letrado de los Franco si desde 1975 hasta la fecha alguna administración se había hecho cargo de «algo». Tras el incendio y hasta la rehabilitación, ha asegurado que la familia Franco se hospedaba en la Casa Cornide, pero ha rechazado una situación de «abandono».
«Ibamos a allí, los jardines se cuidaban mucho», ha explicado, argumentando, además, que «ella –por Carmen Franco– o la familia pagó» la rehabilitación. «Creo que fue del orden de 100 millones de pesetas». «No se aprovecharon de la Jefatura del Estado», ha dicho en otra parte de su intervención.
Antes el exalcalde de Sada sostuvo que hubo un intento de compra del pazo por parte del expresidente de la Diputación coruñesa, José Manuel Romay Beccaría, pero que, pese a alcanzarse un acuerdo con los Franco, no obtuvo el respaldo en la institución provincial.
NUEVAS DECLARACIONES
En el juicio, se renunció a la declaración del secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco. Este martes será el turno de las declaraciones de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del libro ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio’.
A ellos, se sumará el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manuel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y que realizó, en junio de 2018, el informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio público el pazo.
