La que fue secretaria general técnica en la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid con Alfredo Prada ha declarado que el entonces consejero y vicepresidente segundo asumió el órgano de contratación del Campus de la Justicia.
Así lo ha indicado al declarar este miércoles como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, por las que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación y 6 años para otros cinco acusados.
«El órgano de contratación era él, se le delegó todas las facultades», ha asegurado, señalando que así se puso en el acta por la que se nombró a Prada presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Campus de la Justicia, que se creó en el año 2005 para construir un complejo de 14 edificios conectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, que al final no se terminó y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
La testigo ha explicado que al Consejo de Administración no se notificaba el inicio de los expedientes, sino directamente el resultado de la contratación: «Esa era la tónica general».
Preguntada entonces por la Fiscalía si el Consejo de Administración no fiscalizaba nada relacionado con el inicio de los contratos, la excargo ha respondido que no, antes de reiterar que Prada era quien tenía delegadas las funciones de contratación.
Ha expresado que su tarea no era controlar la legalidad de los contratos, para lo que había un servicio jurídico externo. Y ha expuesto que acudió a dos mesas de contratación y en ellas no advirtió ninguna irregularidad, antes de precisar que hay actas de sesiones en las que aparece que estuvo presente y es «mentira».
La excargo ha subrayado que pidió ser asesorada legalmente por la Comunidad de Madrid sobre las adjudicaciones del Campus de la Justicia, pero que Prada se opuso afirmando que no era necesario. En este sentido, los servicios jurídicos regionales respondieron que su asesoramiento no era obligatorio y que, además, no era gratuito.
Sobre si conocía que algunos acusados tenían relación con una empresa adjudicataria, ha apuntado que si lo hubiera sabido se habría negado «totalmente», por ética, a la propuesta de contratación.
CONTRATO DE NORMAN FOSTER
Otra testigo, que fue secretaria no consejera del Consejo de Administración de Campus de la Justicia, ha coincidido en señalar que «todas las competencias de contratación» estaban en manos de Prada y que la aprobación de contrataciones «nunca» fue deliberada por todo el Consejo.
Ha manifestado que, hasta donde recuerda, recibían de parte de Prada «información básica» sobre cómo se tramitaban los expedientes de contratación, como el contrato en cuestión, su motivo, a quién se había adjudicado y el importe.
Como ejemplo ha puesto el contrato con el arquitecto británico Norman Foster para el diseño de edificios del Campus, relatando que Prada lo que hizo es dar cuenta de que ya se había llegado al acuerdo. «Eso era lo habitual», ha apostillado.
Según ha comentado, Prada informaba al Consejo «sobre la, llamémoslo así, buena marcha de la sociedad y del proyecto, pero él discrecionalmente elegía de qué dar cuenta».
LAS PENAS QUE PIDE LA FISCALÍA
En este juicio la Fiscalía también acusa y reclama 6 años de prisión para otras cinco personas: Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano José Sanz Piñar (subdirector general técnico), Alicio de las Heras Rodríguez (director financiero), Félix José García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).
No obstante, de forma alternativa el Ministerio Público propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó 4 años y 6 meses de prisión para el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior en el primer gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (PP), y tres años para los demás.
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos, planteando penas más altas: 13 años y 3 meses de cárcel para Prada, 11 años para los directivos y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que desligan de haber cometido malversación.
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus que arrojaba diversas irregulares.
Según el primer juez instructor, Prada y el resto de acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos del Campus: «Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación».
